Toluca, Edomex. 15 de noviembre de 2016.- Los jaloneos por ajustar el paquete presupuestal del año entrante tendrán un damnificado inmediato. El Instituto Electoral del Estado de México había solicitado un presupuesto por 2 mil 346 millones de pesos; sin embargo, en el anteproyecto presentado por el gobierno mexiquense sólo se le asignan 2 mil 188 millones de pesos. Es decir, se le autorizan 158 millones de pesos menos a lo solicitado. La situación no queda ahí, tanto PAN como PRD prevén restarle otros 50 millones de pesos a las pretensiones del IEEM, con todo y que el año entrante se realizan elecciones.
Por separado y en privado, ayer los legisladores panistas y perredistas se reunieron con el secretario de Finanzas, Joaquín Castillo, en donde expresaron hondas preocupaciones sobre el gasto público. Las críticas de la oposición se concentraron no sólo en la distribución del presupuesto del próximo año, sino particularmente en un deficiente ejercicio fiscal por parte del gobierno estatal.
Uno de los rubros de mayores carencias para los mexiquenses es el sector salud. A pesar de las cifras alegres y la realidad que dibuja Eruviel Ávila, hay hospitales sin terminar, una deficiente e insuficiente atención médica, escasez de medicamentos y falta de personal especializado. Con un panorama desolador, la Secretaría de Salud que encabeza César Gómez Monge registra un subejercicio presupuestal, es decir, no ha tenido capacidad para gastar el presupuesto asignado. La conclusión a la que han llegado los legisladores, es que el sector salud padece de una enfermedad terminal, pese al presupuesto asignado.
Un caso semejante se contempla en los temas de seguridad pública y procuración de justicia. Año con año se han asignado aumentos presupuestales con resultados deficientes. La cruenta violencia que azota al Estado de México, es muestra inequívoca de que la estrategia de combate al crimen ha fallado, o los recursos no se aplican de forma adecuada. Los diputados de oposición han lanzado una advertencia para no firmar un cheque en blanco a un sector que ha ido de tumbo en tumbo, y de fracaso en fracaso.
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Un nuevo revés acumula el equipo jurídico de mexiquenses Alfredo Castillo Cervantes y Alberto Bazbaz Sacal. Ese dúo, responsable de la investigación del caso Paulette en el Estado de México, ahora se ha topado con pared en las acusaciones penales en contra de Elba Esther Gordillo. En la víspera, un juez federal exoneró a la exlideresa magisterial por el delito de defraudación fiscal. La razón fue que de forma sistemática, la PGR ocultó la averiguación previa a la defensa jurídica de Gordillo, lo que implicó una violación a sus derechos humanos.
Por si fuera poco, para acumular mayores bondades a Alfredo Castillo y Alberto Bazbaz, responsables de integrar la averiguación en contra de Elba Esther, un juez federal determinó que la indagatoria fue inconstitucional e ilegal, además de que las pruebas recabadas son ilícitas. Gordillo, quien en febrero próximo cumplirá cuatro años en prisión, ha ganado otra batalla al gobierno peñista.
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