Reprobable la actitud protagónica asumida por la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Mientras presentaba a los detenidos por el caso del campamento en Chalco, difundió innecesariamente un vídeo, donde los presuntos responsables daban testimonio de los hechos con lujo de detalle sobre las violaciones sexuales. En su afán de salir con celeridad a los medios hubo un agravio fuerte, e irreversible, para las víctimas de las vejaciones, quienes además veían la trasmisión en vivo de la conferencia de prensa que encabezaba el procurador estatal Alfredo Castillo Cervantes. Una disculpa pública simplemente no basta.
La intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es urgente. Los agravios a las víctimas están a la vista de todos. Su privacidad, su dignidad y sus derechos fundamentales fueron vulnerados por una autoridad timorata, que quiso quedar bien con locura medios y atropelló garantías fundamentales. Hay también un daño psicológico que no puede, ni debe tomarse con ligereza. Castillo Cervantes no sale de un escándalo cuando ya está metido en otro. En el devenir de su función ha mostrado su impericia. Eruviel Ávila tiene los argumentos suficientes para ya emprender el relevo.
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No es una buena señal para Enrique Peña revivir el caso de San Salvador Atenco. La bandera de lucha del movimiento Yo Soy 132 fue la represión policíaca de dicho operativo, hoy puesto en la escena vigente por corroborar que sí existieron actos de tortura. Lo deleznable es que se insista en que se trató de restablecer el orden social, cuando lo ocurrido agravio a cientos de habitantes. Y lo más grave es que pese a la participación de más de dos mil policías sólo se haya consignado a tres, y a dos de ellos a seis años de distancia. Eso es el ejemplo más puro de impunidad que prevalece en el sistema de justicia del país.
Para Peña, el hecho de que se haya encarcelado un par de policías por ese caso, le implica que no es un asunto muerto. Hasta la fecha instancias internacionales ven con preocupación que el responsable de ese operativo se convierta en Presidente de México. Ven como una pésima señal la criminalización de la protesta social como justificante rancio del autoritarismo, el abuso de autoridad y la tortura. Otros de los damnificados con el tema es Humberto Benítez Treviño, entonces secretario general de gobierno, y Wilfrido Robledo Madrid comisionado de la ASE y autor operativo de la intervención policíaca.
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En el equipo de Enrique Peña hay plena confianza en que se ratificará su triunfo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que se ha convertido en una piedra en el zapato es el acoso de supuestas células del movimiento Yo Soy 132 que lo siguen a sol y sombra para protestar contra su triunfo. Lo grave del caso, es que líderes de dicho movimiento, ya se han deslindado en gran medida y reiteradamente de jóvenes que utilizan el membrete pero que no forman parte de esa organización, por lo que simplemente no hay posibilidad de conciliación y puede convertirse en un agravio permanente sin plazo perentorio.
Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña, ha comenzado con los preparativos de mudanza a Los Pinos. Será tal y como ocurrió en campaña, un activo del gobierno del mexiquense, dado su arrastre con las clases populares. Lo que aún se discute es la pertinencia de que asuma la presidencia nacional del DIF o simplemente es presentada como Primera Dama. Sea cual sea la decisión, su equipo de colaboradores incluye escoltas, asesores de imagen, consultores de comunicación política y expertos en materia de asistencia social.
