Toluca, Edomex. 15 de marzo de 2016.- Este martes, se definirá la elección del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMex. Hay dos candidatos registrados. Marco Cienfuegos, el delfín del ex rector José Martínez Vilchis, quien alguna vez fue director de esa Facultad y que genera simpatías en la rectoría. Del lado contrario, Jorge Arzate, que tiene con el respaldo del ala antagonista de la misma. Sin duda, se prevé una contienda cerrada, ante el rechazo de imposiciones superiores.
Otros aspirantes quedaron en el camino y optaron por no registrarse. En ese cúmulo de frustraciones se enumera a Martha Nateras, coordinadora de posgrado; así como Luis Alfonso Guadarrama, quien no pudo ser rector hace siete años, y ahora ni siquiera vio condiciones para buscar la dirección de Ciencias Políticas. Ambos se han sumado con Cienfuegos. Arzate ha concitado menos afectos en el área académica y su apuesta está en el sector administrativo.
El gran reto, quizá esté en que quien resulte electo concluya su gestión como director. Antes dejaron inconcluso la dirección por proyectos políticos mayores diversos actores: Julio Olvera se convirtió en consejero electoral. Guillermina Díaz saltó al gabinete del exrector Pepe Martínez. Y hace tres años, Ivett Tinoco se convirtió en secretaria de difusión cultural.
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El fuego amigo entre la alcaldesa de Tlalnepantla, Denisse Ugalde y el expresidente municipal Pablo Basáñez no cesa. Desde hace un par de meses, el actual diputado federal, el priísta Basáñez ha sido acusado de desvío de recursos y de tener una nómina abultada, contagiada por aviadores, de personas que sólo cobraban sin trabajar. Pablo ha pretendido defenderse, pero Ugalde ha profundizado sus ataques, particularmente desde lo mediático.
La más reciente acusación, concentra una denuncia penal por parte del Ayuntamiento de Tlalnepantla en contra de José Benjamín Lara Martínez exdirector del Instituto Municipal del Deporte por daños al erario municipal por un monto cercano a los 645 mil pesos. La acusación hecha contra Lara permitió, entre otras acciones ilegales, que una empresa privada subarrendara las instalaciones del patrimonio municipal a terceros, hasta por un millón de pesos, casos acreditados durante la gestión del propio Basáñez.
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