Toluca, Edomex; 18 de septiembre de 2024.- La etapa más esperada por la comentocracia después del primer informe de gobierno, está encaminada a los posibles ajustes que realice la gobernadora Delfina Gómez, porque eso supondría un reacomodo de los grupos políticos que rodean a la titular del Poder Ejecutivo. Si algo ha sorprendido en este primer año de gobierno, es que la mandataria estatal tiene su propio grupo político -su círculo más cercano- y que no se ha sometido a quienes la formaron políticamente. Si comparte el poder, y eso también incomoda a quienes no pertenecen al Grupo Texcoco.

Lo cierto es que tras doce meses de gobierno, hay algunos secretarios del gabinete que difícilmente podrían ser nombrados por la opinión pública. Han pasado desapercibidos en el ejercicio de sus funciones. Otros más, han resultado sobresalientes porque han sido víctimas de su impericia o del fuego amigo. En ese puñado, transcurren las apuestas de quienes podrían irse en las próximas semanas. Quienes se sienten más seguros, son quienes sí pertenecen al equipo de confianza de la gobernadora, algunos vienen con ella desde el Ayuntamiento de Texcoco, y otros se han sumado en el Senado o en la Secretaría de Educación.

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Promulgada la reforma al Poder Judicial, los estados deben legislar en un plazo de seis meses las adecuaciones locales. Es decir, hacia el mes de febrero, deberá haber ya modificaciones legales instrumentadas en las entidades. Ahora sí, el Estado de México deberá dar muestra de su fortaleza política e institucional. Está obligado por su historia y por sus capacidades a ser de los primeros estados en tener su propia reforma estatal. Será una prueba de fuego para la Consejería Jurídica de la Gubernatura -que delineará el proyecto- y para la fracción legislativa de Morena, que deberá marcar la pauta de la agenda legislativa.

Lo que se vuelve un asunto prioritario, es lo que ocurrirá en el Poder Judicial encabezado por Ricardo Sodi, quien concluye su gestión al frente del Tribunal Superior de Justicia en el mes de enero de 2025. En el mundo ideal, los diputados locales podrían aprobar la reforma estatal en diciembre, y dar certeza al proceso sucesorio al interior del Poder Judicial mexiquense. Para que eso ocurra, el proceso legislativo debería reducir a cuatro meses, entre los que debería transcurrir foros legislativos, la redacción de la reforma, el debate y la aprobación parlamentario, y si conlleva una reforma constitución local, ser avalada por al menos 63 cabildos municipales. No es una tarea sencilla.

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En el Partido del Trabajo es poco el amor y lo matan a celos. Es evidente la fractura interna que existe entre el grupo de Óscar González Yáñez y Fernando Vilchis. Cada quien transita por su lado, con la ambición de hacerse del control político, ya sea en el partido o en el Congreso local. Han sido incapaces de ponerse de acuerdo hasta para tener una agenda común. La lucha de egos no es una buena receta cuando se trata de ejercer el poder político o público.