Toluca, Edomex; 13 de septiembre de 2024.- El Estado de México parece alistarse a la reforma judicial, pero a nivel local, una circunstancia que podría ejecutarse para el 2025. Hay elementos para pensar que no habrá avasallamientos del régimen. Hay señales para advertir que no habrá omisiones ni alevosía. Todos los actores políticos tienen -en la reforma federal- una lección de lo que no debe suceder ni deben permitirse. Hay claroscuros que deben rescatarse y otros evitarse. El Poder Judicial es perfectible en muchos ámbitos.

Elías Rescala, coordinador de la bancada priísta, ha lanzado un guiño para considerar que hizo falta debate y opiniones de todas las fuerzas políticas, incluso, del propio Poder Judicial. Desde Morena se ha abierto la puerta para realizar foros legislativos. Involucrarse de origen, podría construir una reforma en donde las minorías legislativas se hagan escuchar, y para que los trabajadores del Poder Judicial realicen sus propias iniciativas. El bloque opositor debe transitar del no rotundo, a una bisagra de consensos y acuerdos.

Para el mes de enero de 2025, está programada la renovación en la presidencia del Poder Judicial del Estado de México. Para entonces, no habrá ni por asomo una reforma a nivel local, por lo que su elección deberá tratarse conforme a las formas legales y políticas siempre acostumbras por las élites de la alta burocracia judicial. Lo cierto es que su nuevo titular podría no durar cuatro años en el cargo, porque en el corto plazo, se advierten los ajustes legales que llevaría a la elección de magistrados y jueces en el ámbito estatal.

Ricardo Sodi ha logrado una capacidad de adaptación política con el régimen morenista. Su pretensión está encaminada a incidir en el futuro de corto plazo en el Poder Judicial. Cuidar los intereses y los privilegios de la burocracia judicial. En la coyuntura actual, ya no hay opiniones uniformes ni construcciones políticas homogéneas al interior del Tribunal Superior de Justicia. La reforma judicial se ha politizado, y eso deslegitima que posiciones personales puedan asumirse como posturas institucionales. Son los nuevos tiempos del régimen político.

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Paola Jiménez se robó los reflectores de la aprobación de la reforma judicial. Vergonzoso el revanchismo personal de Melissa Vargas quien jamás la pudo sumar a su campaña fallida por la alcaldía de Toluca. Aníbal González se convirtió en el chivo expiatorio -de la dirigencia estatal- para emprender la expulsión contra la diputada sin partido. El PRI en Toluca está sumido en una crisis política, y en su peor momento -por la herida que les ha causado Raymundo Martínez-, expulsa a su única legisladora. Vaya manera de resquebrajarse.

Y por si esto fuera poco, Alejandro Moreno y Carolina Viggiano tienen un pie afuera de la dirigencia nacional del PRI. Si esto se consuma, todos deberían advertir que el control del priísmo podría tomar un nuevo rumbo, y que la toma de decisiones pueda asumirse a larga distancia, desde Madrid, España. ¿Alguien recuerda aquella felicitación a Claudia Sheinbaum a través de X?