Redacción
Toluca, Edomex. 15 de septiembre del 2020.- Magistrados del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Poder Judicial mexiquense confirmaron la sentencia condenatoria en contra de Édgar “N”, Alan “N” y Alejandro “N” por el delito de tortura con modificativa agravante de cometerse por dos o más personas y en contra de mujeres, derivado de los hechos registrados en el municipio de Tlatlaya en junio de 2014.
En julio de 2015, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, procedió en contra de siete elementos de la policía ministerial, luego de la recomendación que recibieron de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que constató abusos de militares y policías ministeriales en la matanza de 21 personas en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, el 30 de junio del 2014.
El ministerio público imputó el delito de tortura a estos efectivos por haber obligado a tres mujeres detenidas, a través de prácticas ilegales, a declarar en un sentido sobre cómo ocurrieron los hechos.
En un proceso abreviado, en el mes de enero de 2017, cuatro elementos ministeriales de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de México, relacionados con casos de tortura a los sobrevivientes del caso Tlatlaya fueron sentenciados a tres años y ocho meses de prisión.
Este martes, los restantes tres agentes ministeriales confirmó la sentencia del juez de origen, de conformidad con el Artículo 4 bis fracción III del Código Penal, de 7 años 10 meses de prisión, destitución del cargo e inhabilitación para ocupar cargo público por 7 años 10 meses.
A través de la plataforma Webex, se enlazaron la y los magistrados del Segundo Tribunal, así como las partes. El magistrado ponente señaló que el juez de origen no violó los derechos de los sentenciados, quienes se desempeñaban como servidores públicos. Además se impuso una sanción, acorde con la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de México.
Señaló que quedó acreditada la responsabilidad de los autores del delito, quienes amenazaron y torturaron a las tres mujeres de identidad resguardada, para obtener información a fin de que confesaran que pertenecían a un grupo delictivo.
Durante la audiencia, tanto el representante de la Fiscalía como la defensa presentaron sus agravios, mismos que fueron contestados por este Segundo Tribunal como infundados, ya que no aportaron más información para darles algún argumento a favor.
El expediente militar aún pendiente
En octubre del año pasado, un tribunal Colegiado ordenó la reaprehensión de siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, Estado de México, acusados de haber perpetrado ejecuciones extrajudiciales durante un operativo del Ejército Mexicano en junio de 2014. Con base en la investigación ministerial, la Fiscalía General de la República imputó a siete elementos castrenses de ejercicio indebido del servicio público y a tres de homicidio y encubrimiento.
Tras una investigación del orden militar y civil, los militares que participaron en dicho operativo fueron puestos en libertad, luego de que el mismo tribunal consideró que no había elementos para enjuiciarlos. Sin embargo, por una reconsideración de las pruebas presentadas, los jueces han decidido la detención de los soldados acusados por las autoridades ministeriales.
Durante el operativo de Tlatlaya, se acreditó el asesinato de ocho personas, quienes derivado de una incursión militar en contra de un grupo de la delincuencia organizada, se habrían rendido, y no obstante ello, los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional dispararon en su contra.
