El anuncio de Eruviel Ávila Villegas para informar que a partir de ayer jueves sólo serán 300 mujeres -agentes de tránsito- las autorizadas para levantar infracciones en cuestiones viales del Estado de México, parece una broma de mal gusto, que cayó como balde de agua fría en la oficina de Rogelio Cortéz Cruz, hecho famoso entre la opinión pública por dar clases a sus subordinados sobre cómo ejercer la difícil tarea del «cohecho» o lo que es lo mismo: ¡la mordida!. Llevar al terreno de los hechos, el supuesto de que los hombres son más corruptos que las mujeres ha calado hondo en el ego del comandante «Cronos» y su círculo cercano.
Pese a todo, Rogelio Cortés sigue en la nómina de la recién creada secretaría de Seguridad Ciudadana. En el gobierno de Eruviel Ávila se valora su remoción para que sea esta acción contundente la que limpie paulatinamente la imagen de la policía estatal. Cortés se ha convertido desde hace al menos un par de sexenios en figura emblemática de los asuntos de seguridad pública en la entidad. Desde los tiempos en que Carlos Iriarte se desempeñaba como director general de Seguridad Pública, se hablaba de los modos poco ortodoxos de Rogelio Cortés para aplicar los reglamentos de tránsito en la entidad.
Tan es así, que al final del sexenio del montielismo, la entonces dirección general de Seguridad Pública enfrentó a los cuerpos de tránsito municipales de Naucalpan y Tlalnepantla que decidieron infraccionar faltas viales en el mismísimo Periférico Norte -considerada la mina de oro para los muchachos de Cortés Cruz-. El asunto desembocó en que por ser considerada ésta una vía estatal, que interconecta a varios municipios, era zona exclusiva de los agentes estatales, y se debió dar marcha atrás a la iniciativa de las policías municipales de instalarse en una arteria vehicular de gran, pero gran retribución económica.
Hasta ahora, la creación de la secretaría de Seguridad Ciudadana no ha pasado de ser un buen deseo por mejorar las condiciones inseguridad que padecen los mexiquenses. De fondo, la nueva dependencia cuenta con casi 14 mil elementos que parecen insuficientes para disuadir el delito en la entidad más poblada del país, distribuida en 125 municipios y conformada por 15 millones 100 mil habitantes. Aún más, la formación policíaca pasa todavía por un trabajo mal remunerado, poco profesionalizado, y donde encuentran alojo personas desempleadas, y no tanto comprometidas o capacitadas con la función de prevenir y atacar a la delincuencia.
La secretaría General de Gobierno que encabeza Ernesto Nemer Álvarez ha quedado reducida a una simple oficialía de partes. Le han extirpado cerca de 16 mil servidores públicos -la mayoría policías- que hacían de su dependencia la segunda en importancia administrativa. Hoy, la oficina de Nemer será una simple interlocutora entre actores políticos de la entidad, que como están las cosas ni falta hace, porque la oposición partidista por ejemplo, está reducida a su mínima expresión. Políticamente Nemer perdió mucho, y Salvador Neme se sacó la lotería. Se trata no sólo de la segunda dependencia más robusta del sexenio, sino quizá la más beneficiada económicamente, y a la que -según el compromiso de Eruviel Ávila- se le duplicarán los recursos financieros.
Lo que se tratará, entre otras cosas, es evitar el uso político que se le daba a la Policía Estatal. Nadie olvida por ejemplo, la represión que ejercieron elementos policíacos, en un mitín político del año 2004 en contra de priístas, que habían asistido a un acto proselitista del entonces precandidato a la gubernatura Isidro Pastor Medrano. La Policía Estatal -entonces dirigida por Luis Rivera López- era un aparato de inteligencia que amenazaba y actuaba en contra de sus opositores políticos, cuando la «cargada» partidista ya anunciaba como su candidato a Enrique Peña Nieto. Y como ese, los casos sobran para explicar represiones contra el PAN y el PRD.
Dentro de los nuevos retos de la flamante secretaría de Seguridad Ciudadana, está el evitar la represión social como ocurrió en el caso de San Salvador Atenco, hace ya cosa de 5 años. Los cateos irregulares, los allanamientos de morada, las detenciones arbitrarias y las vejaciones sexuales -acreditadas por organizaciones de derechos humanos- dieron muestra de la barbarie, de la poca preparación de muchos policías, y de su operación como aparato de represión política. Lo que ahí se atacó fue una movilización social, y no se evitó ningún delito, por el contrario, se cometieron muchos en agravio de inocentes. El saldo fue negativo, y hasta hoy no ha habido muestras de que sus protocolos de actuación hayan sido modificados.
