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Ordena Juez federal a la PGR reabrir caso Tlatlaya; solicita investigar cadena de mando militar

Redacción

Ciudad de México. 16 de agosto de 2017.- Por considerar que existieron omisiones en la investigación del caso Tlatlaya, un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República reabrir la indagatoria que permita averiguar la cadena de mando militar responsable de instruir las ejecuciones extrajudiciales de 22 presuntos criminales ocurrida el 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Dentro de la sentencia judicial, se instruyó a la PGR la integración de todas las carpetas de investigación relacionadas con el caso Tlatlaya, con el propósito de evitar la fragmentación de la misma; así como la elaboración de un informe pormenorizado sobre las diligencias que considere pertinentes para allegarse de mayores elementos probatorios.

Caso Tlatlaya. Avanza indagatoria.
Caso Tlatlaya Foto Agencia MVT.

De acuerdo al diario La Jornada, en su nota principal de este miércoles, el juez federal consideró necesario establecer un cronograma sobre la indagatoria, que permita desarrollar ‘‘una investigación exhaustiva’’ de los hechos, así como su objetivo y plazos.

La resolución del órgano jurisdiccional se desprende del juicio de amparo -bajo el expediente 545/2017-, tramitado por Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos referidos (y madre de una menor de edad que murió junto con otros 21 civiles en Tlatlaya), cuyo reclamo deriva de la falta de debida diligencia en la indagatoria por graves violaciones a derechos humanos correspondientes a la averiguación previa, misma que se traduce en omisiones del Ministerio Público.

La información periodística detalla que Mario Cruz Díaz, secretario del juzgado decimocuarto de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, resolvió que la PGR no se indagó la orden militar que instruye el abatimiento en horas de oscuridad, dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los soldados involucrados, lo que en su conjunto «se traducen en la falta de debida diligencia de la indagatoria».

Empero, la PGR negó la existencia de los actos que se le reclaman y declaró que no incurrió en tales omisiones al momento de dirigir, coordinar, supervisar, evaluar y controlar las acciones tendentes a la atención, investigación y persecución de los hechos en dicha averiguación. La dependencia federal afirmó que se han desahogado todas y cada una de las diligencias pertinentes para la debida integración de la indagatoria, aunque el documento expone la falta de ciertos trámites ya mencionados.

En tanto, el juez determinó que «dicha negativa se desvirtúa con la copia certificada de varias constancias de la averiguación previa en comento, de la cual se advierten la falta de actividad de la autoridad ministerial».

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