Francisco Ledesma
Toluca, Edomex; 2 de junio de 2026. La dirigencia estatal del PRI acusó a la Secretaría de Salud del Estado de México de favorecer mediante adjudicaciones directas a empresas vinculadas con gobiernos de Morena, en contratos que, según sus estimaciones, presentan inconsistencias financieras, sobrecostos y posibles actos de corrupción por más de mil millones de pesos.
Ante estos casos, la presidenta del PRI mexiquense, Cristina Ruiz Sandoval exigió la intervención de las autoridades fiscalizadoras y de control para revisar la legalidad de los procedimientos de contratación, transparentar el destino de los recursos públicos y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
En conferencia de medios, Ruiz Sandoval presentó una serie de contratos celebrados entre 2024 y 2025 del sector salud, los cuales, aseguró, muestran un patrón de asignaciones directas a empresas privadas para la dispersión de recursos, prestación de servicios médicos y adquisición de equipo.
Uno de los casos señalados involucra a la empresa Broxel, contratada para la entrega de bonos, apoyos y vales de despensa a trabajadores del sector salud mediante monederos electrónicos. De acuerdo con la dirigente priista, la compañía recibió cinco contratos por un monto acumulado de 497 millones de pesos, todos mediante adjudicación directa.
Ruiz Sandoval cuestionó la necesidad de utilizar intermediarios privados para distribuir recursos públicos ya etiquetados y sostuvo que la empresa obtuvo ganancias por aproximadamente 14 millones de pesos derivadas de comisiones e impuestos asociados a la operación de los monederos electrónicos.
La líder estatal del PRI también señaló inconsistencias entre los montos contratados y los recursos que presuntamente fueron entregados a los beneficiarios. Como ejemplo, expuso el programa denominado Bono Salud, donde se reportó la entrega de apoyos a 5 mil 839 trabajadores por un monto individual de 4 mil 808 pesos, lo que representaría alrededor de 28 millones de pesos, mientras que el contrato correspondiente alcanzó los 55 millones de pesos.
Según sus cálculos, una situación similar ocurrió en la distribución de vales de despensa para casi 17 mil trabajadores, donde el monto efectivamente entregado sería considerablemente menor al valor total contratado.
La dirigente priista también cuestionó otro contrato asignado a la misma empresa para la adquisición de uniformes destinados al personal administrativo. Indicó que se destinaron 47.4 millones de pesos para la entrega de monederos electrónicos con los que los trabajadores podrían adquirir las prendas, esquema que, dijo, generó comisiones adicionales para la empresa.
Durante la conferencia, Cristina Ruiz cuestionó el programa de Caravanas de la Salud impulsado por el gobierno estatal. Afirmó que la empresa Línea Médica del Sur S.A. de C.V., originaria de Tabasco, recibió contratos por más de 275 millones de pesos para la operación de unidades médicas móviles y otros servicios de atención temporal.
La dirigente aseguró que tan sólo cinco caravanas representaron un gasto superior a los 252 millones de pesos, mientras que otro contrato por más de 22 millones de pesos fue destinado a la renta de seis unidades móviles para la detección de enfermedades en hombres.
Otro de los señalamientos se centró en una campaña extraordinaria de vacunación realizada entre octubre y diciembre de 2025, para la cual se ejercieron cerca de 195 millones de pesos en logística y operación, sin que el contrato contemplara la adquisición de vacunas.
De acuerdo con la información presentada por el PRI, los recursos se utilizaron para unidades móviles, carpas, mobiliario, alimentos, papelería y material promocional. La empresa beneficiada fue Mexus Hospitalaria S.A. de C.V., la cual también habría obtenido otro contrato por 198 millones de pesos para la compra de ventiladores médicos.
Ruiz Sandoval sostuvo que una revisión de precios de mercado reveló un presunto sobrecosto cercano a los 87 millones de pesos en la adquisición de estos equipos, además de cuestionar el perfil de la empresa y su domicilio fiscal.
Finalmente, la presidenta estatal del PRI denunció un contrato por 199 millones de pesos adjudicado a Grupo Constructor Ozlich S.A. de C.V. para la instalación de paneles solares y sistemas de agua caliente en unidades médicas. Según expuso, el procedimiento se desarrolló en menos de un mes y establecía que la totalidad de los trabajos debía quedar concluida apenas cuatro días después de la firma del contrato.
