Redacción

Tejupilco, Edomex 17 de enero del 2024.- El General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Claudio Edmundo Huizar de la Torre, rindió protesta hoy como comandante del Mando Especial Texcaltitlán, como parte de la estrategia  de seguridad para devolver la paz y tranquilidad a la región sur del estado.

La gobernadora  Delfina Gómez Álvarez, asistió a la toma de posesión del cargo y reiteró que se trabajará de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno para garantizar la seguridad a las personas que viven en esta zona de la entidad.

A raíz del enfrentamiento que dejó 14 muertos, el pasado 8 de diciembre en la comunidad de Texcapilla, del municipio de Texcaltitilán, donde pobladores se revelaron a sicarios de la organización criminal La Familia Michoacana quienes les exigían el pago de un cuota por la siembra de sus tierras, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 13 de diciembre que habría un mando especial del Ejército en esa zona, como parte de la estrategia para devolver la paz en la región sur del estado.

También se acordó con los pobladores de Texcapilla, la instalación de un regimiento de la Guardia Nacional en la comunidad y para ello a inicios del año se acordó la cesión de un predio de 10 hectáreas para la edificación de estas instalaciones.  

A la ceremonia de la toma de protesta del Mendo Especial Texcaltitlán realizado en las instalaciones del 90 Batallón de Infantería en el Campo Militar No 22-D en Tejupilco también asistieron el secretario de Seguridad del Estado, Andrés Andrade Téllez y el fiscal general de justicia de la entidad, José Luis Cervantes.

En la ceremonia se reiteró que el Mando Especial Texcaltitlán coadyuvará con las autoridades de seguridad pública locales para garantizar el Estado de Derecho, a través de la ubicación y detención de generadores de violencia.

La gobernadora Delfina Gómez agradeció el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional por su apoyo para la instrumentación de esta estrategia.

El General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, Claudio Edmundo Huizar de la Torre, cuenta con 35 años de servicio y como  responsable del Mando Especial Texcaltitlán; dispondrá de elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Además trabajará en conjunto con las Secretarías de Seguridad Pública y Fiscalías Generales de Justicia de los Estados de México, Michoacán y Guerrero, para mantener la paz y seguridad de la población; incrementar los niveles de seguridad; y coadyuvar al mantenimiento del Estado de Derecho en toda la región de Tierra Caliente que abarca las tres entidades de la república.

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En la intentona por exculparse de cualquier anomalía, omisión y abuso de autoridad, el procurador mexiquense involucró a la Sedena de las atrocidades cometidas en Tlatlaya, donde el inicio de las indagatorias, y por tanto del encubrimiento de los crímenes registrados, estuvieron a cargo de agentes ministeriales a cargo de Gómez Sánchez.

Más allá de la justificación de Alejandro Gómez por insistir en que los funcionarios mexiquenses arribaron al sitio horas más tarde, cuando la escena del crimen ya podría haber sido modificado, lo que fue evidenciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue que la procuraduría de justicia estatal realizó peritajes que resultaron inconsistentes, en tanto que no advirtieron las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El procurador mexiquense, obcecado por ser electo como ministro de la Suprema Corte fustigó contra las propias instituciones del Estado, para defender su propio desgaste de poder propiciado a partir del encubrimiento de una actuación extrajudicial de militares al haber acribillado a 22 presuntos criminales.

El encargado de procurar justicia en el Estado de México, sin duda, acusó una actuación omisa, negligente o deliberada, que pone en duda su capacidad personal, estatura moral y autonomía institucional para ocupar una posición que exige de amplia independencia, absoluta probidad y profundo conocimiento del derecho.

Por anticipado, se puede advertir que los senadores de la República no elegirán a Gómez Sánchez como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, las consecuencias de su candidatura ya son irrefrenables.

Por un lado, el desgaste innecesario de las instituciones, y en lo particular de presidente Enrique Peña, por postular a alguien cercano al Grupo Atlacomulco en una posición de poder de plena autonomía e independencia. Por otra parte, el lacerante papel que deberá asumir el Ejército Mexicano tras la acusación expresa del procurador mexiquense para intentar exculparse de sus responsabilidades. Finalmente, la imagen de Alejandro Gómez ha tocado fondo, aun cuando la apuesta era impulsar su trayectoria profesional, en tanto que ha sido expuesto a una plataforma nacional, que ha exhibido una figura incapaz de asumir su amplia responsabilidad en el caso Tlatlaya.

El Ejército Mexicano enfrenta un amplio desafío, desde el sexenio calderonista, cuando se tomó la decisión que las fuerzas militares se hicieran cargo de enfrentar una guerra contra el narcotráfico, y que se ha ampliado a lo largo de la presente administración federal que ha sido incapaz de regresar a los militares a los cuarteles, pero que ha agudizado su desgaste institucional en casos como Tlatlaya.

En tanto, Alejandro Gómez es un personaje ajeno al Estado de México, arropado por el grupo de juristas más cercano al peñismo, concentrado en Alfredo Castillo y Humberto Castillejos, impuesto al gabinete eruvielista en medio de una crisis de inseguridad, que hoy transita en una inevitable turbulencia por su ambición por convertirse en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que impactará en su actuación futura en la medida que siga desempeñando la función de procurador de justicia en la entidad.

]]> https://planamayor.com.mx/general-cienfuegos-comunicar-no-es-pagar-elogios/ Wed, 14 Oct 2015 05:56:59 +0000 https://archivo.planamayor.com.mx/?p=31355 Jenaro Villamil / Homozapping

Con un gran despliegue en el principal noticiario de Televisa, más el seguimiento de sus declaraciones en los principales periódicos, entre los columnistas y conductores de radio que están alineados a la línea gubernamental, el general Salvador Cienfuegos realizó una incursión mediática la semana pasada después de casi un año de silencio frente a la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Más que información, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional salió a defender y definir una postura institucional frente a la crisis en el caso de la tragedia de Iguala, Guerrero: “sus” soldados no tienen por qué rendir declaración ante investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; cualquier intervención por parte del GIEI o de la CIDH es una intromisión a la soberanía y el ejército no participó en los acontecimientos de Iguala “ni por omisión ni por comisión”.

Un discurso a la defensiva, más que a la ofensiva. “No se metan con nosotros”, como lo tituló la revista Proceso en su portada de esta semana, fue el mensaje central de opacidad del general secretario de la Defensa. Quizá el único dato relevante que aportó el general Cienfuegos fue el nombre de Julio César López Patolzin, uno de los 43 desaparecidos desde la noche de Iguala del 26-27 de septiembre de 2014. Pretendió ser un mensaje de empatía. “Nosotros también somos víctimas”, pareció decir el jefe de las fuerzas armadas, pero resultó exactamente lo contrario. Ofendió e intimidó a los propios familiares del joven de 25 años y al resto de los padres de familia de Guerrero.

