Toluca, Edomex. 29 de junio de 2015.- El ominoso silencio que ha guardado el gobierno del Estado de México sobre la injerencia de Luz María Zarza Delgado para litigar a favor de la empresa OHL es reprobable pero por demás sospechosa. A la clase política se le puede hacer normal litigar, influir o decidir a favor de intereses particulares, sin embargo, desde el interés público que debe privilegiar todo gobierno eso es inaceptable, reprochable y altamente cuestionable. La renuncia de Luz María Zarza es lo menos que podría esperarse como decisión frente a la opinión pública.
El mismo día en que se evidenció a Apolinar Mena pidiendo favores especiales a la empresa OHL para pagarle sus vacaciones familiares, el funcionario mexiquense salió a desmentir la versión pero días más tarde se fue sin remedio. La participación de Zarza para asesorar al consorcio español y traficar influencias entre el Poder Judicial para atemperar los litigios que enfrenta OHL son aún más graves. Se vulnera el respeto al estado de derecho que pregonan los gobiernos sobre sus instituciones, y se cuestiona la autonomía de jueces y magistrados, que buscan ser influidos por el Poder Ejecutivo.
Luz María Zarza ha sido una de las funcionarias consentidas por Eruviel. De subsecretaria de asuntos jurídicos ascendió a consejera jurídica, un cargo exprofeso creado para ella, que absorbió funciones como el Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad. De tanta confianza era Luz María, que ahora se sabe, asesoraba personalmente a empresarios de OHL, con quien el gobierno mexiquense mantiene una robusta relación económica. La gran incógnita es si Zarza actuó por motivaciones propias o por instrucciones del gobernador, Eruviel, su jefe directo. Sea cual sea la respuesta, la renuncia parece insuficiente sin castigos administrativos o penales.
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Muy cuestionables parecen los programas de testigos protegidos otorgados por la Procuraduría General de la República (PGR). Pese a la protección a criminales confesos, muchos han sido ejecutados por traición a cárteles de la droga. El caso más reciente, según se ha revelado, se trata de la triple ejecución ocurrida en Plazas Outlet el pasado mes de mayo. Más allá de la capacidad del crimen organizado para consumar las ejecuciones debe cuestionarse los esquemas de seguridad hacia los testigos protegidos, y buscar otros mecanismos de argumentar sus procesos penales en contra de los grandes capos, más allá de meras declaraciones que son altamente cuestionadas, por quienes también resultan ser delincuentes.
El Penal de Máxima Seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, parece ser un gran núcleo de asentamiento de familiares y abogados de líderes criminales. Desde su creación, y el encarcelamiento de capos de la droga, ha enrarecido el clima social del Valle de Toluca. Desde entonces han proliferado crímenes vinculados con círculos cercanos a internos en la cárcel federal. Las ejecuciones en Plazas Outlet no parecen marcar excepción, cuando lo preocupante es que no haya un protocolo para atemperar el oscuro panorama del entorno que causa dicha cárcel.
Está claro que el esquema de seguridad contra el crimen organizado no ha cambiado un ápice entre el gobierno de Felipe Calderón con el de Enrique Peña. Lo único que se ha modificado es el posicionamiento de un mensaje más prudente y mesurado. Se ha pretendido modificar la percepción pública sin que ello resulte en un cambio de la realidad. Las cosas siguen como antes, con militares en las calles, testigos protegidos acribillados, ejecuciones resultado de pugnas entre grupos criminales, y un gobierno que parece inoperante, y en ocasiones hasta complaciente.
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