Toluca, Edomex; 25 de septiembre de 2026.- Una vez que transcurra el tercer informe de gobierno de Delfina Gómez Álvarez, se deberá priorizar la glosa del mismo; es decir, la comparecencia de secretarias y secretarios del gabinete. Ahí, parece necesario extender la presencia de integrantes del gabinete, no sólo ante el pleno legislativo, sino incluso ante comisiones del Congreso mexiquense. El último año, ha dejado la necesidad de explicar varias acciones, y también aquellas omisiones que marcaron la agenda pública del gobierno estatal.
En este listado deberían incluirse el secretario de Educación y la secretaria del Medio Ambiente, Miguel Ángel Hernández y Alhely Rubio Arronis, donde se exhibieron casos de corrupción. Hay funcionarios detenidos, pero se vuelve imperioso encontrar explicaciones y respuestas del estado actual de sus dependencias. Otras dos áreas fundamentales, porque son reconocidas por la mandataria estatal con desafíos pendientes: la secretaria de salud, Celina Castañeda; y Joel González Toral, titular de la Junta de Caminos.
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El municipio de Tenancingo todavía tiene varios capítulos. Ayer jueves, la auditora superior del OSFEM, Liliana Dávalos Ham se reunió con la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, con el propósito de realizar la apertura de la Auditoría de Cumplimiento Financiero al Ayuntamiento de Tenancingo. Estas acciones de investigación derivan del presunto autosecuestro imputado por la Fiscalía de Justicia del Edomex; cuyo hecho delictivo se habría planeado para sanear un desfalco financiero por 40 millones de pesos.
La indagatoria sobre el presunto desvío de recursos públicos ahora está en la cancha del OSFEM, que deberá desarrollar trabajos de revisión conforme a sus atribuciones de fiscalización. En un plazo de apenas tres meses, se deberán realizar observaciones ante presuntas irregularidades administrativas. Las acciones de auditoría deberían apartarse de componendas políticas, más aún cuando están en puerta las definiciones electorales del 2027.
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La Suprema Corte atrajo el caso de la Estafa Maestra -un entramado de corrupción que puso al descubierto un manejo financiero irregular en el sexenio de Enrique Peña-, con el propósito de determinar si la ASF tiene facultades legales para inconformarse por la exoneración de exfuncionarios federales involucrados en el desvío de recursos públicos. Lo que se exhibe, al final del camino, es que a pesar de demostrar la corrupción al interior del gobierno, lo único que prevaleció fue la impunidad de quienes actuaron ilegalmente.