La Sedena, como la Secretaría de Marina, aún no ha entendido que no basta con aparecer en televisión ni ganar titulares de prensa ni elogios entre columnistas o legisladores para cambiar la percepción pública sobre la responsabilidad de las fuerzas armadas en la tarea policiaca y de combate al crimen organizado, con las consecuencia lógica de críticas, expedientes y acusaciones de la población civil por crecientes violaciones a los derechos humanos, presunto involucramiento de algunas zonas y regiones militares con los cárteles de la droga y casos de desapariciones forzadas como sucede con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mayor publicidad no implica mejor comunicación. Mucho menos, destinar más dinero a la televisión y a los medios masivos para lanzar un mensaje unilateral, sin posibilidad de réplica, crítica o de aceptar entrevistas duras, cuestionadoras, que impliquen un auténtico ejercicio de autocrítica.

Este error de la política de comunicación social de Sedena y Marina se ha agravado desde la incorporación de elementos militares a la “guerra contra el narcotráfico” que decretó el gobierno de Felipe Calderón desde 2007.

El estudio de José Antonio Brambila, titulado precisamente Comunicación en la Guerra contra el Narcotráfico, la Estrategia de la Sedena (2007-2011) es uno de los primeros ejercicios más interesantes para analizar las consecuencias del mayor protagonismo y mayor gasto publicitario de las fuerzas armadas en este periodo.

La Sedena incrementó de 450 por ciento su gasto en publicidad de 2007 al 2011, al pasar de un modesto presupuesto de 111 mil pesos a 49 millones para este rubro durante esos cuatro años. El 77 por ciento de los recursos se destinaron a Televisa, especialmente para spots publicitarios y campañas como “La Gran Fuerza de México”.

Sin embargo, en lugar de mejorar la percepción de la población frente al ejército, empeoró, según destacó el estudio de Brambila, disponible en internet (www.jbrambila.com). En 2007 el 84 por ciento de los mexicanos opinaban que el ejército debía continuar al frente de la estrategia de combate al narcotráfico, pero en 2012, al finalizar el sexenio calderonista, esta posición disminuyó a 67 por ciento.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gasto publicitario y en comunicación social de la Sedena y la Secretaría de Marina se ha disparado. Tan sólo en 2014, la Sedena programó 91.3 millones de pesos para el concepto 3600 de servicios de comunicación social y publicidad y la Secretaría de Marina presupuestó 70 millones de pesos en el mismo rubro.

De acuerdo a una lista de recursos autorizados por la Dirección General de Normatividad de Comunicación, la Sedena destinó entre enero y abril de 2014 15.2 millones de pesos para Televisa y 10.5 millones para TV Azteca, más 7.6 millones de pesos para la agencia Pretzel and Pepper. A la empresa Ankla Comunicación, de Joaquín López Dóriga, le destinó 2.9 millones de pesos en ese periodo de 2014. En contraste, a varios periódicos de circulación nacional les destinó entre 120 mil a 500 mil pesos. A estaciones de radio como ACIR, Radio Centro o Grupo de Radiodifusoras presupuestó entre 600 mil y 750 mil pesos.

En otras palabras, el gasto publicitario se siguió concentrando en dos grandes televisoras y en el conductor del horario estelar de Grupo Televisa, Joaquín López Dóriga, cuya empresa le cobró más al ejército que periódicos como El Universal, La Jornada, Milenio o que compañías radiofónicas como Grupo Radio Centro. Incluso, la Sedena le destinó más a López Dóriga que al gigante de las redes cibernéticas, Google, que recibió 2.6 millones de pesos, en el mismo periodo.

En una situación similar está la Secretaría de Marina. De los 70 millones de pesos, presupuestados, más de 20 millones se destinaron a Televisa y TV Azteca, a través de diferentes filiales y empresas, tan sólo entre enero y abril de 2014. Ankla Comunicación, de López Dóriga, recibió 1.4 millones de pesos, según los mismos documentos del ejercicio fiscal de 2014.

Los millones de pesos que las dos principales instituciones de las fuerzas armadas han destinado para promover y mejorar su imagen se han ido al caño frente a la crisis generada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las movilizaciones sociales surgidas desde septiembre de 2014 y, sobre todo, la movilización de la opinión pública que se expresa con vigor en las redes sociales, es decir, en los medios digitales, no en los medios analógicos, como la televisión o la radio.

La batalla perdida frente a las audiencias digitales y ante una gran mayoría de mexicanos que se sienten indignados es algo que no ha entendido el alto mando militar del país. No se trata de salir a comprar primeras planas en los periódicos o tiempo-aire en Televisa y TV Azteca. Se trata de convencer sin necesidad de gacetillas electrónicas o de entrevistas a modo y “cómodas” como la difundida por El Noticiero. Se trata de deliberar con los críticos. Se necesita información documental, dura y concisa. Se trata de aceptar la crítica y, al menos, de pedir una disculpa por los errores o crímenes cometidos por algunos integrantes de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.

Ningún daño le hace a las fuerzas armadas de este país entender que son tiempos de rendición de cuentas y no de rendición de los críticos. Eliminar fueros o modificar discursos sobre amenazas externas ayuda más que un ejercicio circular de autohalagos y desplantes.

Persistir en la misma estrategia de 2007, sólo va a generar un mayor descrédito. La comunicación y la información son batallas claves, pero se ganan no sólo con dinero y presupuesto público sino con enfoques distintos y con retroalimentación frente a los sectores críticos de la opinión pública.

Contenido original en: http://homozapping.com.mx/2015/10/general-cienfuegos-comunicar-no-es-pagar-elogios/

]]> https://planamayor.com.mx/off-the-record-12-10-2015/ Mon, 12 Oct 2015 09:26:59 +0000 https://archivo.planamayor.com.mx/?p=31311 Toluca, Edomex. 12 de octubre de 2015.- El escultor Jesús Nonato Barrón fue detenido el pasado lunes 5 de octubre en Metepec, junto con otros familiares, entre quienes se encontraban tres mujeres y dos menores de edad. La comunidad cultural ha expresado su honda preocupación por lo que consideran una “injusta” captura, a partir de un abuso cometido por los agentes que custodiaban la seguridad de Isael Montoya Arce, titular de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México. En un acto de violencia injustificada, en la reyerta se dejó heridos de bala a dos de los familiares.

Por parte de artistas e intelectuales mexiquenses, han exigido que por institucionalidad y lealtad ética, el también exconsejero electoral, Isael Montoya Arce aclare su participación en los hechos, y se desista de sus acusaciones. En este turbio caso, la ciudadanía exige información y, desde luego, justicia. Las protestas ya también alcanzaron al secretario de Cultura, Eduardo Gasca, sin que haya existido una respuesta favorable para el artista mexiquense. Aunque se pide no mezclar su perfil cultural con lo jurídico, está claro que el asunto se ha politizado favoreciendo al funcionario público en medio de una profunda sospecha de injusticia.

