Redacción
Naucalpan, Edomex; 7 de abril de 2026.- El Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, negó otorgar la suspensión definitiva de amparo promovida por Ignacia García Fuerte, quien previamente ya fue sancionada por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), con la inhabilitación por diez años para desempeñar cualquier cargo público; así como una indemnización por 372 mil pesos, derivado de un abuso de funciones al utilizar programas sociales con fines electorales presuntamente a favor del hoy alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios.
Durante la campaña electoral de 2024, se difundieron varios audios y videos por WhatsApp y redes sociales entre la estructura de Morena en Cuautitlán Izcalli, en los que se exhibieron diversas irregularidades presuntamente cometidas por operadores electorales del morenista Daniel Serrano para posiblemente desviar recursos públicos de programas sociales a favor de su candidatura por la presidencia municipal, la cual ya había perdido en los comicios de 2021.
En uno de los audios se escuchaba la voz de Ignacia García Fuerte y de Abigail Xóchitl Ramos García, quien se desempeñaba como titular de los programas federales para el Bienestar en Cuautitlán Izcalli.
La resolución del juzgado federal determinó levantar la suspensión decretada el 21 de febrero de 2025, con el objeto de que se continúe con la fase de ejecución de las sanciones impuestas a Rosalba Irene García Pérez e Ignacia García Fuerte, consistente en la indemnización solidaria por el monto de $372 mil 778 pesos.
Ignacia García Fuerte es madre de la regidora morenista, Ana Patricia Madrigal García, y aun cuando se encuentra inhabilitada por diez años para laborar en el servicio público, la sancionada se encuentra adscrita a la Dirección de Democracia Participativa con un sueldo mensual bruto de 26 mil 500 pesos.
El gobierno municipal presidido por Daniel Serrano Palacios, justificó la contratación de García Fuerte, derivado de la suspensión provisional otorgada por el juicio de amparo promovido; sin embargo, una vez que se ha negado la suspensión definitiva y se ha requerido la ejecución de la sentencia, deberá cumplir con la inhabilitación de la madre de la regidora morenista.
Además de la inhabilitación, la funcionaria deberá pagar la indemnización solidaria por más de 370 mil pesos, en el término de diez días hábiles, siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución emitida el pasado 23 de marzo.
Es importante enfatizar que, el requerimiento se hace bajo el apercibimiento de que, en caso de no atenderlo o cumplirlo de manera extemporánea, se procederá a la imposición de una medida de apremio consistente en multa por el importe de 100 a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual, en caso de renuencia, podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario.
En caso de renuencia, se dará vista de inmediato al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, por la probable comisión de la falta administrativa grave de desacato, así como al Fiscal General de Justicia del Estado de México, por la probable comisión del delito de incumplimiento de funciones públicas.
