Toluca, Edomex, 26 de junio del 2025.- El pleno de la LXII Legislatura del Estado de México aprobó este jueves, por mayoría de votos, una reforma constitucional para extinguir el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Infoem) y trasladar las facultades que tiene este órgano autónomo a los entes de control interno y vigilancia a nivel estatal.

Con el voto el contra de las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que consideraron un retroceso democrático la desaparición del Infoem, la mayoría legislativa conformada por los legisladores de Morena, PT y  Partido Verde consideraron que la desaparición de este órgano autónomo forma parte de la armonización del marco jurídico estatal con el federal.

La Legislatura mexiquense abrió un plazo de 90 días naturales para realizar las reformas secundarias en materia de trasparencia, acceso a la información y protección de datos personales y una vez que estas sean aprobadas se procederá a la inmediata desaparición del Infoem.

En el dictamen aprobado por votos 54 a favor y 18 en contra, se  estipula que los recursos humanos, materiales, financieros y las previsiones presupuestales, así como los registros, padrones, plataformas y sistemas electrónicos del Infoem, pasarán a formar parte de las instancias que asuman sus facultades y atribuciones cuando corresponda.

También se aclara que los derechos laborales de las personas trabajadoras adscritas al Infoem serán respetados a cabalidad.

“Lamentamos que se genere legislación que tiene como escudo discursos de austeridad, pero de fondo, está al buscar eliminar un instituto incómodo al régimen, pero beneficioso para la ciudadanía. Que hay áreas de oportunidad en el Infoem, seguramente, pero eliminar lo que incomoda no es legislar con responsabilidad”, dijo la diputada panista Alexia Dávila.

El morenista, Gerardo Pliego acotó que lo que se hacía con la aprobación de esta reforma era desaparecer “un organismo que no ha funcionado, que ha incurrido en excesos “, pero no se estaba conculcando el derecho de los ciudadanos a la transparencia, a acceso a la información y a la protección de los datos personales.

“lo que estamos haciendo es armonizar la legislación estatal con la federal. Las facultades que tenía Instituto de Transparencia ahora la asumirán, como órganos garantes, las contralorías”, dijo.

Eduardo Zarzosa, del PRI,  consideró que con esta reforma, los ciudadanos mexiquenses se quedarán sin ningún arma para conocer la información que debiera ser pública. “Lamentablemente hoy simplemente se cumple con una instrucción, se cumple una instrucción que viene desde el nivel federal para desaparecer un organismo. Y aquí podemos decir mil cosas, que el organismo tenía deficiencias, pero al final del día,  lo hecho es que en lugar de avanzar con la progresividad de los derechos humanos, como lo es el derecho a la información, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo más de 2 décadas”.

El papel de una ley no es, ni debe ser nunca convertirse en adorno normativo; sin embargo, hay disposiciones que se no se respetan y peor aún: tampoco se sanciona su incumplimiento.

Un ejemplo claro es la Ley de Ingresos de los Municipios del estado de México, pues en su artículo quinto se señala que los pasivos de cada ayuntamiento no deben superar el 40 por ciento del monto anual de sus ingresos ordinarios; sin embargo, esa disposición ha sido violada, durante años, por varios ediles.

En el 2011 había 36 municipios con deudas cuyo porcentaje era superior al 40 por ciento de su presupuesto; y aun cuando el número bajó a 23 en el  2012; aumentó a 28 en el 2013. Volvió a incrementar a 29 en 2014 y disminuyó a 21 en el 2015, de acuerdo con las últimas cuentas públicas analizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del estado de México (Osfem).

Varios alcaldes terminaron sus gestiones infringiendo la ley y se fueron arropados en la impunidad. La mayoría de los ex ediles heredaron fuertes deudas, pero otros las aumentaron en sus gobiernos, entraron a la lista negra de los ayuntamientos que violan la norma… y no pasó nada.

En 2015, eran 21 de los 125 municipios mexiquenses los que concluyeron su trienio en una clara infracción a la Ley de Ingresos y heredaron a los nuevos gobiernos deudas, incapacidad de contratar créditos y limitaciones para realizar obras y acciones.

Al menos cinco de esos 21 en 2014 no violaban la ley, pero en 2015 bajaron sus ingresos anuales, es decir, fueron ineficientes para captar recursos, además, crecieron sus deudas y superaron el porcentaje permitido.

Esos municipios son: Acolman, pues sus pasivos pasaron de significar un 31.2, a un 43.7 por ciento de sus ingresos; Cocotitlán, que subió de 21.8, a 52.8 por ciento; en Papalotla el porcentaje creció de 34.7 a 48.1 por ciento y en Santo Tomás, aumentó de 39.3 a 55.7 por ciento.

El caso más grave fue Tenango del Aire, donde los ingresos cayeron, pero su deuda aumentó en casi un 100 por ciento al pasar de 15, a 30 millones; con lo cual, el porcentaje incrementó de un 36.7 a un escándalos 82.8 por ciento.

No obstante, 12 ayuntamientos que violaban la ley en 2014, antes de concluir su gestión, aumentaron sus ingresos o bajaron el monto de sus pasivos y cerraron el 2015 con porcentajes de deudas menores al 40 por ciento: Atlautla, Axapusco, Chalco, Chiautla, Chinconcuac; Nicolás Romero, Soyaniquilpan, Teotihuacán, Tlalnepantla, Tultitlán, Villa del Carbón y Zinacantepec.

La violación a la Ley de Ingresos implica una responsabilidad administrativa, pero hasta ahora, ningún ex alcalde ha sido denunciado por aumentar los pasivos y violar la ley, ni por afectar las arcas municipales, pese a que hay dos municipios que ni con todo su gasto alcanzan a pagar su deuda: Capulhuac y Coyotepec, cuyos débitos fueron heredados por pasadas administraciones.

La Contraloría del Poder Legislativo requiere denuncias y quienes deberían presentarlas son las autoridades entrantes, pues heredan problemas financieros; sin embargo no lo han hecho y esa omisión abona a la impunidad.

La lista de 21 municipios que hasta 2015 violaban la ley incluye a: Acolman, con una deuda que representa el 43.7 por ciento de sus ingresos; Atizapán de Zaragoza, con un 42.5 por ciento; Capulhuac, con el 108 por ciento; Coacalco, con el 76.5 por ciento; Cocotitlán, con un 52.8 por ciento; Coyotepec con un 118.3 por ciento.

Además, Cuautitlán tiene pasivos que significan un 42.5 por ciento de su presupuesto; Huixquilucan, un 57 por ciento; Jaltenco, con 63.5 por ciento; Melchor Ocampo, un 87.3 por ciento; Naucalpan, el 42.6 por ciento; Nopaltepec, con el 58 por ciento; Ocoyoacac, 44.3 por ciento; Otumba, 57.7 por ciento; Papalotla, un 48.1 por ciento; Santo Tomás el 55.7 por ciento; Sultepec, el 63.7 por ciento.

La deuda de Texcoco suma un 49.7 por ciento de sus ingresos; la de Tezoyuca, el 82.1 por ciento; Tianguistenco, el 69.4 por ciento y Zumpango, el 53.2 por ciento.

Es un hecho que los ciudadanos deben involucrarse más con sus gobiernos, seguirlos, criticarlos, pero en su caso, también denunciarlos para que la contraloría determine si hay responsabilidades.

Si hay ediles ineficientes que además violan la ley con absoluta impunidad es porque no pasa nada, y solo la ciudadanía puede hacer que eso cambie