Redacción
Amnistía Internacional (AI) puso en duda el “significado real” de las consignaciones de dos policías estatales que en días pasados realizara el gobierno del Estado de México por el delito de tortura, derivado de los operativos policíacos de San Salvador Atenco de 2006. En una carta enviada al mandatario estatal Eruviel Ávila Villegas consideró que se deben tomar acciones para asegurar justicia en los casos de violaciones a derechos humanos, incluyen abusos sexuales.
En la misiva de AI se indica que “la reciente decisión de formular cargos de tortura contra tres policías implicados en los abusos y la detención de dos de ellos es positiva”. Sin embargo, se específica que dichas consignaciones “coinciden” con la presencia de México ante un comité de la ONU que ha sido muy crítico del Estado por la impunidad en este caso, lo que levanta dudas sobre su significado real.
Javier Zuñiga, asesor Especial de Amnistía Internacional, quien suscribe la carta, añade que la sociedad quiere ver acciones concretas que reflejen un compromiso real para garantizar que todos los responsables en las cadenas de mando enfrenten la justicia y así asegurar la justicia, verdad y reparación del daño para las víctimas.
Se establece que desde el inicio del operativo policíaco en Atenco, el Estado Mexicano falló en realizar una investigación plena de los hechos y recabar todas las evidencias disponibles – un factor importante que permitió la absolución de 22 policías acusados de abusos menores contra manifestantes.
En lo que hace a las víctimas de los abusos policíacos, se explica la falta de acceso pleno a la información relevante sobre los avances de las investigaciones y al expediente legal, en particular la información que constata las consignaciones recientes de policías acusados de tortura.
Amnistía Internacional considera que existe una situación de riesgo en la que se encuentran las mujeres que denunciaron abusos y la falta de garantías acerca de su seguridad.
En la carta enviada a Eruviel Ávila, gobernador del estado, se destaca que durante la sesión del Comité de las Naciones Unidas (ONU) para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer el pasado 17 de julio, el Estado Mexicano informó que había consignaciones sobre 29 policías, y ordenes de aprehensión contra 3 de ellos, sin haber informado antes a las víctimas y sus representantes legales.
Finalmente se detalla que las autoridades Mexicanas tienen el deber y responsabilidad de asegurar que todos los responsables de abusos en Atenco rindan cuentas ante la justicia – incluyendo los policías directamente imputados, los funcionarios que no previnieron o detuvieron las violaciones, los que permitieron el encubrimiento de los hechos y la cadena de mando que dio ordenes para el operativo.
