Redacción
Ciudad de México; 2 de abril de 2021.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reaprehendió a los siete militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, ocurrido en junio de 2014, y los cuales fueron liberados entre 2015 y 2016 ante la falta de pruebas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Con base en información de medios nacionales, entre los elementos encarcelados se encuentra un capitán retirado, quienes fueron ingresados por la Policía Judicial Militar a la Prisión Militar del Campo 1-A, en la Ciudad de México.
De estos, cuatro integrantes de las fuerzas militares salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, pero deberán presentarse diariamente a pasar lista.
En tanto, tres militares reaprehendidos permanecen presos en el Campo Militar 1-A por este caso.
Los hechos imputados ocurrieron el 30 de junio de 2014, durante un operativo contra la delincuencia organizada instrumentado por el Ejército Mexicano, lo que derivó en un enfrentamiento, en el que fueron ultimadas 22 personas que estaban en el bando criminal.
Posterior a la reyerta, investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes –entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido.
Además, los elementos castrenses en complicidad con integrantes de la Fiscalái General de Justicia del Estado de México habrían alterado la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo ahí acontecido.
Por dichos acontecimientos, la PGR inició y consignó la Averiguación Previa AP/PGR/UEITA/161/2014, en la que acusó a siete militares –Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán, Leobardo Hernández Leónides y Roberto Acevedo López–, por el homicidio de ocho civiles y por encubrimiento.
No obstante, el órgano jurisdiccional decidió absolver a los militares en mayo de 2016, por considerar que el Ministerio Público no ofreció pruebas contundentes para señalar la identidad individual de los soldados responsables, a pesar de considerarse probado que existieron ejecuciones arbitrarias.
En 2019, el Centro Prodh indicó que encubrimiento y la impunidad que privan en este emblemático caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública en el momento en que ha entrado en operación la Guardia Nacional.