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Este mes de octubre se licitarán los trabajos de nivelación y limpieza del terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). En el primer paquete de licitación ya han mostrado su interés alrededor de 68 empresas para participar en la construcción de la nueva terminal aérea. En este paquete se realizarán obras de carga, acarreo y descarga, fuera del polígono, del material que produzcan las demoliciones, los desperdicios y el desazolve.

Para este concurso sólo participan empresas nacionales que llevarán a cabo la nivelación del terreno. Además se incluyen la construcción de caminos provisionales de acceso que permitirán el movimiento de material de las obras. Las obras que se contratarán corresponden a la etapa preliminar de la construcción del Aeropuerto Internacional en Texcoco. Las obras se desarrollarán sobre una superficie de mil 100 hectáreas, la cual será necesario limpiar, desazolvar y nivelar para construir sobre ella las pistas y el edificio terminal.

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El caso Tlatlaya continúa siendo una herida abierta para el Estado de México. A pesar de los compromisos de Eruviel Ávila por solventar las violaciones a los derechos humanos, no ha existido ni castigo a los responsables ni resarcimiento a las víctimas. Por si fuera poco, el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos ha tenido una desafortunada intervención mediática reciente, que lo muestra insensible e iracundo, en la que defiende y justifica las ejecuciones extrajudiciales acreditas por diversos peritajes en el lugar. El funcionario federal arrastra en esa crisis la responsabilidad de mandatario estatal.

Tlatlaya perseguirá a Eruviel como el caso Atenco arrastró a Peña Nieto. Aun cuando la principal responsabilidad apunta a militares, las autoridades mexiquenses fueron cómplices y omisas. Ávila ha preferido la complacencia que el reclamo o el castigo. Los organismos internacionales han fustigado en las últimas semanas la vulnerabilidad de los derechos humanos en el país, en el que resaltan dos escenarios: Ayotzinapa y Tlatlaya. En gran medida, el futuro político de Eruviel depende de su capacidad de respuesta y reacción.

Comentarios a contacto@archivo.planamayor.com.mx

]]> https://planamayor.com.mx/advierten-riesgo-de-impunidad-en-caso-tlatlaya-acusa-centro-prodh-deficiencias-de-pgr-y-pjf/ Wed, 07 Oct 2015 10:15:44 +0000 https://archivo.planamayor.com.mx/?p=31230 Distrito Federal. 5 de octubre de 2015.- El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), advirtió que la matanza de Tlatlaya perpetrada por militares en contra de 22 presuntos criminales corre el riesgo de quedar en la impunidad, luego de que el pasado lunes se ordenara la liberación de cuatro militares involucrados en dichos acontecimientos por la falta de elementos para procesarlos penalmente.

El Centro Prodh consideró que tanto la PGR como el Poder Judicial de la Federación (PJF) han incurrido en deficiencias, particularmente puso en duda la actuación de la PGR en este caso, “que al ser quien acusa debe presentar cargos penales sostenibles jurídicamente, garantizando los derechos de las víctimas y realizando una investigación exhaustiva y diligente”.

En su calidad de representante de Clara Gómez González, madre de una de las víctimas y sobreviviente de los hechos cometidos por personal militar, el Centro Prodh reprochó que su representada siga sin ser considerada víctima, y que junto a la inminente liberación de cuatro militares, hasta ahora la PGR se haya negado a iniciar una investigación de la cadena de mando militar.

Para los abogados de Clara Gómez González, quien fue identificada como testigo como Julia, llama la atención la actuación del PJF, que hasta ahora no ha considerado que su defendida sea parte de esta indagatoria, en tanto que debería ser “garante del debido proceso para toda persona sujeta a procesos penales, incluidas las víctimas”.

El Centro Prodh subrayó que tanto la PGR como el PFJ han seguido un patrón de actuación, bajo el que “podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”.

Denunció que hasta la fecha, la PGR “se negó a investigar la cadena de mando sin mayor fundamentación que su sola negativa, decisión que actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse”.

Por tanto, solicitó a la PGR que se abordara esa línea de investigación luego de que el 2 de julio pasado difundió “la existencia de una orden militar inconstitucional propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos, que ordenaba a los castrenses abatir a civiles en horas de oscuridad”.

Para el Centro Prodh, “la justicia y la verdad frente al caso Tlatlaya continúan pendientes, sin que la reciente resolución que se ha dado a conocer en los medios ponga fin al juzgamiento de estas graves violaciones a derechos humanos”.

Esa misma resolución, subrayó “alerta sobre la posibilidad de que el caso quede impune, en la medida en que se persista en la negativa a reconocer a las víctimas y sus derechos”, lo cual vendría a confirmar una de las conclusiones de la CIDH, en el sentido de que la impunidad es estructural en un marco de “la grave crisis de violaciones que vive el país”.

En un comunicado el Centro Prodh afirmó que en el procesamiento de tres elementos de la Sedena por ejecución arbitraria, cuyas actuaciones del 30 de mayo de 2014 “son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento; ello no implica que el resto de los involucrados sean ajenos a la comisión de conductas ilícitas, dado que incurrieron en encubrimiento y en alteración de los hechos. En otra palabras, el Ejército ha sido exonerado”.

Por su parte, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez llamó a que la PGR impugne la decisión judicial por la que “se absuelve” a cuatro inculpados, no obstante aclaró que la función de la CNDH es investigar violaciones a derechos humanos y no delitos.

González Pérez recordó que la PGR, Sedena y Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) aceptaron la recomendación 51/2014 sobre Tlatlaya, por lo que al organismo público le corresponde “darle seguimiento al cumplimiento”.

En su momento, la CNDH resolvió en su recomendación 51/2014 que, entre 12 a 15 personas fueron arbitrariamente privadas de la vida, en un contexto distinto al de un enfrentamiento; confirmando, además, la violación a otros derechos como a la verdad, al acceso a la justicia y a la integridad personal respecto de las sobrevivientes.

El ombudsman nacional agregó que el resolutivo de un juez, “donde absuelve a cuatro personas (…) se puede apelar” por la PGR, aunque reconoció que pese a acreditar las violaciones a derechos humanos, “no necesariamente se tiene que empatar con la determinación judicial. Nosotros no investigamos delitos, investigamos violaciones a derechos humanos”.

]]> https://planamayor.com.mx/dictan-libertad-a-4-militares-por-caso-tlatlaya-otros-tres-permaneceran-en-prision/ Mon, 05 Oct 2015 22:54:55 +0000 https://archivo.planamayor.com.mx/?p=31186 Redacción

Distrito Federal. 5 de octubre de 2015.- Un juez federal ordenó liberar a cuatro integrantes del Ejército Mexicano acusados de haber participado en la matanza de 22 presuntos criminales en Tlatlaya, Estado de México, registrada el 30 de junio de 2014, por considerar que la PGR no ofreció evidencias de que incurrieran en el delito de ejercicio indebido del servicio público.

