Redacción
Distrito Federal. 19 de marzo de 2015.- La organización Amnistía Internacional (AI) aseguró que es necesario que la Procuraduría General de la República (PGR) amplíe las indagatorias sobre el caso Tlatlaya para determinar la probable responsabilidad de altos mandos en la ejecución extrajudicial de 22 presuntos criminales.
En el desarrollo de una audiencia pública con el Grupo de Trabajo de la Cámara de Diputados Federal, Amnistía Internacional advirtió que hasta ahora la PGR ha sido omisa, pues sólo siete militares se encuentran sujetos a proceso penal, tras asegurar que el asesinato de las 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, por integrantes de las fuerzas armadas, es un síntoma al interior del Ejército que se debe focalizar.
Perseo Quiroz, presidente de AI en México, insistió que no sólo se debe sancionar a quienes jalaron el gatillo, también a los mandos que estuvieron al tanto de los hechos, en tanto que encubrieron lo que sucedió en la bodega donde fueron ejecutados los civiles, en un presunto operativo contra el crimen organizado.
“El hilo en México siempre se revienta por lo más delgado, si bien es cierto que hay siete militares involucrados en el caso Tlatlaya o que están siendo investigados, no hay ningún nivel de mando alto, cuando todas las versiones y testimonios que se han dado hacen suponer que niveles altos de mando tuvieron involucramiento en el caso no jalando el gatillo directamente”, subrayó ante los legisladores federales.
En su exposición, detalló que diversas investigaciones periodísticas y organizaciones independientes, han puesto al descubierto una serie de inconsistencias y falsedades en la versión oficial, por lo que llamó a los diputados federales a supervisar la actuación de la PGR y exigir explicaciones de avance en la investigación.
«Ahí tenemos que ser muy claros en que la PGR debe investigar justamente cuál es el involucramiento de los altos niveles de mando y esto no sólo lo dice Amnistía Internacional, sino que está en la teoría del derecho internacional de los derechos humanos», dijo en su intervención durante una reunión con diputados del grupo de trabajo que da seguimiento al caso.
Quiroz consideró “grave” que la comisión de diputados que da seguimiento al caso ni siquiera haya podido acceder a información documental por parte de las autoridades federales.
«Sí hay que sancionar a los que ejecutaron directamente las violaciones a Derechos Humanos, pero también a aquellos altos mandos que estuvieron al tanto de estos temas y no hicieron nada para detener el acto o para consignar el acto, si es que hubo algún desacato».
La reunión se retrasó, y debió iniciar sin el quórum necesario, pues sólo asistieron dos de seis diputados que integran el Grupo de Trabajo Tlatlaya: La perredista Elena Tapia Fonllem -coordinadora del mismo- y Loretta Ortiz Ahlf, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Los ausentes fueron: Los priístas Heriberto Manuel Galindo Quiñones y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez; el panista Alberto Díaz Trujillo y el nieto de Elba Esther Gordillo, René Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza.
Los integrantes de las organizaciones solicitaron a los diputados presentes tipificar el delito de “ejecución extrajudicial” y agilizar la reparación del daño para las víctimas.
En tanto, Ernesto López Portillo, del Instituto para la Seguridad y la Democracia, expuso que la ejecución en Tlatlaya es consecuencia de que el Ejército siga en las funciones de la seguridad pública.
En su conjunto, los participantes de la reunión coincidieron en que el principal problema es la falta de información que permita establecer la responsabilidad o no de mandos militares más allá de los 8 elementos que realizaban el patrullaje.
Tampoco se conocen elementos sobre cómo se diseñó, operó, autorizó o permitió patrullaje de sólo 8 elementos, cuando lo reglamentario o común es que participen al menos 12 elementos.
En la audiencia participaron Perseo Quiroz de Amnistía Internacional; Ernesto López Portillo del Instituto para la Seguridad y la Democracia; José Antonio Guevara de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Édgar Cortés del Instituto Mexicano para la Seguridad y la Democracia y Carlos Silva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
