Toluca, Edomex. 23 de julio de 2015.- Entre más pasa el tiempo, las autoridades mexiquenses apuestan a que el olvido genere una exoneración de facto respecto del escándalo de la empresa OHL y la posible corrupción en la construcción y administración de dos obras carreteras emblemáticas en la entidad. Nada se sabe de las investigaciones administrativas emprendidas por el gobierno eruvielista sumido en la peor crisis institucional de los últimos diez años, ante presuntos sobreprecios en la edificación del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Elevado Bicentenario. Todo un fraude.
Los saldos hasta ahora fueron la remoción de Apolinar Mena y la exoneración expedita de Luz María Zarza, a pesar de sus sospechosas reuniones para litigar a favor de OHL. Han pasado casi tres meses de la primera revelación, y el gobierno mexiquense no ha mostrado una evidencia contundente para deslindarse de las acusaciones. Mientras OHL sigue gozando de privilegios. El fondo del asunto no ha sido concluido ante la duda de que ha operado un fraude en la fijación de costos del peaje en dichas vialidades.
El asunto que impacta también al gobierno federal se ha pretendido subsumir a un asunto menor. Si bien, la fuga de El Chapo Guzmán y la fluctuación del dólar han mantenido una mayor atención de la agenda setting, resulta inevitable y necesario no olvidar un escándalo como el que envuelve a OHL, que evidencia el grado de complicidades entre autoridades y empresarios para obtener beneficios mutuos. En tiempos en que la lucha contra la corrupción pretende ser paradigma, se requiere poner la muestra para castigarla.
Al final, lo que más preocupa es que los beneficios que obtiene OHL por empuje de las autoridades podrían no ser un caso exclusivo y aislado. La sospecha también recae en otras empresas y demás obras vinculadas con Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, Prodemex de Olegario Vázquez Raña e Interacciones de Carlos Hank. Las cuantiosas inversiones privadas que han plagado de obra pública a la entidad en los últimos tres sexenios. Empresarios que han multiplicado sus fortunas mediante el financiamiento de dinero público.
Aunque el gobierno mexiquense presume de una prolífica obra pública en el Estado de México, lo cierto es que en su mayoría, toda la red carretera -centro de la sospecha corruptora- ha sido privatizada. Trasladarse de un punto a otro del Estado de México puede resultar más rápido pero más costoso. Los mexiquenses pagan por servicios concesionados a los que el Estado está obligado a ofrecer. Y en el colmo, se advierte que esos precios son elevados y parte de un fraude en agravio del usuario.
En el otro extremo, los Proyectos de Prestación de Servicios, como la ampliación de la Vialidad Las Torres, son concesionadas a la iniciativa privada, generando una deuda transexenal. Una obra que es construida en un sexenio constituye una deuda a pagar por los siguientes 30 años. Los empresarios voraces en sus negocios han embargado el futuro de las finanzas públicas con la complicidad y anuencia de las autoridades mexiquenses, las presentes y las pasadas. Algo huele muy mal.
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