Redacción
Almoloya de Juárez, Edomex; 24 de septiembre de 2026.- Un juez con sede en Toluca impuso una condena de 78 años y 9 meses de prisión a Lilia Delgado Pérez, Ana Lilia Morales Delgado y Carlos Morales Cruz, al acreditar su responsabilidad en el secuestro que derivó en la muerte de un niño de cinco años, identificado como Fernandito, en el municipio de La Paz.
La sentencia fue dictada luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara la participación de los tres acusados en los delitos de secuestro que causa la muerte y delitos vinculados con la desaparición de personas.
Además de la pena de prisión, cada sentenciado deberá pagar una multa de un millón 258 mil 682 pesos. El juez también estableció una reparación del daño moral por 618 mil 712 pesos y de 39 mil pesos por daño material, así como la suspensión de sus derechos políticos y civiles.
De acuerdo con la investigación de la FGJEM, el 28 de julio de 2025 los ahora sentenciados privaron de la libertad al menor bajo el argumento de que su madre mantenía una deuda de mil pesos con ellos.
El niño permaneció retenido en un domicilio ubicado en La Paz. Entre el 30 de julio y el 2 de agosto, su madre acudió en distintas ocasiones al inmueble para intentar recuperar a su hijo, pero los responsables mantuvieron oculto al menor y le impidieron el acceso.
La mujer presentó formalmente la denuncia el 4 de agosto. Ese mismo día, un operativo permitió ingresar al domicilio, donde las autoridades localizaron al niño sin vida.
La investigación estableció que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico.
De manera paralela al proceso contra los tres sentenciados, la FGJEM mantiene abierta una investigación para determinar si servidores públicos incurrieron en abuso de autoridad por una posible atención deficiente a la madre del menor antes de que fuera localizado.
Según la propia indagatoria, el domingo 3 de agosto de 2025 la mujer acudió al Centro de Justicia de La Paz para reportar que había dejado a su hijo bajo el cuidado de una conocida y que ésta se negaba a devolverlo.
La queja fue recibida inicialmente por un prestador de servicio social, quien la trasladó al agente del Ministerio Público que se encontraba de turno.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción quedó a cargo de determinar si existió alguna responsabilidad de servidores públicos en la atención de la denuncia y si alguna omisión tuvo consecuencias en el desarrollo de los hechos.
