Redacción

Toluca, Edomex, 10 de abril del 2024.  Al menos 700 reos del sistema penitenciario de Estado de México iniciaron una huelga de hambre en protesta por el deficiente servicio de alimentación, la falta de agua en los cárceles estatales y de medicamentos, así como por la sobrepoblación existente en los penales mexiquenses, que ha agudizado la problematica al interior de estos sitios .

Personal de la Secretaría de Seguridad del estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos se trasladaron a los  penales donde surgieron estas protestas para recoger las quejas y demandas e iniciar un proceso de dialogo con los inconformes.

A la par de la huelga de hambre de los reos, los familiares y amigos de los internos realizaron protestas en el exterior de una decena penales estatales, donde se exigió la renuncia de los directores por los constantes abusos que hay tanto para la población penitenciaria como para las visitas.

Muy temprano, las agrupaciones “Red Solidaria” “Década contra la Impunidad” y “Presunción de Inocencia” iniciaron un plantón en el zócalo capitalino a las afueras del Palacio Nacional para pedir la intervención de autoridades federales en este asunto.

Ahí, los familiares de las personas privadas de la libertad pidieron a organizaciones defensoras de los derechos humanos y a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos que realicen visitas a los penales para verificar la problemática existente en los cárceles mexiquenses.

Las autoridades estatales repotaron protestas en los penales de Molino de las Flores en Texcoco, Chicolautla en Ecatepec, Neza Bordo, Neza Sur (cárcel de mujeres), Barrientos en Tlalnepantla,  Chalco, Tenango, Tenancingo y Tepachico en Otumba y Sultepec.

Los familiares y las agrupaciones denunciaron que los directores de todas las cárceles de la entidad no cumplen con la normatividad pues ninguno de ellos ha cumplido con la certificación de control de confianza.

Al conocer de la protesta, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México envió personal a los centros preventivos dónde había protestas e internos en huelga de hambre, para recabar quejas y constatar las condiciones existentes en estas cárceles.

Más tarde, en una conferencia de medios, el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade Téllez aseguró que se instalaría una mesa de diálogo con las agrupaciones y familiares inconformes, donde participaría no solo esta dependencia sino instancias federales como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal.

El funcionario reconoció que en los penales mexiquenses existe aún muchas áreas de oportunidad para mejorar las condiciones existentes en esos lugares y reconoció que existe un problema con la sobrepoblación en las cárceles pues existe una capacidad instalada para 14 mil 417 internos y en la actualidad hay más de 35 mil 500 reos.

Indicó que en los penales nunca se ha suspendido el servicio de alimentación, pues  aun cuando hubo cambio de administración los contratos se extendieron para no dejar sin comida a los reos; además explicó que se ha garantizado el acceso al agua potable, si no es por las redes municipales, a través de pipas.

Andrade Téllez informó que ha habido una amplia depuración del personal de custodia en el sistema penitenciario y se ha buscado que los nuevos servidores públicos cumplan con perfiles y capacitación suficiente en respeto a los derechos humanos. En esse sentido rechazó  la existencia de abusos o prácticas de tortura en las cárceles, pero dijo que si estas se llegan a dar, existen los canales institucionales suficientes para denunciarlas y ser atendidas.

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Toluca, Edomex. 15 de octubre de 2015.- Desde el pasado 11 de julio, tras la fuga del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán”, del penal de máxima seguridad del Altiplano, las medidas de seguridad se han extremado en agravio de los internos de la cárcel federal y de sus familiares, que son sometidos a revisiones que vulneran sus derechos humanos.

Este jueves, familiares de los reclusos del penal de máxima seguridad, exigieron la intervención de organismos de derechos humanos para acreditar que existen maltratos, vejaciones y castigos en agravio de los reos, como parte de  las nuevas medidas de seguridad implementadas por la nueva dirección del centro, derivado de la evasión de Guzmán Loera de la prisión federal.

En una protesta realizada al exterior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, los inconformes manifestaron que la situación en el penal del Altiplano se ha vuelto en una constante la intimidación y maltrato para la población penitenciaria.

Entre las nuevas medidas de seguridad, denunciaron que los reos fueron despojados de pertenencias como televisiones, libros, revistas, relojes, que eran artículos permitidos por la anterior dirección. En tanto, se ha restringido el ingreso de familiares a la cárcel federal, bajo el argumento de que “tienen una imagen inusual”, sin que exista una explicación clara al respecto.

A partir del endurecimiento de las medidas carcelarias, decenas de internos han realizado huelgas de hambre como protesta, sin embargo a quien participa en estas manifestaciones de inconformidad, se les castiga cancelándoles visitas familiares por 170 días, o bien restringiendo su derecho de salir al patio por semanas o meses. En general, los parientes de los reos expusieron que el ambiente al interior del centro penitenciario es de mucha inconformidad.

En las últimas semanas, se intensificó la movilidad de internos en el penal, pues ya son 49 los reos que han sido reubicados a otros penales como Nayarit y Hermosillo, además de otra docena que fueron extraditados.

En reiteradas ocasiones, los familiares han solicitado entrevistarse con el nuevo director para conocer el reglamento que aplica, pero el funcionario se ha negado a recibirlas.

Por la tarde, los familiares realizarán una protesta pacífica en el exterior del centro federal de readaptación social número 1.

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