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Toluca, Edomex. 7 de marzo de 2019.- Los mayores rezagos que enfrenta la alerta de género, declarada en once municipios mexiquenses hace cuatro años, están vinculados a la procuración de justicia. Hay una obstrucción de la justicia, y todo apunta que desde la Fiscalía General de Justicia se apuesta al olvido de las víctimas. A pesar de que el Fiscal de Justicia ha permanecido en su encargo, esa no ha sido condición suficiente para abatir la impunidad. Por el contrario, no existe continuidad ni evaluación en las medidas para atender la alerta de género.

La administración de justicia, que involucra al Poder Judicial, también es parte de la problemática. El Tribunal Superior de Justicia simboliza el aparato más opaco en el entramado contra la impunidad. Para los colectivos de mujeres, no hay una perspectiva de género que permita juzgar a los feminicidas, y evitar ante todo la revictimización de las familias. Aquí también se carece de una evaluación sobre sus avances y sus alcances en la violencia de género.

La vulnerabilidad de las mujeres en el Estado de México es alarmante. Más de 3 mil 500 desaparecieron el año pasado, y a la fecha, una de cada cuatro de esas víctimas no han logrado ser localizadas. Esa debería ser una prioridad en la estrategia de gobierno. El Consejo Estatal de la Mujer, que encabeza Melissa Vargas, debería estar preocupada y ocupada por la protección y la integridad de las mujeres, más allá de entregar sus dádivas del Salario Rosa a amas de casa de las muy mermadas estructuras priístas.

A casi 70 días de haber iniciado funciones, los nuevos alcaldes de los once municipios en alerta de género, no se han pronunciado sobre tomar medidas que les permita abatir la violencia contra las mujeres. Simplemente es un tema que pretenden superar debajo de la alfombra. Otra vez, el olvido como una estrategia de gobierno o una política pública sistemática. En los primeros 100 días de su mandato, resulta obligado que los ayuntamientos involucrados asuman su responsabilidad, y no sólo evidencien su incapacidad.

La violencia de género no distingue estrato social ni edad. Las estadísticas criminales reflejan que todas las mujeres, por igual, se encuentran en alto grado de vulnerabilidad. Es un profundo problema que lástima a miles de familias y que parece no tener soluciones inmediatas, ni la voluntad política para encontrarlas.

Y si las autoridades son omisas, negligentes o incapaces, la Comisión de Derechos Humanos debería iniciar esas carpetas que por oficio tanto le gusta anunciar mediáticamente a la institución. La inacción en la que recaen las autoridades estatales y municipales involucra al sector más amplio de la población. La función de la Codhem no puede sujetarse a ser comparsa o parte del problema en la obstrucción de la justicia o la prevención de la violencia.

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