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Ordena juez a PGR reapertura del caso Tlatlaya por investigación ineficaz y omisa

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Caso Tlatlaya. Persisten dudas. Foto: Agencia MVT.

Redacción

Ciudad de México. 12 de agosto de 2018.- El décimo cuarto juez de distrito de amparo en materia penal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reabrir la investigación relacionada con la matanza de presuntos delincuentes en Tlatlaya ante la ineficacia y las omisiones cometidas en su indagatoria, con el propósito de determinar la cadena de mando de la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, lo que derivó en la ejecución extrajudicial de al menos entre 12 y 15 personas.

De acuerdo al periódico La Jornada, el juez con sede en Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, otorgó un amparo a una de las sobrevivientes de los hechos de Tlatlaya, a través del cual ordenó a la PGR reabrir el caso y cumplir con todas las diligencias que no ha llevado a cabo para definir qué ocurrió, y particularmente profundizar en la cadena de mando para averiguar el origen de la mencionada orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.

Con base en un expediente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 30 de junio de 2014 un grupo de militares privó de la vida a 22 personas, de las cuales, por lo menos entre 12 y 15 –entre ellas dos menores de edad–, habrían sido asesinadas cuando ya se encontraban rendidas y desarmadas.

En su oportunidad, entre los meses de septiembre y octubre de 2014, fueron detenidos 30 militares presuntamente involucrados en los hechos, pero sólo siete fueron procesados por lo ocurrido. Dos años más tarde, todos ellos habían sido puestos en libertad por insuficiencia probatoria, pero no por ser declarados inocentes.

A cuatro años de la masacre, la señora Clara Gómez González, madre de Érika, una joven de apenas 14 años de edad que murió en el operativo de Tlatlaya, interpuso una demanda de amparo en contra de la PGR y de la agencia del Ministerio Público encargada del caso, por considerar que su investigación deficiente de lo ocurrido violaba su derecho a conocer la verdad.

Clara Gómez estuvo la madrugada del 30 de junio de 2014 en la bodega de la comunidad de San Pedro Limón donde ocurrieron los hechos. Había llegado para tratar de rescatar a su hija Érika, quien había sido llevada por la fuerza por un grupo de presuntos delincuentes.

En su juicio de amparo, la mujer sostiene que la falta de debida diligencia en las indagatorias provocó que no se investigaran tres puntos importantes en el caso: la ejecución extrajudicial supuestamente cometida por el Ejército, la mencionada orden de abatir criminales en horas de oscuridad y el origen mismo de esa indicación.

En lo que se considera una determinación inédita, el diario La Jornada publicó en su edición impresa de este domingo, que el juez emitió una sentencia con fecha del 25 de mayo de 2018, donde consideró fundados los argumentos de la denunciante.

La determinación del órgano jurisdiccional resolvió que la PGR no había hecho una investigación efectiva sobre los mencionados temas, y tampoco había garantizado el derecho de la señora Gómez a coadyuvar en la investigación; es decir, de aportar los elementos que considerara importantes para llegar a la verdad.

Además, el Ministerio Público Federal incumplió con su obligación de analizar todos los elementos informativos en su poder para definir si se habían cometido otros delitos distintos a los que ya se investigaban, que eran homicidio, encubrimiento de un hecho delictivo, ejercicio indebido del servicio público y abuso de autoridad.

Acerca de la cadena de mando y la orden de abatir delincuentes argumentada por los militares, el juez encontró una declaración clave por parte de uno de los siete efectivos que fueron aprehendidos y posteriormente liberados por falta de pruebas.

En dicha versión contenida en la investigación ministerial el militar afirma que abatir delincuentes en horas de oscuridad forma parte de un machote de uso común en el Ejército, al cual sólo se le cambian la fecha, el destinatario y otros datos básicos.

El juez de amparo en materia penal consideró que la PGR nunca analizó el contenido de un disco compacto enviado por la CNDH, en el que había información sobre la probable existencia de otros responsables de la masacre.

Finalmente, se determinó que la PGR no le pidió a la CNDH que ratificara o cambiara un documento en donde existía discrepancia sobre el número de víctimas, no constató que la Policía Federal Ministerial realizara informes de investigación, ni generó una ruta de fortalecimiento del ejercicio de la acción penal contra los soldados.

En resumen, la resolución judicial concluyó que la PGR no ha realizado diligencia alguna encaminada a la investigación de los hechos, ni en lo relativo a la orden emitida a los elementos militares (de abatir criminales en horas de oscuridad).

Asimismo, “no realizó mayores investigaciones para determinar quién fue la persona que redactó la orden de ‘abatir delincuentes en horas de oscuridad’, a fin de determinar el verdadero significado de esa orden”.

Por lo tanto, el juez ordenó a la PGR que retome el caso para cumplir con todas las diligencias no realizadas y esclarezca el origen de la citada orden, el juez recuerda que no perseguir los delitos ni a sus autores coloca a la colectividad en permanente peligro, auspiciando la perpetración de ilícitos bajo el signo de la impunidad.

La sentencia del juez obliga a la PGR a rencausar el expediente en un plazo máximo de 30 días hábiles, los cuales cumplen ejecutoria esta semana, y abre la posibilidad de recabar más pruebas contra siete militares que en su momento fueron detenidos y luego puestos en libertad por falta de pruebas, no por ser hallados inocentes. El cumplimiento del fallo se encuentra suspendido por los recursos de revisión que interpuso la procuraduría.

 

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