Redacción
Toluca, Edomex 27 de diciembre de 2020.- La tarea de los organismos defensores de derechos humanos no solo es generar recomendaciones como la única manera de que se reconozca su trabajo, sino promover la cultura de respeto a los derechos humanos, por tanto, la prioridad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es prevenir conductas que atentan contra ellos, fortaleciendo la promoción y capacitación a los diversos sectores de la sociedad, puntualizó el ombudsman mexiquense, Jorge Olvera García.
Al ser cuestionado por qué en los últimos años disminuyó de manera significativa la emisión de recomendaciones -de 35 en 2017 pasaron a 8 en 2018 y 2019 y 4 en lo que va del 2020, afirmó que “el objetivo de esta administración no es emitir recomendaciones para castigar una conducta que ya afectó la dignidad de una o varias personas, sino evitarla a través de la prevención”.
“Para la Codhem, lo importante es analizar los comportamientos que violentan derechos humanos, conocer su incidencia, las áreas en que prevalecen y de acuerdo con ello, diseñar programas y cursos de capacitación que permitan interiorizar toda esa información y que se refleje en el respeto a toda persona de cualquier lugar”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo, ha reiterado que “las acciones de prevención aportan potencia a los esfuerzos para lograr una paz sostenible”, y desde 2013 impulsa la iniciativa “Los Derechos en primer lugar” enfatizando la importancia de la prevención para de que los Estados miembros asuman la responsabilidad de proteger a las poblaciones de abusos masivos y generalizados de derechos humanos.
Precisó el objetivo de las recomendaciones, ya que “no pretenden desacreditar a las instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a la mismas o a sus titulares; por el contrario, intentan incidir en las buenas prácticas de las autoridades en aras de que progresivamente puedan alcanzar las exigencias que establece la propia norma básica fundante”.
En ese sentido, la Codhem busca abonar al diálogo y entendimiento entre sociedad y gobierno, para llegar a acuerdos utilizando los medios alternativos de solución de conflictos como la conciliación y la mediación en casos no graves de violación a derechos humanos, con el compromiso de la parte agresora de que no volverá a repetir dicha conducta. Por tanto, emitir una recomendación es la última opción.
Las recomendaciones, agregó, derivan de la investigación que acredita violaciones a derechos humanos; el documento se integra por la descripción de los hechos, evidencias reunidas durante las diligencias y entrevistas realizadas por el personal adscrito a las visitadurías del Organismo defensor, y las ponderaciones que describen o argumentan los derechos humanos afectados por actos u omisiones de las autoridades y personas servidoras públicas estatales o municipales.
Toda recomendación particular o general incluye puntos recomendatorios específicos que debe acatar la autoridad a la que va dirigida, para hacer prevalecer los derechos de las personas, y si bien no son vinculantes, es un instrumento público que permite el correcto funcionamiento de las instituciones al revelar el abuso e irregularidades cometidas por su personal y las alternativas para erradicar esas conductas, con el enfoque de respeto a la dignidad humana y el compromiso de evitar su repetición.
“Tenemos que ser conscientes que los derechos humanos no son concesiones de las instituciones públicas, son un patrimonio colectivo y nacieron para estar en la base social, en las manos de las personas, separados de los colores, ideologías y partidos”, y de manera afortunada, cada vez más personas servidoras públicas de las diversas dependencias de gobiernos estatales y municipales guían su actuación con apego a la ley y respeto a la dignidad humana, finalizó Olvera García.
