Redacción
Toluca, Edomex; 17 de febrero de 2026.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), entregó a la Legislatura local su informe de resultados 2025, periodo en el que promovió 26 informes de presunta responsabilidad administrativa —de los cuales derivaron 87 sanciones—, — y el seguimiento a ocho denuncias penales.
El documento da cuenta de la revisión y auditoría practicadas a 547 entidades estatales y municipales, así como de la ejecución de más de cinco mil procedimientos de auditoría, que derivaron en más de seis mil 700 observaciones y en la calificación de 32 presuntas faltas administrativas graves.
Respecto al informe, se reporta la recuperación de más de 7 millones de pesos por parte de entidades públicas.
Durante su intervención, Liliana Dávalos Ham aseguró que, desde que asumió la titularidad del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) —el 1 de enero de 2025—, se ha privilegiado un enfoque orientado a fortalecer la fiscalización preventiva, con el objetivo de consolidar una fuerza auditora profesional y construir una institución con visión de largo plazo.
Detalló que en este periodo se analizaron 400 presupuestos municipales, más de mil 950 informes trimestrales y se capacitó a más de 2 mil personas servidoras públicas estatales y municipales, lo cual permitió alcanzar el 93 por ciento de cumplimiento de obligaciones periódicas (considerando cuentas públicas municipales y presupuesto de egresos e informes trimestrales municipales).
Este trabajo —por el que reconoció la entrega y el profesionalismo de más de 660 personas servidoras públicas— contempló un incremento del 10 por ciento en las auditorías respecto de la Cuenta Pública 2024; la resolución total del rezago en procedimientos resarcitorios; la atención de 150 solicitudes de acceso a la información, y la realización de 482 asesorías y acompañamientos a entes públicos.
El diputado de Morena, Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política, subrayó que una fiscalización responsable contribuye a corregir oportunamente, fortalecer los procesos y evitar la repetición de errores.
“Permite garantizar que los programas sociales cumplan su propósito, que las obras públicas beneficien a la gente y que los recursos se ejerzan con eficiencia y honestidad. Por eso, reafirmamos que vigilar el uso del dinero público es un acto de compromiso con el pueblo”, aseguró.
Por su parte, la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva, recalco que, en el Estado de México, la fiscalización no es un ejercicio decorativo, sino una labor profunda, técnica y permanente. Añadió que el Congreso atraviesa una nueva etapa en la que la supervisión dejó de ser reactiva para convertirse en preventiva, y donde las observaciones no se archivan, sino que se atienden con responsabilidad y seguimiento.
“No hay complacencias, no hay simulaciones, no hay opacidad tolerada, tampoco hay estridencia irresponsable. Habrá institucionalidad, habrá conducción y habrá un orden, porque el liderazgo no se impone, se construye con coherencia”, expresó.