El juez décimo cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales del DF, Rubén Darío Noguera Gregoire, dictó la libertad a los militares Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, quienes participaron en el operativo del mes de junio de 2014 en Tlatlaya, y que inicialmente se informó había sido un enfrentamiento, pero cuyos peritajes determinaron que existieron ejecuciones extrajudiciales en agravio de al menos ocho personas.

Inicialmente, la Procuraduría General de la República había consignado a los militares del 102 Batallón de Infantería por el delito de ejercicio indebido del servicio público, a quienes la autoridad jurisdiccional dictó este lunes la libertad, cuyo delito además no es considerado grave.

La defensa jurídica de los militares explicó al diario Reforma, que “este asunto contra los militares se consignó cuatro veces y hasta la quinta vez se libraron las aprehensiones, porque la supuesta ejecución fue un invento de dos mujeres sobrevivientes, las usaron como testigos de cargo, pero ambas con declaraciones tan contradictorias que se vuelven inverosímiles», advirtió.

No obstante, los militares permanecerán encarcelados en la Prisión del Campo Militar Número 1, en tanto que enfrentan otro proceso en el Juzgado Sexto Militar por desobediencia e infracción de deberes, previstos en los artículos 301 y 382 del Código de Justicia castrense.

Los delitos imputados en el fuero militar tampoco son de gravedad y por tanto los cuatro elementos de las fuerzas castrenses están en posibilidades de  que les fijen una garantía, para cubrirla con una fianza y salir en libertad provisional

Juan Velázquez, abogado de los militares, añadió que la versión de los testigos se contrapone a los hechos, pues si dicen que “los militares hicieron una matanza, no se entiende cómo los militares dejan sobrevivientes para que luego ellas los acusen, es una invención y por ese motivo se está empezando a desmoronar el caso, por resoluciones, no de los militares, sino del Poder Judicial de la Federación, por eso auguro la libertad de todos”.

En la misma causa penal, el juez federal Rubén Darío Noguera volvió a dictar la formal prisión a Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides por homicidio calificado, abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

En este caso, Quintero, Acevedo y Hernández, son los únicos militares que ingresaron a la bodega donde estaban los supuestos narcotraficantes. Ellos han sido acusados por la PGR del asesinato de sólo 8 de los 22 fallecidos en Tlatlaya, mientras que las demás muertes son consideradas por las autoridades como personas que murieron durante el tiroteo inicial.

De acuerdo al diario Reforma, el fallo del juez fue dictado luego de que el Cuarto Tribunal Unitario Penal de Toluca ordenara reponer el procedimiento, al estimar que la primera vez que fueron procesados no se respetó el derecho de defensa de los soldados durante la declaración preparatoria.

]]> https://planamayor.com.mx/el-ejercito-y-su-urgente-retorno-a-los-cuarteles/ Wed, 16 Sep 2015 04:09:11 +0000 https://archivo.planamayor.com.mx/?p=30853 Jenaro Villamil / Homozapping

Las presiones para utilizar a las fuerzas armadas mexicanas en funciones policiacas provienen desde los años ochenta. En su libro Ejercicio de las Facultades Presidenciales, Miguel de la Madrid recuerda y reflexiona por qué existían riesgos graves de transformar a los soldados en policías y, aún más, a los efectivos militares incorporarlos a las tareas de combate al crimen organizado.

“Fue mi criterio y mi decisión utilizar a las fuerzas armadas como último recurso de aseguramiento del orden público interno”, recuerda De la Madrid, presidente de la República de 1982 a 1988, justo en la etapa germinal de los grandes cárteles que ahora dominan el panorama nacional: el de Sinaloa, los de Jalisco, el Golfo y los distintos grupos en disputa por Michoacán y Guerrero.

“Deliberadamente aparté al Ejército de problemas que podía resolver la autoridad civil mediante otros mecanismos, sobre todo, las fuerzas del orden civil y las policías, tanto federales como locales. Reflexioné en que, en el pasado, se había tenido necesidad de recurrir a las fuerzas armadas para imponer el orden público, de manera específica, durante la triste experiencia de 1968 y para sofocar en su momento conflictos estudiantiles o de carácter obrero y campesino”, afirma el exmandatario.

De la Madrid subraya que “las fuerzas armadas mismas no deseaban que se usara al Ejército y la Armada para tareas de tipo policiaco, porque estaban conscientes del desgaste institucional y el desprestigio sufridos al haber sido usados como policía. Coincidimos en esta convicción”.

El expresidente sentencia en ese libro, editado en 1998, que el uso del Ejército para tareas de combate al narcotráfico, “cuestión que fue y es debatible”, se limitó a las tareas de destrucción de plantíos, decomiso de cargamentos de droga, internos o en tránsito hacia los Estados Unidos, o de apoyo a las fuerzas policiacas para el control de los grupos narcotraficantes en la república.

Como sabemos, ese paradigma cambió con la llegada de Felipe Calderón Hinojosa a la presidencia de la República y el despliegue de las fuerzas armadas en labores policiacas para combatir el narcotráfico en la Operación Michoacán, de enero de 2007.

Los temores de Miguel de la Madrid y de muchos otros políticos y generales que conocen bien la entraña de las fuerzas armadas y los riesgos de convertir a los soldados –entrenados para matar- en persecutores “del crimen” se han confirmado con creces.

Los recientes y trágicos episodios en Tlatlaya, en Iguala, en Apatzingán y en Tanhuato, en donde se presume la participación de efectivos militares o de soldados habilitados como policías federales o grupos de choque, han colocado a las instituciones armadas en una situación de profundo cuestionamiento.

No son ellos los responsables de esta situación. Algunos jefes militares son responsables de los delitos cometidos y que se les imputa por omisión, complicidad, negligencia o crueldad contra civiles (como se supone existió en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y los seis jóvenes muertos en esa trágica noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala), pero la responsabilidad esencial es del mando político.

De esto, Miguel de la Madrid y otros presidentes de la república con sólida formación en teoría del Estado fueron muy claros: el titular del Ejecutivo federal mexicano tiene la doble función de jefe de gobierno y jefe de Estado, por tanto, es también “el mando supremo de las fuerzas armadas del país”.

No sólo eso. Entre las facultades metaconstitucionales del presidente de la república está ser también jefe del partido en el gobierno, como bien destacó Jorge Carpizo en su clásico texto sobre el presidencialismo en México.

Por tanto, es un enorme riesgo utilizar a las fuerzas armadas no sólo en funciones policiacas (de gobierno) o de seguridad nacional (de Estado), sino también en labores de combate a la disidencia o la oposición política (de partido). Cuando estas fronteras no están claramente delimitadas ocurren precisamente los crímenes de Estado, como el del 68 y muchos otros que se dieron en la etapa de la “guerra sucia” mexicana de los setenta.

