Redacción
Ciudad de México, 20 de mayo del 2016.- La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU expresó este viernes su preocupación de que la matanza de 22 civiles en Tlatlaya, estado de México, ocurrirá el 30 de junio del 2014 quede impune y a las victimas se les niega la verdad y la justicia, luego de que hace una semana, un tribunal exoneró a los últimos tres militares acusados de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas aquel día en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón.
La vocera de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, exigió a las autoridades mexicanas “una investigación efectiva, rigurosa, imparcial e independiente” y bajo los más altos estándares en materia de derechos humanos.
El pronunciamiento ocurrió porque a casi dos años de los hechos, ninguno de los militares del Segundo Batallón de Infantería de San Miguel Ixtapan que participaron en aquella matanza han sido castigados por las ejecuciones extrajudiciales, cuando los civiles ya se habían rendido.
“Estamos profundamente preocupados porque a casi dos años de la comisión de graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, estado de México, que incluyen alegatos de que al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, el caso sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les siguen negando sus derechos a la justicia y la verdad”, apuntó la vocera de este organismo internacional.
Para la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, las investigaciones deben profundizarse contra los militares que participaron en aquella acción, incluyendo a los mandos castrenses que ordenaron o solaparon tal acción, además de todos aquellos servidores púbicos federales y del estado de México que permitieron que la escena del crimen haya sido manipulada con el fin de esconder las ejecuciones extrajudiciales y dar la impresión de que las muertes de los civiles fueron producto de un enfrentamiento abierto con los soldados.
Después de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde se confirma que en la bodega de San Pedro Limón hubo ejecuciones extrajudiciales de los soldados, la Procuraduría General de la República consignó a siete militares por estos hechos. Cuatro de ellos obtuvieron un amparo en octubre pasado y evadieron la imputación y ahora, los tres militares restantes fueron exonerados por un Tribunal al considerar que la PGR no aportó elementos suficientes que incriminen a estos efectivos castrenses con las ejecuciones.
“Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que aseguren una investigación rigurosa, efectiva, imparcial, independiente y rápida en este emblemático caso. También instamos a las autoridades de procuración y administración de justicia a actuar con base en los más altos estándares y normas de derechos humanos en las investigaciones y juicios”, indicó.
