El acuerdo aprobado por la Diputación Permanente, presidida por la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), prevé la discusión y resolución del dictamen de una iniciativa presentada por los diputados Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, coordinador e integrante de la bancada del PRI, respectivamente.

Esta propuesta busca combatir, con un enfoque prioritario y diferenciado, el delito de extorsión conocido como ‘cobro de piso’, mediante su persecución de oficio, en conjunto con otra propuesta de la gobernadora para expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en Materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México.

El proyecto legislativo de la gobernadora también considera regular de manera integral la prevención, persecución y sanción del delito de extorsión y otros ilícitos vinculados, fortaleciendo las acciones institucionales para su erradicación.

Asimismo, a propuesta de la mandataria estatal, se discutirá el dictamen mediante el cual, además del Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y las instituciones policiales estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, podrán participar en la investigación de delitos.

El documento, leído por la parlamentaria Zaira Cedillo Silva (morena), señala que también se votará el dictamen para reconocer a las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y de articulación operativa; ampliar y precisar las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad; actualizar la coordinación interinstitucional en la materia, así como fortalecer la profesionalización de los cuerpos policiales y la participación comunitaria.

La reforma tiene como objetivo consolidar una política de seguridad pública alineada con los principios constitucionales, promoviendo un modelo de seguridad centrado en la persona, respetuoso de los derechos humanos y eficaz para preservar la paz social.

Además, se analizará un dictamen para fortalecer la búsqueda, localización, identificación y esclarecimiento de hechos relacionados con personas desaparecidas o no localizadas, mediante mayores capacidades de investigación y acciones inmediatas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y los sectores público y privado.