Toluca, Edomex. 8 de agosto de 2016.- La dinastocracia sigue imponiendo condiciones, pero sobre todo a la camada de juniors como herederos del ejercicio del poder político. El pasado sábado, José Ozuna Rodríguez -autonombrado como Pepe Ozuna- se convirtió en el nuevo dirigente municipal del PRI en Toluca. Hijo del longevo Alejandro Ozuna -exsecretario de Desarrollo Social y actual titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación-. Los Ozuna, como la clase gobernante mexiquense, conciben el poder político como un negocio familiar con características básicas de heredar su hegemonía.
La única virtud de Pepe Ozuna es ser hijo de Alejandro Ozuna, un viejo político que promueve la carrera política del hoy presidente priísta de la capital mexiquense. En la pasada administración municipal, Ozuna se convirtió en regidor sin una gestión destacada, sino parte de su ascenso al poder por encima de la meritocracia de la militancia. Hoy Alejandro Ozuna, es uno de los hombres más cercanos al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda. Ha permanecido en el poder por más de cuatro sexenios del priísmo mexiquense.
En el ungimiento de Ozuna estuvo más de la clase política toluqueña: María Elena Barrera y su hijo, el viajero Chico Barrera; la regidora Rosario Velasco, hermana de Pepe Velasco -hoy delegado de la Secretaría de Economía-; los diputados locales, Raymundo Martínez y Omar Velázquez; la diputada federal, Martha Hilda González; el diputado por la Ciudad de México, Jesús Izquierdo; los exalcaldes suplentes, Braulio Álvarez y Guillermo Legorreta; y el actual alcalde, Fernando Zamora, arroparon al heredero del poder en el priísmo toluqueño.
En la elección interna estuvo el dirigente estatal del PRI, Carlos Iriarte Mercado, quien ha intensificado placearse en su aspiración por convertirse en candidato a gobernador. Lo cierto es que en la medida en que Iriarte legitima el ascenso al poder de la dinastocracia, el actual dirigente estatal alienta los intentos de que el poder político se herede, quizá su mayor fobia en el proceso interno priísta para seleccionar el candidato a gobernador, sabedor de que no cuenta con carga genética que le favorezca. En el pecado podría llevar la penitencia.
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Los casos de David Sánchez Guevara y Emir Garduño Montalvo son asuntos emblemáticos de la justicia selectiva que prevalece en el Estado de México. Se trata de un político y un empresario, que durante años permanecieron en la cúspide del poder con la connivencia de la clase gobernante, pero que han caído en desgracia, producto de su indisciplina con quienes hoy detentan el poder, y hoy enfrentan desde la cárcel, severas imputaciones penales por conductas ilícitas que parece inverosímil lo hubieran hecho sin la complicidad de otras autoridades de muy alto nivel.
Este este mes, Sánchez Guevara cumplirá un año en prisión sin que hasta la fecha se conozca de una sentencia, o lo que es lo mismo, se haya acreditado la comisión de alguno de los delitos de los que se le acusan. Mientras que Emir Garduño acumula más acusaciones, ahora por la operación con recursos de procedencia ilícita, en una actividad empresarial que se conoce, involucra la sociedad mercantil con connotados políticos a nivel nacional. Ambos, tienen por delante una afrenta personal cuesta arriba encarcelados.
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