Redacción
Almoloya de Juárez, Edomex. 11 de enero del 2016.- Una vez más, la decisión de cerrar la investigación en contra de siete policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, acusados de tortura por haber maltratado y abusado de mujeres testigos presenciales de la matanza de Tlatlaya en junio del 2014, fue postergada por una juez de control del distrito judicial de Toluca a petición de la defensa de los imputados.
Tres de los cuatro representantes legales que asisten a los policías ministeriales se quejaron que aún no pueden obtener documentales y testimoniales que ayudarán a desvirtuar la acusación que pesa sobre sus clientes, pues las dependencias del gobierno del estado no han dado respuesta a los requerimientos de información.
En tal sentido han solicitado una nueva prorroga de quince días para poder reunir las pruebas y ahora sí se puede decretar el cierre de la investigación.
La juez de control decretó que la próxima audiencia será el 26 de enero cuando serán validadas las pruebas que aporte el ministerio público para sostener la acusación y la defensa para desvirtuar la imputación.
Luego vendrá la audiencia intermedia donde el juez preguntará al ministerio público si continúa con la imputación o pido el sobreseimiento de la causa por no haber reunido elementos de prueba suficientes para sostener la acusación.
En junio del año pasado, la Fiscalía para Atender los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría mexiquense, consignó un expediente elaborado con base en recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Tlatlaya, donde el organismo constató que tres mujeres testigos presenciales de los hechos violentos de San Pedro Limón, Tlatlaya, habían sido torturadas por personal de la Procuraduría estatal a fin de obligarlas a revelar lo que realmente ocurrió la madrugada del 30 de junio del 2014.
Con los datos aportados en la recomendación resolvió consignar un expediente donde acusaba por el delito de tortura a Alan Guillermo Gómez Sánchez, Edgar Bibiano Amando, Alejandro Martínez Reyes, Gabriel Pineda Guerrero, Eulalio Hernández Martínez, Isabel Patricio Siles González y Jesús Antonio Vega Vázquez, todos ellos policías ministeriales.
Algunos fueron capturados y presentados ante el juez y otros más se presentaron voluntariamente. Como el delito de tortura no obliga a la prisión preventiva oficiosa, los ministeriales pudieron recuperar su libertad pagando 60 mil pesos de fianza y de esta manera enfrentan su acusación en libertad.
La defensa de los policías ha solicitado una serie de documentales tanto a la Procuraduría mexiquense como a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado para tratar de desvirtuar la acusación, pero estas dependencias no han remitido la información solicitada, por lo que hoy los abogados de los policías pidieron una segunda prórroga, pues la primera se concedió en noviembre pasado.