Esta es la situación que se ha presentado claramente en Tlatlaya y en Ayotzinapa. Se puede discutir al infinito si fue en el basurero de Cocula donde los jóvenes normalistas fueron incinerados o no. Se puede, incluso, rehacer la investigación con un equipo nuevo en la PGR.

Lo que no se puede eludir es el problema de fondo: ya es el momento de revertir la decisión tomada por Calderón y reforzada por Peña Nieto para seguir utilizando a elementos militares en el combate al narcotráfico porque estamos ante el escenario cada vez más peligroso de que el narcopoder haya infiltrado a las propias fuerzas armadas mexicanas.

Esta es la reflexión que urge hacer en días de luto por el primer año de la tragedia de Iguala y cuando un 15 de septiembre recordamos lo importante que es tener el monopolio legítimo de la violencia para defender la soberanía de una nación y no para agredir a sus habitantes más humildes, más vulnerables, más criminalizados.

]]> https://planamayor.com.mx/la-tragedia-de-iguala-las-10-mentiras-de-pena/ Wed, 09 Sep 2015 06:39:33 +0000 https://archivo.planamayor.com.mx/?p=30719 Jenaro Villamil

El informe de los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyó no un “elemento más” en la investigación sobre la tragedia de Iguala sino el golpe central a una operación política, jurídica y policiaca para darle “carpetazo” a uno de los expedientes de desaparición forzada más escalofriantes de los últimos años.

La persistencia de los familiares, abogados y sobrevivientes de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, así como una movilización intensa de la opinión pública en contra de la malograda “verdad histórica” que intentó plantar el gobierno de Enrique Peña Nieto explican la dimensión nacional e internacional que ha cobrado este informe del pasado 6 de septiembre.

Ya está en marcha una contraofensiva mediática del gobierno de Peña Nieto para desestimar este informe. Como la “verdad histórica”, la “respuesta histérica” de los medios y columnistas afines a la línea gubernamental sólo agravan la herida que ha producido este caso.

De manera contundente este informe devela, al menos, 10 mentiras en torno al manejo del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa:

1.-La incineración en Cocula.- “Con base en estas evidencias, el GIEI descarta las declaraciones de la cremación en Cocula como veraces”. Esta frase, respaldada en las investigaciones de seis meses, en los peritajes y en la evaluación de las evidencias prácticamente echó por tierra el thriller relatado por Jesús Murillo Karam en su fatídica conferencia de prensa del viernes 7 de noviembre de 2014.

Murillo Karam reiteró el 27 de enero de 2015 que, a partir de las 386 declaraciones, “esta es la verdad histórica: los normalistas fueron calcinados, están muertos”.

No le corresponde al GIEI decir qué fue lo que sucedió sino recomendar una investigación más apegada a la realidad, al sentido común y a las evidencias.

2.-El “carpetazo”.- Los expertos del GIEI insistieron en todo su informe que al no existir certezas sobre la incineración de los 43 normalistas y graves contradicciones sobre los responsables materiales e intelectuales, así como el móvil del ataque a los normalistas, no se puede dar “carpetazo” a un expediente abierto.

Ahora, el gobierno de Enrique Peña Nieto y la PGR han insistido que el caso sigue abierto, pero olvidan mencionar que durante más de siete meses el propio primer mandatario le ha insistido al país y a los familiares de las víctimas que “superen” y acepten lo sucedido.

3.-La no protección de los normalistas.- No se trató de un ataque fortuito, resultado del temor de las autoridades de Iguala de la irrupción de los normalistas en la fiesta de la “pareja imperial”. El informe del GIEI subraya que desde su salida de la Escuela Normal hasta su llegada a Iguala, los estudiantes de Ayotzinapa fueron vigilados y seguidos por el Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal y elementos de la Policía Municipal.

4.-Sí hay evidencias de la participación del Ejército.- En sus conferencias del 7 de noviembre de 2014 y del 27 de enero de este año, Murillo Karam insistió que “no hay ni una sola evidencia” de la participación del Ejército en la tragedia de Iguala.

Ahora sabemos que sí hay evidencias de su participación en los escenarios de vigilancia, de persecución y de agresión a los normalistas. Quizá no sean los responsables de su desaparición, pero integrantes del 27 Batallón de Iguala estuvieron enterados y hubo, al menos, omisión y negligencia.

5.-Sí hubo un quinto autobús.- Los normalistas y otros testigos mencionaron una y otra vez la existencia de un quinto autobús. La PGR y la Procuraduría estatal negaron y destruyeron evidencias de la existencia de este autobús. La existencia de este autobús es clave para conocer no sólo el móvil sino la mecánica de los hechos.

Los expertos del GIEI han sugerido que este quinto autobús tuviera goma de opio. Guerrero produce el 60 por ciento de toda la goma de opio del país, esencial para la heroína. En 56 municipios del norte de Guerrero se siembra goma de opio. Es una industria que, según cálculos de la DEA, genera mil millones de dólares anualmente.

6.-Ataque coordinado por “alguien”.- En el ataque a los normalistas estuvieron involucrados varios cuerpos de seguridad pública, coordinados desde el C4 por “alguien” de aspecto “atlético”, según algunos testimonios recuperados del expediente. La gran incógnita es quién es este personaje. La gran mentira es que no se trató de un ataque por confusión sino deliberadamente planeado.

7.-Evidencias desaparecidas.- Desde el 17 de agosto, los integrantes del GIEI advirtieron como “hecho grave” que las evidencias de ropa de los normalistas desaparecidos no se les haya comunicado a los familiares y señaló su preocupación por “la pérdida de pruebas del caso”. Entre ellas, “la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia”. Parece que tales evidencias fueron destruidas.

Estos hechos demuestran que no hubo rigor ni imparcialidad en las indagatorias realizadas por la procuraduría.

8.-Respeto a los derechos humanos.-En su tercer informe de gobierno, Enrique Peña Nieto mencionó en más de 200 ocasiones el término “derechos humanos” y presumió grandes avances de su administración en esta materia. Tan sólo el caso de los estudiantes de Ayotzinapa demuestra que las más graves violaciones se han cometido con la participación directa o con la franca omisión de las fuerzas armadas y policiales del país.

El GIEI ha confirmado que no se han atendido a los heridos y a los familiares de los jóvenes asesinados.

9.-Agresión y desaparición de los normalistas están conectadas.- En el relato de los sucesos, los expertos del GIEI destacan que no se deben desconectar ni desvincular los dos hechos claves de la larga noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre: el de la agresión y el de la desaparición. Hay “enormes contradicciones” entre los peritajes y los testimonios. Además, definir el destino de 43 muchachos no pudo haber sido tan rápido como relató la “verdad histórica” de Murillo Karam.

