Toluca, Edomex, 24 de marzo de 2023.- El Salario Rosa, programa insignia del gobierno de Alfredo Del Mazo, se ha ejecutado durante los últimos cinco años de su mandato. En ese periodo, el mandatario estatal ha encabezado 180 actos públicos para repartir las tarjetas bancarias, donde cada dos meses se depositan 2 mil 400 pesos a las beneficiarias.
En promedio, cada diez días -incluyendo los tiempos de pandemia por covid-19 y la veda electoral de 2021-, el gobernador ha dedicado un acto masivo para presumir el cumplimiento de su principal promesa de campaña electoral. A la distancia, ha beneficiado 700 mil mujeres.
Durante el proselitismo delmacista de hace seis años, las redes de activismo coordinadas por Eric Sevilla se dedicaron a entregar miles y miles de tarjetas de cartón alusivas al Salario Rosa, cuyo padrón de beneficiarias aún resulta muy por debajo de las personas promovidas como votantes hace seis años.
Con el tiempo, Sevilla -junto con Eduardo Flores- sería el responsable de diseñar las estructuras denominadas Procura, que se extienden por los 125 municipios y las más de 6 mil secciones electorales. Ahí estuvo el gran esfuerzo gubernamental.
Desde su creación, Flores instruyó a los coordinadores municipales del programa distanciarse de las estructuras partidistas, y evitar vínculos de beneficiarios con las estructuras municipales de alcaldes priístas.
Sin embargo, el Salario Rosa siempre ha sido acusado por la oposición como un esquema clientelar con fines electorales. Si la premisa resulta cierta, en los primeros meses de este año se han beneficiado a más de 400 mil mujeres, en cuyo escenario, apenas sería una séptima parte de los votos necesarios para ganar la elección del 4 de junio.
En contraste, una de las grandes promesas incumplidas por el gobernador Del Mazo, será la instalación de videocámaras de seguridad en las unidades del transporte público, como estrategia para inhibir la incidencia criminal.
Durante la primera mitad de su mandato -entre 2017 y 2020-, el gobernador estatal también se dedicó a la entrega de camiones y combis con las cámaras de vigilancia. Los videos captados en el transporte público permitieron detener a algunos criminales, pero fue un detonante que viralizó el riesgo de viajar por las calles del Estado de México.
En octubre de 2020, la secretaría de Movilidad se fusionó con la de Comunicaciones; y desde entonces, el programa fue archivado para no incomodar a los concesionarios del transporte de pasajeros.
Y mientras el robo en el transporte público sigue con una alta incidencia; ya no existió mayor seguimiento a las cámaras de videovigilancia, lo que sí se mantiene como una exigencia recurrente es incrementar, de nueva cuenta, las tarifas del pasaje, sin que las unidades sean renovadas o regularizadas. Los intereses políticos se sobreponen a las promesas de las campañas electorales.
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