Toluca, Edomex. 7 de julio de 2015.- Mucha prisa no existe en el gobierno del Estado de México por la fusión de las secretarías de Comunicaciones y de Obra Pública, que dará surgimiento a la Secretaría de Infraestructura, que convertirá en súper secretario a Erasto Martínez Rojas. Ya pasaron casi dos semanas de que Eruviel Ávila anunció la creación de la nueva institución y en la legislatura también transcurrió un periodo ordinario sin que hasta el momento se haya presentado la iniciativa de ley correspondiente. La semana entrante iniciará el último periodo ordinario de la actual legislatura.
Actualmente, las secretarías de Comunicaciones y de Obra Pública se encuentran acéfalas. Por un lado, la de Comunicaciones arrastra el escándalo de OHL y funciona con un encargado del despacho desde la renuncia de Apolinar Mena. Mientras que en Obra Pública, Manuel Ortiz -uno de los verdaderos artífices de la llegada de OHL al Estado de México- ha iniciado ya su proceso jubilatorio. Erasto por su parte, no ha regresado de la operación política encomendada en el PRI, donde operó como un dirigente estatal de facto, con el arropo de Eruviel.
En tanto, el nuevo comisionado de seguridad, Eduardo Valiente presentó, de manera genérica, su plan de trabajo basado en tres ejes: la Productividad (resultados), el fortalecimiento de la relación policía-ciudadano y el mejoramiento y fortalecimiento de la imagen de la policía estatal. Sin embargo, no habló de cambios ni ajustes en la corporación. En breve, dijo, presentará al gobernador su plan de acción, pero tampoco se comprometió a nada concreto.
A menos de 24 horas de haber asumido su nuevo encargo, el excomisario de la Policía Federal en Coahuila, Tamaulipas y el Estado de México, indicó que durante su gestión al frente de la comisión estatal de seguridad, todos los elementos operativos y administrativos estarán sujetos a una permanente supervisión de su trabajo con el objetivo de recudir ventanas o espacios para la corrupción. Y es donde los ojos voltean de nueva cuenta a Rogelio Cortés Cruz, como el gran operador de la Policía Estatal.
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Las cosas para Juan Armando Hinojosa, propietario del Grupo Higa y empresario consentido y cercano a Enrique Peña Nieto, las cosas van de mal en peor. En Nuevo León, donde Hinojosa impulsaba la construcción del proyecto Monterrey VI, el gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, advirtió que suspenderá el mismo por tratarse de una obra con absoluta opacidad, profundamente costosa y que cuenta con la complicidad del actual mandatario estatal, Rodrigo Medina.
El proyecto Monterrey VI, se trata de un acueducto de 372 kilómetros de largo, que pretende abastecer de agua a Nuevo León, directamente desde el Río Pánuco hasta la presa Cerro Prieto, el cual cruzaría por los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí. Se estima con un costo de 47 millones de pesos financiado a 27 años con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura. El negocio que ya había sido pactado entre Juan Armando Hinojosa y Rodrigo Medina está a punto del colapso, a partir de la renovación de la gubernatura en octubre próximo.
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