Toluca, Edomex. 23 de agosto del 2015.- La Secretaría de Educación del Estado de México deberá indemnizar a los padres del menor que, en mayo del año pasado, falleció tras recibir un disparo de arma de fuego que activó otro alumno al interior de la escuela secundaria oficial Gustavo Baz Prada, del municipio de Atizapán de Zaragoza.

Asimismo se ordena a los directivos de este plantel a ofrecer una disculpa pública pues se advirtió no se tomaron las medidas preventivas para evitar un suceso como este, aun cuando se sabía que no era la primera vez que ingresaban armas a este centro escolar.

Tras más de un año de investigación, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) concluyó que los hechos configuraron graves violaciones a las garantías individuales de los niños que ahí estudian y de la víctima, por lo que ordenó una serie de medidas para evitar que acontecimientos como estos se vuelvan a presentar.

De acuerdo con la indagatoria el 6 de mayo de año pasado, un alumno del turno vespertino de la escuela secundaria oficial 547, Gustavo Baz Prada, introdujo al plantel un arma de fuego sal salón de clase del grupo Segundo A, la cual estuvo manipulando hasta disparar un proyectil que impactó en la cabeza de otro estudiante. El lesionado fue trasladado al hospital de traumatología de Lomas Verdes, donde cuatro días después falleció.

La investigación revela que el agresor tenía un comportamiento violento recurrente, y había ingresado en otras ocasiones armas a la escuela, sin que las autoridades hicieran algo para impedirlo, como tampoco hicieron nada para contener y erradicar actos violentos entre la comunidad estudiantil que de manera cotidiana se proferían insulto y se golpeaban.

La directora del plantel, María del Carmen Jiménez Rosas, jamás tomó medidas para tratar de revertir la situación de violencia que se vivía en el plantel, aun cuando hubo quejas de padres de familia y alumnos.

La Codhem ordeno a la Secretaría de Educación mexiquense iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de esta directora; pidió que se emitiera un acuerdo por el que se estableciera un marco de convivencia para las escuelas de educación básica del estado de México y se implementara un programa antiviolencia en todos los planteles escolares.

Aunado a ello, se instruyó la distribución y aplicación de la guía para la atención de casos de violencia, maltrato y acoso escolar en los planteles educativos  y la difusión de la línea telefónica 01 800 0164667, para denunciar casos de bullyng.

Por primera vez en el estado y atendiendo la nueva ley de victimas, se ordena a la Secretaría de Educación a indemnizar a los padres de la víctima conforme el marco legal y para ello pide apoyarse en el nuevo Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos.

 También se deberá brindar apoyo psicológico a los padres y familiares de la víctima, rendir un homenaje en la escuela al niño que murió y se obliga a las autoridades actuales del plantel a ofrecer una disculpa pública por estos hechos.

Toluca, Edomex. 22 de junio de 2015.- El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García coincidieron en señalar que sólo a través de educación de calidad y fundamentada en valores es posible combatir con éxito los males sociales que afectan a la sociedad, por lo que es necesario que las diferentes instituciones conjuguen esfuerzos para promover una educación de calidad e inspirada en la paz.

En el marco de la presentación del Diplomado en Acoso Escolar “Estrategias para enseñar a las familias a prevenirlo y atenderlo”, Ávila Villegas reconoció y agradeció el apoyo que la UAEM brinda a las acciones emprendidas por el gobierno estatal, pues aseguró que este diplomado es único en su tipo a nivel nacional, cuyo objetivo es desarrollar entre el personal del DIF competencias para asistir a familias en riesgo y erradicar el acoso escolar y la violencia.

Al evento asistieron la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a nivel federal, Laura Vargas Carrillo; la presidenta honoraria del Sistema DIF en la entidad, Isis Ávila Muñoz, y el secretario de Educación del gobierno mexiquense,  Simón Villar Martínez.

Ante presidentas y directoras de los Sistemas DIF municipales, servidores públicos, así como profesores e investigadores de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Eruviel Ávila dijo que el bullying afecta el desarrollo y crecimiento educativo de quien lo emite y de quien lo recibe, tras referir datos que señalan que aquellos que lo practican pueden verse involucrados en un futuro, en actos de delincuencia, mientras quien lo recibe reduce su rendimiento escolar hasta en un 40 por ciento y hay más posibilidades de que se suiciden.

Cifras de la Comisión de Derechos Humanos, de 2011 a 2013 aumentaron en nuestro país 10 por ciento los casos de acoso escolar y según la OCDE, más de 18 millones de alumnos de primaria y secundaria sufren este mal.

Por ello, Ávila Villegas enfatizó que el gobierno del Estado de México se está ocupando, a través de alianzas con los sistemas DIF y con el apoyo de la UAEM, de trabajar en pro de mejores prácticas encaminadas a una mejor convivencia social y armónica.

Jorge Olvera García afirmó que la Universidad Autónoma del Estado de México se suma de manera incondicional a este esfuerzo, al reiterar que es fundamental que desde el ámbito institucional y familiar se fomente una cultura de respeto a la diversidad y dignidad humana.

Opinó que son las instituciones de educación las que deben colaborar activamente y promover el mejoramiento de la calidad de vida de todos los mexicanos.

“Nuestra labor es compleja porque muchas manifestaciones de intimidación son difíciles de identificar, pero pongo a disposición el capital humano que fortalezca el tejido social, ya que nuestro compromiso es grande, pues somos la Máxima Casa de Estudios de la entidad”, apuntó Olvera García.

