Toluca, Edomex; 29 de septiembre de 2022.- El verdadero pacto de impunidad entre priístas y morenistas, no está focalizado en Palacio Nacional, sino en la inacción de los alcaldes en funciones que tanto se quejaron del desaseo financiero que encontraron en las tesorerías, pero de las que muy pocos presentaron observaciones contundentes ante las autoridades fiscalizadoras.
Todo parece un ciclo pernicioso. En el 2018, los alcaldes morenistas que lo ganaron prácticamente todo, tampoco denunciaron a sus antecesores (en su mayoría priístas), como preludio de que tarde que temprano también entregarían el poder municipal; algunos de ellos, con condiciones más endeudadas que como las encontraron. Pese a la alternancia nada sucedió.
Seguramente, las mismas componendas políticas ocurrirán en el reemplazo de autoridades municipales del año 2024. Todo cambia para seguir igual. Salvo contadas excepciones, como en Naucalpan, en el resto de los municipios no hubo denuncias para nadie; y lo que parece prevalecer es el perdón y el olvido con el pasado.
Por ahora, el poco avance en decenas de municipios se achaca a las enormes deudas financieras que les fueron heredadas; y con todo eso, los alcaldes deberán rendir su primer informe de gobierno en un plazo de sesenta días.
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La austeridad republicana ha tocado drásticamente en las últimas semanas al gobierno del Estado de México. Conforme se acerca el fin de año, las medidas de contención al gasto han sido cada vez más apremiantes en el gasto corriente de la burocracia estatal. Llama la atención que, en la víspera de tiempos electorales, se ha decidido congelar todas las plazas vacantes, reducir gastos en papelería; y han disminuido la entrega de vales de gasolina para mandos medios y superiores, lo que en algunas dependencias ha generado profunda molestia.
Lo cierto es que, el desafío electoral del año entrante, hará todavía más complicado el ejercicio presupuestal en el primer semestre de 2023, cuando la veda electoral sea el pretexto idóneo para suspender eventos públicos, entrega de programas sociales, y actos cívicos que se interpreten como difusión.
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Yolanda de la Torre, la diputada federal priísta que propuso prolongar la estancia del Ejército Mexicano en las calles, ya recibió su premio de consolación. Ayer fue designada como presidenta del Poder Judicial en su natal Durango; el único estado ganado por el PRI en los últimos cinco años. Por ahora, la alianza electoral entre PRI – PAN – PRD se mantiene en suspenso para el 2023 y el 2024.
Falta por ver si en el Estado de México, la priísta Cristina Ruiz, quien también planteó extender la presencia de las fuerzas castrenses hasta el 2029, tiene alguna recompensa de su dirigencia nacional, quien la mantiene como dirigente de la CNOP, el sector más amplio en las estructuras del partido tricolor.
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