10.- Investigación no concluida.- Las 20 recomendaciones del GIEI subrayan que no se puede dar por concluida y mucho menos cerrada la investigación de los 43 normalistas. La gran mentira estaba encubierta en una “exhaustiva” investigación que, ahora vemos, fue la construcción de una versión a modo que no encaja ni con la realidad, ni con el más elemental sentido común.

Twitter: @JenaroVillamil

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]]> https://planamayor.com.mx/deja-cinco-militares-heridos-accidente-de-aeronave-castrense-en-edomex/ Thu, 27 Aug 2015 00:53:00 +0000 https://archivo.planamayor.com.mx/?p=30476 Redacción

Distrito Federal. 26 de agosto de 2015.- Cinco personas heridas fue el saldo de un aterrizaje forzoso sufrido por una aeronave militar, cuando realizaba prácticas de vuelo en la comunidad de San Francisco Zacacalco, municipio de Hueypoxtla, Estado de México.

En un escueto comunicado de medios, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que este miércoles, el Helicóptero Bell 212 Matrícula 1474 de la Fuerza Aérea Mexicana, sufrió un accidente, cuando la aeronave en prácticas de vuelo presentó falla mecánica.

la aeronave se encontraba practicando maniobras que serán presentadas en el Desfile del 16 de septiembre, lo que obligó a un aterrizaje en una zona de milpas en el municipio de Hueypoxtla. Las autoridades militares reportaron cinco personas lesionadas, tres oficiales y dos elementos de tropa.

A través de la Sedena se detalló que la tripulación aplicó el procedimiento y aterrizaje de emergencia (autorrotación), tocando tierra aproximadamente a 14 kilómetros de la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, ubicada en Tecámac

, Estado de México.

En el mismo comunicado, se informó que la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Sedena y la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea investigan las causas que originaron el evento.

]]> https://planamayor.com.mx/advierte-centro-prodh-que-matanza-en-tlatlaya-ocurrio-por-orden-de-alto-mando/ Thu, 02 Jul 2015 20:00:06 +0000 https://archivo.planamayor.com.mx/?p=29493 Redacción

Distrito Federal. 2 de julio de 2015.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reveló hoy que las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, en agravio de 22 presuntos criminales el pasado 30 de junio, fueron consecuencia de una Orden de Relevo y Designación de Mando, fechada el 11 de junio de ese mismo año, en la que se consigna que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.

En conferencia de medios, el Centro Prodh expuso que previamente, se solicitó acceso al expediente y copias de la causa penal 338/2014, radicada ante el Juzgado Sexto Militar adscrito a la I Región Militar, para determinar las responsabilidades de la cadena de mando en la matanza de Tlatlaya, en la que participaron fuerzas militares, cuya petición fue negada bajo el argumento de que la información era reservada.

Posteriormente, por medio de un amparo ante dicha resolución, un Juzgado federal requirió al Juzgado Sexto Militar la totalidad de las constancias de la causa penal 338/2014, pero el Juzgado Militar sólo remitió una parte.

De dicho expediente, el Centro Prodh logró documentar que la orden de la cadena de mando militar estableció la posibilidad de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, lo cual corresponde a la Orden de Relevo subsecuente de la Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario”, que establece las prescripciones de los mandos y las tropas que participan en actividades de apoyo a la seguridad pública, dentro de la Base de Operaciones del 102 Batallón de Infantería del Ejército.

Para el Centro Prodh, la Orden reitera las operaciones y el modo de llevarse a cabo, refiriendo que son órdenes provenientes del “Alto Mando”, en alusión al Secretario de la Defensa Nacional, de acuerdo con el Centro Prodh.

Por lo tanto, consideró que debe investigarse la responsabilidad de los mandos jerárquicos en tanto que la orden superior pudo motivar la intervención de la Base de Operaciones que incentivó graves violaciones a los derechos humanos.

“La orden es un estímulo para cometer ejecuciones, lo que se agrava por el hecho de que expresamente se instruya que esta actividad se realice ‘de noche’ para ‘abatir delincuentes en horas de oscuridad’, ya que se coloca a las tropas castrenses en franca condición de alevosía, circunstancia indicativa del propósito de ocultamiento de una actividad ilícita que guía a la Orden”, subrayó el informe presentado por el Centro Prodh un año y dos días después de los hechos en Tlatlaya.

En su encuentro con los medios, se presentó a Clara Gómez González, una de las tres testigos de la masacre, identificada como “Julia”, quien por primera ocasión hizo pública su identidad, derivado de que su vida y su integridad están en riesgo.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han cumplido con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre pasado.

En tanto, la jurisdicción militar le ha negado el reconocimiento de su calidad de víctima, mientras que en el fuero civil no se reconoce que su hija Erika se encuentra entre las víctimas de ejecución, pese a que existen pruebas que sugieren que habría sido ejecutada.

Mario Patrón, director del Centro Prodh, explicó que el Centro Prodh tuvo acceso a la información debido a que representa legalmente a una de las testigos sobrevivientes de la masacre, tras lo cual se pudo documentar que la Orden de Relevo también mandata que “las acciones para reducir la violencia se planearán y ejecutarán en horas de obscuridad, sobre objetivos específicos”.

El Centro Prodh sostuvo que en el documento se distinguen constantemente tres grupos: los militares, la población civil y “los delincuentes”, sin establecer elementos para identificarlo.

El organismo defensor de los derechos humanos destacó que la Orden de Relevo dada a conocer este jueves, genera un estado de excepción, soslayando que un contexto en el que no se ha declarado formalmente la existencia de un conflicto armado interno los presuntos delincuentes son también civiles.

Expuso que no existe ley o disposición que faculte a los militares a “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, y por el contrario, en su reglamentación se detalla que el uso de la fuerza letal mediante armas de fuego está regulado en los principios 9, 10 y 11 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, en los que no se autoriza “abatir” personas.

En el informe del Centro Prodh, se insistió que desde la perspectiva de los derechos humanos la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad es “un incentivo para cometer ejecuciones”, y no sólo eso, pues además calificó la Orden de Relevo como “ilegal” porque invoca un conjunto de normas que de ningún modo facultan al Ejército a realizar las tareas que en ese documento se asignan a la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario”, como que se le faculte a actuar como agencia de inteligencia al instruirle que “intensifique la búsqueda de información a fin de establecer objetivos específicos redituables”, o que conserve objetos que por estar posiblemente asociados con la comisión de un delito tendrían que ser puestos a disposición del Ministerio Público.

Con base en el informe del Centro Prodh, la Orden de Relevo fue emitida en el Campo Militar 22-D, San Miguel Ixtapan, Estado de México y dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez.

“Con base en la teoría de responsabilidad por cadena de mando, que asume hasta sus últimas consecuencias los principios de jerarquía y obediencia militar, la identificación de la Cadena de Mando es indispensable para determinar la posible responsabilidad institucional del Ejército mexicano”, se lee en el documento difundido este jueves.