Explicó que el Diplomado en Acoso Escolar “Estrategias para enseñar a las familias a prevenirlo y atenderlo” representa una responsabilidad compartida para que los servidores públicos adquieran las herramientas para acercarse a las familias mexiquenses y de esta forma, construir ambientes confiables y seguros con condiciones primordiales para que cada estudiante fortalezca sus competencias y habilidades de manera digna.

Al respecto, Laura Vargas Carrillo comentó que este diplomado es resultado de un convenio que se signó con la Autónoma mexiquense y que permitirá elevar la calidad de vida de los niños y niñas del país, mediante la prevención de situaciones de riesgo o violencia dentro de la familia y escuelas.

Ante la directora general del DIF estatal, Carolina Alanís Moreno, y la directora general de Protección a la Infancia del DIF nacional, Elba Leonor Cárdenas Medina, la servidora pública federal habló sobre la importancia de profesionalizar a las personas que tienen la responsabilidad de atender este sector; de ahí la relevancia de capacitar a los integrantes de  los 125 sistemas municipales DIF y promover que los niños y niñas crezcan en ambientes sanos y seguros, al tiempo que conozcan sus derechos y accedan a estrategias que les permitan cuidarse.

Antes, Isis Ávila Muñoz aseveró que la suma de esfuerzos con la UAEM ha permitido ampliar la atención a sectores vulnerables; por ello, resaltó la realización de este diplomado, que permitirá otorgar a los servidores públicos de los sistemas DIF estatal y nacional las competencias necesarias para ubicar puntos rojos en las familias y prevenir el bullying y maltrato.

Al dar la bienvenida a los asistentes, dijo que el diplomado, en su primera promoción, es una oportunidad para sumar profesionalismo y conocimiento, siempre en beneficio de las familias y principalmente de los niños, pues permitirá “arrancar de raíz” el abuso y la violencia, pero también representa una estrategia que fortalece el trabajo que llevan a cabo los profesores en las escuelas para evitar el bullying.

]]> https://planamayor.com.mx/editorial-18-05-2015/ Mon, 18 May 2015 09:16:40 +0000 https://archivo.planamayor.com.mx/?p=28446 La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de indemnizar a un menor víctima de bullying escolar en una escuela privada de Metepec, Estado de México, representa un precedente que deberá reconfigurar la responsabilidad de las autoridades educativas y del personal académico de los centros escolares para inhibir o evitar el acoso escolar que padecen miles de menores en la entidad.

La determinación del Máximo Tribunal del país se constituye como una jurisprudencia que podrá replicarse en otros casos similares, cuyas víctimas podrán exigir una indemnización por daño moral, en caso de que los directivos de las instituciones escolares incumplan con la necesidad de atender cualquier caso relacionado con bullying escolar.

El acoso escolar no es un asunto nuevo pero sí que ha tomado relevancia en los últimos años por un intento de evitar las expresiones de discriminación, marginación o intolerancia hacia determinados sectores de la población estudiantil, que incidan además en el desempeño académico de las víctimas, y cuya mayor consecuencia puede reflejarse en deserción escolar por parte de los involucrados.

Lo que resulta inadmisible, en el caso resuelto por la Suprema Corte en la víspera, es la participación activa del profesorado, quien no sólo fue omisa en inhibir el bullying en agravio de un menor, sino que además incitaba una conducta apremiante hacia el alumno, aun cuando presentaba características particulares en su aprendizaje y requirió de una atención especial, que evitara el acoso que padeció durante un año.

Hasta ahora, las autoridades educativas a nivel federal y estatal, han emprendido campañas promotoras del respeto entre el alumnado, que buscan controlar e impedir la presencia de conductas del acoso escolar, en los que se busca la reflexión personal tanto de estudiantes como de padres de familia, para extender una comunicación permanente que fomente conductas cívicas e inhibir el bullying.

Sin embargo, las consideraciones por ahora resultan insuficientes, pues el acoso escolar en muchos puntos del país, se ha manifestado en conductas tan severas, que han derivado en consecuencias a veces irreversibles, reflejado en daños físicos y psicológicos de los menores víctimas del acoso escolar como una conducta sistemática.

El mensaje lanzado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación impacta en la responsabilidad que deben asumir no sólo las autoridades educativas, desde las respectivas Secretarías de Educación, que se encargar de regular la política educativa del país, sino de un involucramiento por parte de los directivos de escuelas públicas y privadas para atender con prontitud, cercanía y efectividad cualquier denuncia de bullying que involucre a su comunidad estudiantil.

Las autoridades educativas tienen la pretensión que mediante llamados al buen comportamiento será suficiente para inhibir conductas de indisciplina, en un aspecto reduccionista, pues en una sociedad acostumbrada a medidas coercitivas para cumplir las reglas, parece necesario retomar medidas prohibitivas que conlleven sanciones para quienes incurran en la comisión del acoso laboral, en donde se involucre a los directivos de instituciones escolares, alumnos y padres de familia.

El bullying escolar ha tocado una importancia máxima, que ha conllevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a pronunciarse respecto de la necesidad de inhibir o evitarlo desde todos los ámbitos educativos posibles, por el bien de las víctimas y la defensa de sus derechos.

La medida obliga a la pasividad con la que también se ha atendido el tema, y tomar acciones mucho más estrictas, que manifiesten rigidez para su observancia y para su cumplimiento, que fomente una convivencia positiva entre el profesorado, sus alumnos y los padres de familia, que implique esa calidad educativa de la que tanto se pregona en la transformación del país.

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