Toluca, Edomex, 27 de
febrero de 2025.- De última hora, Marco Antonio Nava y Navas logró revertir la
decisión que lo había desplazado de contender por la presidencia del Poder
Judicial. A través del Tribunal Electoral del Estado de México se revocó la
decisión que lo había descalificado de su postulación, y ya consiguió ser
candidato y su nombre aparecerá en las boletas electorales del 1° de junio. Se
suma a Héctor Macedo y Erika Icela Castillo, quienes pretenden alcanzar la
presidencia del TSJ, quienes por las reglas de la elección, no tuvieron que
sujetarse a la evaluación ni tampoco a la insaculación.
Con más candidatos
altamente competitivos -en el caso particular de Nava, Macedo y Castillo, por
los grupos de interés que representan entre los círculos del poder público, eso
alienta a tener una mayor participación de electores; pero también a que la
votación pueda atomizarse, y en consecuencia, a que la legitimidad del ganador
se reduzca en la preferencia electoral definitiva.
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Hay un vacío legal
preocupante en la elección judicial en curso. Con una redacción hecha muy a
prisa, nadie tuvo recato para reflexionar sobre la postulación de aquellos
servidores públicos en funciones desde órganos autónomos -llámese Codhem, Infoem,
TJA-, y no se estipula que deban renunciar para afrontar la contienda
electoral. De tal manera que, la decisión quedará a discreción de las y los
candidatos a magistraturas y juzgados. Lo que no está prohibido, está permitido,
reza todo cumplimiento de la legalidad.
Lo cierto es que, aun cuando
dimitan a sus despachos, tendrán una ventaja respecto del resto de los contendientes
en los comicios, porque está a su disposición su equipo de asesores, recursos
materiales y presupuestales que se gastan a discreción, bajo el manto de la
autonomía institucional, y en medio de una elección que deja un cumulo de dudas
por lo inédito del proceso. Los órganos electorales y jurisdiccionales tendrán
mucha materia para supervisar y sancionar posibles conductas irregulares frente
a una contienda ya inequitativa.
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Hasta ahora, los tres
Poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, han sorteado favorablemente las
etapas de registro, evaluación e insaculación de los candidatos y las
candidatas de la elección judicial. Sin embargo, ahora viene por delante una fase
de alta complejidad, relacionada con las campañas electorales que comienzan
hasta finales de abril, pero que serán muy distintas a las actividades proselitistas
tradicionales. Aunque parece que, dolosamente, a grandes sectores del poder
público les conviene una baja participación para facilitar el acceso de la
clase gobernante tradicional a los cargos en disputa.
Aunque los partidos políticos
no podrán participar abiertamente de la elección judicial, existen huellas indelebles
de su incidencia en los comicios venideros. Hay connotados morenistas, priístas
y los panistas -con todo y su resistencia a la reforma judicial del PRIAN-, lo
que advierte que también habrá prácticas perniciosas que habrá que corregir en
el futuro con nuevas reformas electorales, y evitar que los partidos contaminen
lo que debiera ser un tema de la sociedad civil.
