Redacción
Toluca, Edomex. 14 de septiembre de 2022. – La diputada local por Morena, Azucena Cisneros Coss, presentó este martes, ante el pleno del Congreso del Estado de México, una iniciativa para crear de Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio en el Estado de México con la que se obliga a las autoridades mexiquenses a investigar toda privación de la vida de una mujer como feminicidio.
Asimismo se pretende que ya no haya subregistro de muertes de mujeres en la entidad, por lo que también se fija la obligación de llevar a cabo un registro detallado de los decesos, sus causas, y otro de desapariciones de niñas y jóvenes.
La diputada por el distrito 8 de Ecatepec, una de las demarcaciones con mayor número de muertes violentas de mujeres señaló que el objetivo de la ley es establecer que toda privación de la vida de una fémina, incluidas aquellas que de manera inicial parecieran no haber sido causadas por motivos criminales, como suicidio y accidentes, debe ser investigadas como un probable feminicidio, “esto, con el fin de favorecer una exhaustiva investigación, en el marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos de las mujeres y de sus familias”.
Explicó que la ley plantea que la investigación del feminicidio y de los delitos vinculados, se inicie de manera inmediata y exhaustiva, “la investigación deberá de allegarse de datos mínimos para el esclarecimiento de los hechos, por lo que se autoriza al Ministerio Público a la utilización de cualquier medio, instrumento o herramienta para la obtención de pruebas, siempre que ésta no contravenga los derechos humanos y no violente el orden jurídico”.
Además, en la propuesta se establece la suspensión temporal de la custodia de los menores a cargo del investigado por feminicidio, la cual la ejercerá temporalmente quien corresponda de acuerdo al interés superior de la niñez”.
El contenido de la iniciativa también fija que durante todas las etapas del procedimiento penal, civil y administrativo, las víctimas directas, indirectas, así como quienes comparezcan como testigos reciban de la autoridad estatal, la asistencia material, jurídica, médica y psicológica que le sea necesaria, y también puedan intervenir en apoyo organizaciones sociales.
Finalmente se contempla medidas de prevención que deberán llevar a cabo, de forma coordinada el Estado y los municipios, a fin de mantener los registros accesibles de los delitos de feminicidio e inducción al suicidio, una base de datos estatal de mujeres y niñas desaparecidas, así como realizar capacitaciones obligatorias y continuas en derechos humanos desde una perspectiva de género para todas las autoridades que intervengan en la investigación de delitos cometidos contra la mujer y desarrollar campañas de concientización.
