Toluca, Edomex; 9 de octubre de 2024.- El reto más desafiante que tendrán los 125 alcaldes que entran en funciones el 1° de enero será el tema de la inseguridad, más en momentos tan complejos como los ocurridos tanto en el Estado de México como en otras entidades del país, en donde la autoridad local también es la más vulnerable. Ahí, debería hacerse una estrategia particular, por encima de los burocráticos procesos de entrega – recepción que solo marcan requisitos administrativos.

Revisar el estado de descomposición de las policías municipales debería ser una prioridad para los alcaldes electos, sin importar las filiaciones partidistas. Conocer si hay presidentes municipales que, al momento, hayan sido objeto de amenazas por parte de la delincuencia organizada. En los municipios, donde sus comisarios de seguridad han sido detenidos por estar coludidos con criminales, tomar acciones emergentes con la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad. No basta con que los directores de seguridad pasen por controles de confianza, o que estos sean aprobados por el gabinete de seguridad estatal.

A la infiltración de la delincuencia común y organizada, hay que sumarle la insuficiencia de elementos de policías municipales en municipios medianos y grandes; la precariedad salarial y la falta de capacitación; el equipamiento obsoleto. El combate a la inseguridad siempre forma parte de las promesas de campaña, pero en el ejercicio de gobierno se reduce a entregar uniformes, comprar patrullas nuevas, y voltearse a otro lado para ignorar el problema.

Los hechos de violencia en el estado de Guerrero, marcan la pauta de lo complejo que es la gobernabilidad en el sur de la entidad. Sin embargo, la influencia criminal se ha extendido a otras regiones de la geografía estatal, como en municipios del norte, donde algunos poblados ya viven asolados por grupos delincuenciales. Sin dejar de lado, que las zonas urbanas como el Valle de Toluca y el Valle de México enfrentan una delincuencia común que durante muchos años ha sido desatendida por negligencia u omisión de los últimos alcaldes.

Es cierto, el Estado de México no presenta altos niveles de homicidios dolosos si se considera la tasa por cada cien mil habitantes, sin embargo, mientras haya otros delitos que laceran la integridad y el patrimonio de los mexiquenses la tarea está incompleta. La gobernadora Delfina Gómez le ha otorgado un tema prioritario en la agenda pública, aunque el asunto no se resuelve por mera voluntad política. Los municipios también deben involucrarse en el asunto.

La comparecencia de Cristóbal Castañeda dará cuenta de las acciones de los últimos doce meses, aunque él solo lleva tres meses en el cargo. Su corta estancia al frente de la dependencia no debe ser pretexto para conocer cuál es la estrategia del estado frente a la delincuencia, y en qué se diferencia de los gobiernos de Montiel, Peña, Eruviel y Del Mazo, para saber si hay procesos y estrategias diferentes que hagan pensar en que habrá resultados diferentes.