Atizapán de Zaragoza, Edomex. 12 de junio del 2016.- Un franelero que fue detenido el viernes por policías municipales de Atizapán de Zaragoza,  fue arrojado a la calle por los uniformados, inconsciente tras y en estado de salud delicado, tras una golpiza que le propinaron dentro de las galeras.

La esposa del franelero, identificado como Anderson Ramiro Aguilera Beltrán,– también detenida, relató que los policías le informaron que la dejarían en libertad y que se tendrían que llevar a su marido.

Al salir de la comandancia, encontró a su esposo tirado en la banqueta, muy golpeado e inconsciente.

Solicitó auxilio y en minutos arribó la ambulancia para trasladar al hombre de 39 años al hospital Salvador González Herrejón de esta localidad.

Ahí se diagnosticó que Aguilera Beltrán  tenía una fractura craneoencefálica y varios hematomas y hemorragias internas producidas por golpes. Su estado de salud es grave.

A Aguilera Beltrán y su esposa los detuvieron la tarde del viernes en la calle de Calacoaya, cuando trabajaba a las afueras de un Oxxo, donde todos los días se le veía.

Tras ser detenido, se le remitió a la comandancia municipal, donde fue separado de su mujer, quien no lo vio,  sino hasta esta mañana cuando lo encontró tirado inconsciente en la calle y muy golpeado.

Los familiares de Aguilera presentaron una denuncia penal contra los policías municipales de Atizapán. La Procuraduría mexiquense, ya investiga.

Toluca, Edomex, 22 de julio del 2015.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación al ayuntamiento de Teotihuacán, luego de haber comprobado una serie de excesos y abusos cometidos por el grupo de elite de la policía de ese municipio, por detenciones arbitrarias.

La recomendación se sustentó en dos quejas de ciudadanos que reclamaron que elementos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la policía municipal, incurrieron en abuso de autoridad y maltratos durante su detención y remisión a las galeras del ayuntamiento.

El primer caso fue de un hombre que fue encarcelado con uso de la fuerza, por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública.

En las galeras, la víctima acusó que fue maltratado por los policías y refirió que nadie le practicó un examen para determinar su grado de embriaguez.

En el otro caso, una mujer se quejó que fue detenida en el interior de su domicilio por este grupo de policías, sin que existiera una orden para ingresar al inmueble. Una de sus vecinas la había acusado de alteración del orden y con esa justificación la detuvieron por la fuerza y la remitieron a las galeras municipales, donde le despojaron de sus ropas y la presentaron ante el juez calificador.

La Comisión consideró que su detención fue injustificada y el trato que se les dio a los dos detenidos en las galeras vulneró los principios de seguridad jurídica y legalidad.

“La Codhem determinó que en ambos casos, los detenidos podían ser controlados sin necesidad de aplicar fuerza excesiva, pues su conducta no implicaba un riesgo real, contrario a lo que ocurrió en los hechos, pues la detención la ejecutaron al menos seis policías municipales. De igual forma hubo omisión por parte del oficial calificador, pues se demostró que los detenidos fueron ingresados directamente a las galeras municipales sin que su falta fuera calificada”, señaló la Codhem en un comunicado.

El organismo instruyó iniciar el procedimiento administrativo respectivo, para investigar y sancionar la conducta desplegada los policías y el juez calificador.

También pidió al Ayuntamiento que se delimite con precisión las funciones de la URI, para lo cual deberá modificarse el Manual de Organización de la Dirección de Seguridad Pública del municipio; además, se debe instruir tanto al personal de la oficialía calificadora, como a los policías, que se abstengan de ordenar el ingreso a un área de confinamiento a las personas que sean aseguradas mientras no se cumpla con los requisitos que señala la ley.

Adicionalmente se debe distribuir el Código de Conducta, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego; así como implementar cursos de capacitación y actualización en derechos humanos, para que adopten como regla invariable de conducta, el elemental respeto a la dignidad humana de las personas que son privadas de su libertad por alguna infracción.

Toluca, Edomex. 13 de abril del 2015.- Por la actuación arbitraria de un par de policías municipales de Tecámac la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), emitió una recomendación a ese ayuntamiento con el fin de mejorar las prácticas de los cuerpos policíacos y castigar a los responsables del abuso cometido hacia una mujer.

De acuerdo con el expediente 149 del 2014, una mujer fue detenida de manera arbitraria por un par de policías municipales de Tecámac, quienes la remitieron de forma inmediata a las galeras de la comandancia y la mantuvieron por horas privada de su libertad sin justificación alguna.

La mujer alegó, en reiteradas ocasiones, cuál era el delito o la falta que había cometido para ser detenida e ingresada a las galeras, pero sus reclamos no fueron escuchados por personal de la oficina conciliadora del municipio.

Todo inició con la denuncia de un hombre, presunta pareja de la víctima, quien acusó a la mujer de haberlo agredido verbalmente, por lo que pidió a los policías que la detuvieran. Los uniformados la capturaron, la ingresaron a la patrulla y se la llevaron a la comandancia.

Durante el trayecto la mujer pidió que la soltaran pues su pareja tenía intenciones de despojarla de su hijo.

La mujer permaneció por más de seis horas detenida. Cuando fue liberada y regreso a su hogar, el menor había desaparecido. Tras indagar, el niño fue ubicado con el hombre, aunque días después el menor regresó con su madre.

De acuerdo con la Codhem, los policías tuvieron un inadecuado proceder porque no conminaron a las partes a resolver el conflicto, incluso no prestaron atención al comentario de la detenida, respecto a que se llevarían a su hijo.

También se demostró una conducta irregular del secretario de acuerdos de la oficialía calificadora, quien consintió que la mujer fuera ingresada a galeras sin determinar su situación jurídica, ante la ausencia de elementos para calificar la falta administrativa.

La comisión de derechos humanos ha solicitado al ayuntamiento de Tecámac separe del servicio a los dos elementos policíacos involucrados a fin de que acrediten evaluaciones del Centro de Control de Confianza.

También se instruyó a la presidencia municipal a capacitar a los cuerpos policíacos, ofrecerles cursos de ética y derechos humanos.