Toluca, Edomex. 28 de julio de 2017.- El Sistema Estatal Anticorrupción está destinado al fracaso, a partir de un órgano encabezado por cómplices del régimen político. Eruviel, con la complicidad de la legislatura mexiquense, han determinado designar a sus “cuates” para que les cuiden las manos, vigilen su riqueza patrimonial y castiguen conductas ilegales. El propósito por combatir la corrupción quedó en una mera simulación, en una buena intención, pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno.
Los primos Cervantes -Alfredo Castillo y Humberto Castillejos- han garantizado un amplio margen de maniobra en el Sistema Estatal Anticorrupción. Los principales cargos del órgano contra la corrupción responden a sus intereses personales y a sus componendas políticas. Ambos han logrado colocar a sus aliados políticos -aprovechando su cercanía con Peña Nieto- al frente del Sistema contra la Corrupción, lo que pone en duda su independencia, autonomía y eficacia.
Como Fiscal Anticorrupción fue nombrado en días pasados José de la Luz Viñas, quien en la víspera fue el contralor interno de la consejería jurídica de la Presidencia de la República, que hasta junio pasado fue encabezada por Humberto Castillejos Cervantes. En tanto, a cargo de la visitaduría general fue designada María Elena Camacho Robles, vinculada con el exprocurador Castillo, quien entonces fungió como fiscal regional en Ixtapan de la Sal. Y finalmente, Claudia Romero Landazuri, que hasta días pasados era la contralora de la Fiscalía de Justicia en manos de Alejandro Gómez Sánchez, que también llegó al Estado de México por recomendación de los Cervantes.
Para agudizar la crisis de confianza en el sistema naciente, Eruviel Ávila propuso como magistrado de una sala anticorrupción a Baruch Delgado Carbajal. Un hombre vinculado al poder, de cuyo régimen político ha acumulado su riqueza personal. Baruch, como presidente del Tribunal Superior de Justicia, recibió un revés de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligó a la liberación de los líderes de Atenco encarcelados entre 2006 y 2010. Al frente de la Codhem fue omiso para emitir alguna recomendación hacia policías ministeriales que fueron cómplices de la alteración de la escena del crimen en la matanza de Tlatlaya, ocurrida en junio de 2014.
Con las más recientes designaciones del Sistema Anticorrupción, a cincuenta días de abandonar el cargo de gobernador, Eruviel Ávila y los suyos parecen haber garantizado la impunidad contra cualquier acusación. De aquí a la próxima elección presidencial, difícilmente se verá a otro gobernador priísta tras las rejas, y eso da un respiro de tranquilidad para Eruviel y sus colaboradores. Además, el triunfo del priísta Alfredo del Mazo le otorga a Ávila mayor confianza. Aquí no se repetirá la historia de los Duarte de Veracruz y Chihuahua, los Borge en Quintana Roo, los Granier en Tabasco, los Padrés en Sonora, y muchos más.
Lo cierto es que los partidos de oposición mostraron nula resistencia hacia nombramientos que otorgan complicidad a priístas, panistas, perredistas y los que se sumen. El régimen político padece una crisis de confianza, y los esfuerzos institucionales por recuperar la credibilidad resultan un absoluto fracaso.
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