Toluca, Edomex. 25 de octubre de 2016.- La justicia en el Estado de México, más allá de ser un asunto de legalidad parece estar ligado a componendas políticas del poder. Emir Garduño Montalvo, mejor conocido como #LordRollsRoyce, tiene un pie fuera de la cárcel. Su cercanía con el poder, le posibilitará su libertad en las próximas horas. En contraste, el exalcalde de Naucalpan, David Sánchez Guevara, suma ya más de un año en prisión, pero sin indicios de que pueda librar los procesos penales en su contra.
Emir Garduño, hombre incondicional y de irrefutable proximidad con el diputado federal, César Camacho, pudo alcanzar un beneficio justiciero para pagar 5 millones de pesos, pese a estar acusado de lavado de dinero. Sin haber comprobado el origen de 60 millones de pesos, el también hermano del regidor por Metepec, Jair Garduño -entrenador personal de Camacho, conocido como #LordCleta por su afición a la bici-; enfrentará el juicio en libertad con las reservas de ley.
Sánchez Guevara, antes uno de los consentidos del poder priísta, fue diputado federal y alcalde de Naucalpan. Tras ganar una diputación federal en 2015, cayó de la gracia de la clase gobernante, y antes de tomar posesión del cargo que le otorgaría fuero, fue encarcelado acusado de desvío de recursos públicos. David enfrenta un distanciamiento del poder público con tufo de venganza política. Es imposible pensar en una negociación de la ley, en tanto Eruviel permanezca como gobernador, y enfile sus herramientas en contra del exedil priísta.
Las excentricidades de Emir y Sánchez Guevara parecen no tener distancia. Caracterizados por la frivolidad, el derroche, la arrogancia y el abuso del poder. Ambos parte de una misma élite que convive, coincide y comparte. Enriquecidos al amparo del poder público, hoy gozan de una justicia diferenciada, basada en las decisiones políticas por encima de las pruebas legales. La connivencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial pone en entredicho la autonomía de poderes y el equilibrio de pesos y contrapesos. Ambos poderes parecen actuar en función de intereses particulares para aplicar la legalidad. La justicia responde a los compromisos y arreglos de una perniciosa clase gobernante.
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La inseguridad en Naucalpan ha escalado a niveles inusitados. El temor se ha apropiado de las zonas residenciales. La incidencia criminal no puede reducirse a un complot en agravio de un alcalde que quiere ser gobernador. Edgar Olvera acusa que la desazón social es promovida por grupos de priístas. No hay duda que en muchos movimientos sociales imperan los intereses partidistas. Lo cierto es que la ocurrencia delictiva no puede reducirse en discursos maniqueos ni argumentos tan frívolos. Tan culpables los priístas como los panistas.
La estadística delictiva que hoy padece Naucalpan, no es un tema que haya surgido en los últimos diez meses. La realidad lacerante de homicidios, violaciones, secuestros y robos, son herencia de una década en abandono. Aquí han pasado gobiernos panistas y priístas que han sido omisos, negligentes, cómplices e ineptos. La sociedad queda en medio del problema. La solución no es echar culpas sino asumir responsabilidades. Los políticos ven dividendos electorales por encima de respuestas.
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