Toluca, Edomex; 25 de noviembre de 2024.- Asestar un golpe de autoridad como el que se dio el pasado viernes, con el encarcelamiento de siete funcionarios públicos municipales por sus vínculos con el crimen organizado, tendrá diversas consecuencias políticas y sociales. Se trata sí, de una operación histórica, en una coyuntura singular: la víspera de la conclusión de mandato de los gobiernos locales hoy cuestionados e investigados; y un alertamiento máximo para los alcaldes que están por asumir funciones dentro de apenas 36 días.

La terca memoria de la política mexicana, hace recordar en un hecho semejante, lo ocurrido durante el calderonato con el llamado Michoacanazo, con la detención de 11 alcaldes y 16 altos funcionarios, todos acusados de colusión con la delincuencia organizada. Tras el impacto mediático y varios meses de prisión, todos salieron libres, y recibidos como héroes por sus bases electorales. Es deseable que con la “Operación Enjambre” se tengan las pruebas suficientes para que no se repitan escenas del pasado. Ese es el desafío que ahora está en manos de las autoridades de procuración de justicia del estado.

Una vez más, se demuestra que es el gobierno federal quien marca la toma de decisiones en los estados; ya sea con los programas sociales, el desarrollo de infraestructura pública, la centralización del sistema de salud y ahora con la estrategia de seguridad. Mientras la Fiscalía de Justicia del estado anunciaba tímidamente el operativo puesto en marcha y sus detenciones; desde la capital del país, Omar García Harfuch, se atribuía la autoría intelectual y material de la Operación Enjambre. Desde Palacio Nacional se marca la agenda pública.

Para la reflexión debe caber el grado de descomposición de las policías municipales. El problema que aqueja al Estado de México, no sólo queda en la incapacidad de las policías preventivas para combatir al crimen organizado; ahora se puede ratificar lo que parecía evidente: la alta complicidad de agrupaciones delincuenciales con los mandos policíacos de varios municipios. Los poderes fácticos, era un secreto a voces, tenían una alta injerencia política en el sur del estado; sin embargo, las detenciones recientes ponen en evidencia que han logrado penetrar en toda la geografía del territorio estatal.

Hacia el futuro inmediato, los alcaldes que están por asumir su encargo el 1° de enero de 2025, deberán tener una preocupación prioritaria sobre su escritorio: la designación del comisario de seguridad pública, cuyo nombramiento -por sugerencia de la secretaria estatal del ramo-, deberá ser sometida a consideración de las autoridades estatales. Se manda un mensaje contundente de que desde el Palacio de Gobierno se controlará, se investigará y se marcará la estrategia en materia de seguridad. Y los alcaldes que no lo hagan podrán atenerse a las consecuencias políticas y judiciales ya puestas en marcha.