Ante la existencia de la Orden de Relevo, el Centro Prodh aseveró que se tendría que investigar, identificar y sancionar no sólo a los responsables de lo ocurrido en Tlatlaya sino a los mandos militares que estuvieron directa e indirectamente relacionados en los hechos ya sea por haber ejecutado, ordenado o tolerado las acciones y omisiones que llevaron a la masacre, incluyendo la emisión de la Orden de Relevo.

En el documento presentado por el Centro Prodh se estableció que conforme a la estructura militar, “la investigación de las responsabilidades de mando supondría indagar desde al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa, hasta al General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional”.

Sin embargo, hay una conclusión irrefutable, pues hasta el momento la Sedena ha impedido analizar la cadena de mando que intervino en los hechos de Tlatlaya.

Por lo tanto, el Centro Prodh solicitó a la Procuraduría General de la República cite a comparecer en el fuero civil a los mandos militares, a fin de que declaren sobre la procedencia de la Orden de Relevo y sus instrucciones.

En el informe del Centro Prodh se rescata que tan sólo la CNDH acreditó la presencia en el lugar de los hechos de más de 55 militares y 21 marinos en distintos momentos.

Hasta ahora, sólo son ocho los homicidios por los que se ha ejercido acción penal contra siete militares, pero según el testimonio de las sobrevivientes y la recomendación de la CNDH el número de víctimas es significativamente mayor.

Por tratarse de un caso de violaciones graves a los derechos humanos, el Centro Prodh consideró que la masacre de Tlatlaya no debió ser investigada por el fuero militar, conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Código de Justicia Militar reformado en junio de 2014.

Toluca, Edomex. 1 de julio de 2015.- A un año de la masacre de 22 presuntos criminales en Tlatlaya por parte de fuerzas militares, y ante un eventual encubrimiento de autoridades mexiquenses, este miércoles la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) ejercitó acción penal en contra de siete policías ministeriales de dicha institución, por su probable responsabilidad en el delito de tortura, por hechos posteriores a las ejecuciones extrajudiciales.

En un comunicado de medios, la PGJEM admitió que dicho ejercicio de la acción penal es resultado de la Recomendación 51/14 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y  de otra denuncia que la Procuraduría mexiquense había iniciado de oficio el 30 de septiembre de 2014.

La Procuraduría General de Justicia de la entidad informó que un juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México concedió orden de aprehensión en contra de cuatro elementos de la Policía Ministerial, misma que fue cumplimentada y dichos elementos ingresados al penal estatal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, donde se determinará su situación legal.

En tanto, en el caso de los tres elementos restantes la orden de aprehensión está en proceso de ser otorgada por la autoridad judicial.

De acuerdo a la indagatoria de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México se acreditó que los policías ministeriales habrían maltratado física y psicológicamente a las 3 víctimas (V-23, V-24 y V-25, según la recomendación de CNDH) con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida en los hechos registrados en Tlatlaya y la presunta relación de estos con un grupo delictivo con orígenes en Michoacán.

Como resultado de diversas diligencias, las víctimas reconocieron a los agentes ministeriales señalados como probables responsables de tortura y maltrato. Hasta el momento, más de 40 servidores públicos del Instituto de Servicios Periciales, Ministerios Públicos y Policías Ministeriales han comparecido para declarar y esclarecer su participación posterior a la matanza de Tlatlaya del 30 de junio del año pasado.

La Procuraduría General de Justicia aseguró en el mismo comunicado que se ha brindado el apoyo necesario para que visitadores y personal de la CNDH, y en dos ocasiones visitadores adjuntos, estuvieran presentes en las diligencias cuando así lo solicitaron, además de que tuvieran la oportunidad de revisar todos los avances de la carpeta de investigación de manera libre y exhaustiva.

En lo que hace a la denuncia presentada por la CNDH, para determinar un probable retardo o entorpecimiento del servicio de procuración de justicia, la institución ministerial precisa que hasta el momento, la investigación no ha arrojado elementos suficientes para establecer la actuación dolosa de servidores públicos que procesaron el lugar de los hechos.

En el mismo comunicado, se apuntó que la hora de llegada del personal de esta Procuraduría al lugar de los hechos obedeció, como se ha aclarado en diversas ocasiones, a tres factores:

Por un lado, la necesidad de organizar equipos de trabajo capaces de atender un hecho de tales magnitudes; para lo cual, fue necesario reunir peritos, policías ministeriales y ministerios públicos de Toluca, Valle de Bravo y Tejupilco; la distancia del lugar de los hechos; ya que desde Toluca son necesarias por lo menos 4 horas para completar el traslado; desde Valle de Bravo, al menos 2 horas y 30 minutos, y desde la Fiscalía Regional de Tejupilco, por lo menos una hora con 50 minutos.

Además de las condiciones de seguridad que prevalecían en la zona; ya que los reportes de elementos del Ejército señalaban el riesgo de posibles emboscadas de grupos armados en la región donde se registraron los hechos, derivado de lo sinuoso y complejo de los caminos de acceso.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Procuraduría General de Justicia, subrayó que de las declaraciones rendidas por elementos del Ejército ante la Procuraduría General de la República (PGR), se desprende que luego de los hechos, el personal castrense acordonó la zona, desvió el tránsito de vehículos por el lugar y al menos dos elementos del Ejército realizaron funciones de vigilancia a la entrada de la bodega, función que desempeñaron hasta que arribó personal de la PGJEM.

En el comunicado difundido esta noche, la institución ministerial mexiquense descartó la posibilidad de una alteración de la escena del crimen por parte de su personal, al señalar que “el personal ministerial procesó el lugar de los hechos tal y como fue encontrado una vez que arribó al sitio”. Y agrega, que el 6 de noviembre del 2014, el juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, con residencia en Toluca, dictó auto de formal prisión en contra de tres elementos del Ejército por su probable responsabilidad en el delito de alteración Ilícita del lugar y vestigio del hecho delictivo.

En su oportunidad, la autoridad judicial concluyó que los tres elementos del Ejército habrían cambiado la posición de armas de fuego, así como la posición de algunos de los cuerpos.

La Procuraduría General de Justicia aseguró que por la alteración de la escena del crimen, la investigación continúa y, de ser el caso, se deslindarán las responsabilidades de carácter penal que correspondan; aunado a una investigación de carácter administrativo, por la cual han sido citados 53 servidores públicos de la Procuraduría estatal para su garantía de audiencia.

La PGJEM subrayó que  la indagatoria del caso Tlatlaya estuvo a su cargo por un espacio no mayor a 72 horas, actuando en todo momento en auxilio del Ministerio Público de la Federación, y posteriormente, la investigación fue turnada a la PGR, dependencia que meses después, y una vez concluidas diversas periciales, como la reconstrucción de hechos, mecánica de lesiones, y la obtención de nuevos datos de criminalística y los análisis balísticos, le permitieron llegar a las conclusiones que dio a conocer a la opinión pública.

