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Perredistas mexiquenses impugnan Congreso Nacional del PRD y sus resolutivos; Juan Hugo de la Rosa no firma recurso

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Israel Dávila

Toluca, Edomex. 23 de noviembre del 2018.- Sin el respaldo del presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, el bloque alternativo del PRD, conformado en su mayoría por militantes mexiquenses de este partido impugnó  anoche ante Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el XV Congreso Nacional de este instituto político, celebrado el pasado fin de semana y de todo lo que ahí fue aprobado.

Se trata de un juicio colectivo de protección de los derechos político electorales de poco más de 100 delegados que participaron en el Congreso, quienes consideran que hubo violaciones graves que ameritan la anulación del mismo y de todos los resolutivos  que ahí fueron aprobados, como la derogación de los estatutos y la aprobación de unos nuevos que incluyen  la desaparición del Comité Ejecutivo Nacional y de las dirigencias estatales.

El escrito presentado ante la Sala Superior del TPJF fue firmado por un grupo integrantes de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) que se rebeló a su líder nacional Héctor Bautista, entre ellos  Omar Ortega, dirigente del PRD en el Estado de México  y Javier Salinas, dirigente de Nueva Izquierda en la entidad, además de militantes mexiquenses,  de la Ciudad de México, Morelos, Tabasco, entre otros. Quien no firmó por Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl, que también había externado su rechazo a los resolutivos aprobados durante XV Congreso Nacional del sol azteca.

El bloque alternativo señaló que hubo irregularidades desde la convocatoria al Congreso, el desarrollo del mismo y los resolutivos aprobados.

Respecto a las irregularidades ocurridas en los actos preparatorios al Congreso, el bloque alternativo acusó que hubo una sustitución ilegal de por lo menos 85 delegados, además de que se acreditaron a congresistas de un  estado como si fueran de otra entidad federativa.

También se acusó que  la comisión organizadora del Congreso no cumplió con el desarrollo de algunas obligaciones como la recopilación de propuestas y documentos que enviarían los militantes para integrar las propuestas de

Sobre las irregularidades ocurridas en el desarrollo del Congreso, se esgrimió violaciones sustantivas al procedimiento, pues la mesa directiva no dio oportunidad para debatir los dictámenes que fueron puestos a consideración de los delegados, sino directamente votó sin permitir que nadie tomara la palabra para hablar a favor o en contra de los documentos.

También se señaló que en la convocatoria al Congreso se habla de que será para reformas a los órganos de dirección y nunca para derogar los estatutos ni mucho menos para aprobar un nuevo estatuto, lo cual es una clara violación al procedimiento.

Aunado a ello, se reclamó que la mesa directiva del Congreso asumió facultades que no tenía, pues el Congreso no podía elegir a una nueva dirección nacional, pues no fue convocado como un Congreso electivo, tampoco hubo registro de planillas de candidatos, lo que supone una clara violación.

Ahora será la Sala Superior del TEPJF la que determine si son o no validos los nuevos estatutos que aprobó el Congreso perredista el fin de semana mediante el cual se adopta un nuevo esquema de organización del partido.

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