Redacción
Ciudad de México. 09 de noviembre de 2017.- Derivado de una investigación realizada bajo la sospecha que ingresaban sin justificación alguna al penal de alta seguridad del Altiplano, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) separó este jueves del cargo a 10 actuarios de los juzgados de distrito en Toluca.
Desde el mes pasado, se inició una indagatoria por el posible ingreso del personal a la cárcel federal sin motivo aparente, cuya conclusión del procedimiento resultó en la inhabilitación por 20 años contra dos actuarios y un chofer del Juzgado Quinto de Distrito en Amparo y Juicios Federales de la ciudad de Toluca.
A través de un comunicado de medios, el CJF afirmó que las sanciones contra los servidores de los juzgados fueron como consecuencia de encontrar elementos que hacen presumir que incurrieron en abuso o ejercicio indebido de sus respectivos cargos, al ingresar sin justificación al Centro Federal de Readaptación Social número 1 ‘Altiplano’.
En tanto, los nombres de los 10 servidores públicos se mantienen bajo reserva preservando así el debido proceso y la presunción de inocencia; mientras que los actuarios permanecerán sin laborar por tiempo indefinido, hasta en tanto la Comisión de Disciplina de la Judicatura Federal concluya la investigación administrativa y determine si impone o no una sanción.
En la víspera, el 26 de octubre el Consejo de la Judicatura Federal destituyó e inhabilitó por 20 años a las actuarias Ana Lilia y Mayumi Guadalupe Sánchez Torres, y al chofer Alejandro Coyote Colín, quienes laboraban en el Juzgado Quinto de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca, cuyo extitular Vicente Bermúdez Zacarías fue asesinado el 17 de octubre de 2016.
El castigo administrativo es parte de un procedimiento que inició el CJF luego de que Bermúdez presentara una queja en la que reportó que los ahora sancionados usaban el procedimiento de notificación para entrevistarse con criminales presos en los penales del Altiplano y Santiaguito.
En su momento, las actuarias fueron sancionadas por abstenerse de realizar de manera personal las notificaciones y no cuidar documentos e información a su cargo, facilitando al chofer su uso indebido y exponiendo la confidencialidad de los procesos.