Respecto de la reparación de daño recomendada por la CNDH, la cual obliga a la Procuraduría a atender a tres víctimas, reiteró que el 15 de junio pasado se realizó la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos.

Con ello, se prevé la creación de las reglas de operación por parte del Órgano Rector del Sistema Integral de Protección a Víctimas y de un Comité de Evaluación, el cual, una vez que sesione, determinará los montos y conceptos de la reparación integral de manera individualizada a cada una de las tres víctimas antes señaladas.

La reparación integral corresponde estrictamente por los hechos que se atribuyen a servidores públicos del Estado de México en la recomendación 51/14 que realizó la CNDH.

Además, la Procuraduría General de Justicia aseguró que se ha llevado a cabo de manera pormenorizada y puntual, la atención médica y psicológica en forma continua a las víctimas V-24 y V-25, y a sus familiares que lo han requerido.

La institución ministerial detalló que les ha brindado apoyos económicos para solventar sus gastos, e incluso, ha realizado acciones para mejorar su calidad de vida, entre ellas, facilitar su cambio de domicilio al Estado de México.

Por lo que se refiere a la víctima identificada como V-23, a pesar de diversas reuniones y comunicaciones sostenidas con sus representantes, se ha negado a comparecer ante la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, no obstante que fue citada en dos ocasiones. Estas diligencias tenían por objetivo reconocer su estatus de víctima y rendir su declaración sobre los hechos referidos.

En el comunicado de casi tres cuartillas, la PGJEM lamenta esta situación, pues en todo momento se procuró mantener estándares internacionales de protección a víctimas, e incluso, se contó para ello con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para que la víctima V-23 fuera citada en sus instalaciones.

Finalmente, la Procuraduría estatal explicó que a través del Instituto de Atención a Víctimas de Delito, se gestionó que las tres víctimas quedaran debidamente registradas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con objeto de que puedan acceder a las reparaciones que competen al ámbito federal.

Derivado de la recomendación de la CNDH, la PGJEM acotó que más de 670 servidores públicos de esta Procuraduría han sido capacitados en materias como inspección en el lugar de los hechos, al igual que en Derechos Humanos y Protocolo de Estambul, todo ello con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

De igual manera, actualmente 500 servidores públicos se capacitan en línea en temas de Derechos Humanos, con el apoyo de la propia CNDH.

También se lleva a cabo la actualización de 10 protocolos de actuación Ministerial, Policial y Pericial, así como la emisión de nuevos protocolos sobre la investigación de delitos relacionados con el procesamiento del lugar de los hechos, bajo estándares de protección a derechos fundamentales, tal como lo solicitó la CNDH.

Finalmente, el Gobierno del Estado de México da por atendida la recomendación 51/14, emitida por la CNDH, para lo cual, se estima que la misma se encuentra en vías de cumplimiento, al quedar satisfechos varios de los puntos señalados.

]]> https://planamayor.com.mx/se-suma-amnistia-internacional-a-condena-del-caso-tlatlaya-pide-investigar-cadena-de-mando/ Tue, 30 Jun 2015 22:33:31 +0000 https://archivo.planamayor.com.mx/?p=29452 Redacción

Distrito Federal. 30 de junio de 2015.- Por segundo día consecutivo, organismos internacionales pidieron al gobierno mexicano ampliar las investigaciones del caso Tlatlaya sobre la cadena de mando de las fuerzas militares para castigar a los responsables intelectuales y materiales de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en agravio de presuntos criminales en la comunidad de San Pedro Limón, en el Estado de México.

Este martes, Amnistía Internacional (AI) urgió al gobierno de la República, que encabeza Enrique Peña Nieto, para llevar a juicio a la cadena de mando que estuvo implicado en el multihomicidio de 22 civiles; así como “evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales”.

A través de un comunicado de medios, el representante en México de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz Rendón consideró “fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia y que se investigue cualquier responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos durante la deficiente investigación de estos hechos”.

En la víspera, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también urgió al gobierno mexicano extender sus investigaciones a la cadena de mando de las fuerzas involucradas en la matanza de Tlatlaya, como una condición indiscutible para evitar que se puedan repetir escenarios que vulneren los derechos humanos.

Hoy se cumple un año del operativo desplegado por elementos militares en el municipio de Tlatlaya que derivó en el asesinato de 22 presuntos criminales, de los cuales once habría sido un fusilamiento, en lo que en principio se pretendió hacer pasar como un enfrentamiento entre las fuerzas castrenses con el grupo delincuencial.

Quiroz Rendón subrayó que la medida es pertinente toda vez de que de manera institucional la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la responsable de informar que “todas las muertes sucedieron en un enfrentamiento con integrantes de la delincuencia organizada”, sin embargo, sólo un soldado resultó herido.

Como resultado de investigaciones periodísticas de Associated Press y de la revista Esquire México, así como de conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Cámara de Diputados, se concluyó que “la mayoría de las personas no murieron durante un enfrentamiento, como lo señaló la Sedena, sino que fueron ejecutadas extrajudicialmente cuando no representaban una amenaza para los efectivos militares”, advirtió en dicho comunicado la oficina de Amnistía Internacional.

En lo que representó una grave violación a los Derechos Humanos, el organismo internacional destacó la recomendación 51/2014, emitida por la CNDH, en la cual se concluyó que tras un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes de la delincuencia organizada en el que habrían muerto siete personas, el resto, entre 12 y 15 fueron ejecutadas por miembros de la Sedena, entre ellas tres menores de edad.

Para Perseo Quiroz la matanza de Tlatlaya es consecuencia de la “fallida estrategia militarizada contra la delincuencia organizada”, ante una situación que el gobierno “recurrentemente ha ignorado” para atender lineamientos internacionales sobre el uso de la fuerza.

“El mantenimiento del orden público no puede ser un pretexto para violar los derechos humanos (…) el uso de la fuerza debe ser limitado a criterios de proporcionalidad, y sólo en casos de absoluta necesidad como señalan las normas internacionales de derechos humanos”, agregó AI en su representación en México.

En el comunicado emitido por AI se consideró “fundamental que las víctimas del caso Tlatlaya y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, conozcan la verdad de los hechos a través de una investigación seria e imparcial, y que se otorgue una reparación integral que incluya medidas concretas para que este tipo de hechos no se repitan”.

El director ejecutivo de AI en México, hozo un llamado para “evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales -como detenciones, investigaciones e interrogatorios- debido a que sus miembros carecen de la capacitación adecuada y no rinden cuentas por sus actos”.

Finalmente pidió garantías de que “las Fuerzas Armadas desplegadas actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que toda alegación de violaciones a los derechos humanos sea investigada de manera efectiva”.

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