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Toluca, Edomex. 26 de marzo de 2019.- La transparencia y la rendición de cuentas de un gobierno, camina en rutas paralelas sobre la publicidad de datos personales. La declaración patrimonial de la clase gobernante debe entenderse como un ejercicio democrático, que permite entender cuánto ganan, qué ingresos tienen y en qué se lo gastan los políticos. La reciente publicación en Plana Mayor de la evolución patrimonial de la élite política, no debiera causar tanta preocupación si no hay nada que ocultar.

Como país y como estado, llegamos muy tarde a la transparencia. Casi dos siglos después que naciones europeas. Todavía hay un amplio margen de maniobra para que los gobiernos locales manejen a su antojo la información pública. Lo cierto es que, la clase gobernante debe estar sometida de forma permanente al escrutinio público, y desde ahí tener una conducta ejemplar. Señalar, analizar y revelar su riqueza patrimonial no tiene intereses ocultos, personales o políticos. Simplemente es un asunto de interés colectivo.

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Hasta hace algunas semanas, miles de toluqueños se quejaban amargamente de las filas de automóviles en las gasolineras, con motivo del desabastecimiento de combustible. Ayer no importó la larga espera, de casi doce horas, con la que algunos toluqueños decidieron aguardar en la Plaza de los Mártires para ingresar al concierto de los Ángeles Azules. Desde muy temprano, la gente comenzó a formarse, aguantar el intenso sol, y asegurar un buen lugar en la serie de espectáculos que organiza el Ayuntamiento de Toluca.

Sin duda, estamos frente a una analogía simplista. La población busca, y exige del gobierno, un mínimo esfuerzo para alcanzar sus metas. Se niega a formarse para cargar combustible. Pero prefiere esperar horas, antes que comprar un boleto para el que muy probablemente tampoco tenga dinero. Con una sociedad tan poco deliberante sólo resta decir el lugar común, que se tiene el gobierno que se merece, sin importar filias políticas.

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Hay asuntos que la Fiscalía General de Justicia deja para el olvido. Hace casi un año, una serie de acontecimientos violentos ocurrieron durante el proceso electoral y nada ocurrió. Un solo ejemplo, el asesinato del candidato priísta a alcalde, Francisco Rojas San Román, que con urgencia relacionaron como un asalto y ya nunca más se supo nada del caso. Y como ese homicidio, hubo otro conjunto de expedientes que enmarcaron una elección convulsa.

Apenas, en Atizapán de Zaragoza ocurrió el asesinato del segundo regidor, y todo pretende limitarse a otro robo personal. Lo que llama la atención es la prontitud con que la Fiscalía General de Justicia arma hipótesis únicas para evitar conjeturas. Desdeña la actividad política de las víctimas, pero difícilmente llegan a conocerse el desenlace de sus indagatorias.

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