Toluca, Edomex. 6 de octubre de 2015.- José Manzur comparecerá el próximo jueves ante la legislatura mexiquense con una “bomba” bajo el brazo. De acuerdo al periódico Milenio Diario, la Secretaría de la Función Pública ha abierto una indagatoria que involucra a funcionarios mexiquenses por presuntas irregularidades en la contratación de servicios de videovigilancia. El aspecto central advierte la negativa de pago por un monto de 16 millones de pesos, que han dejado fuera de operación 220 videocámaras de vigilancia, y que apuntan como principal responsable al titular de Mando y Comunicación C4, Miguel Ángel Zamora Piña.
El asunto no es menor, pues forma parte de las acciones que promocionó Eruviel Ávila con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, en que presumió la instalación de 8 mil cámaras y prometió instalar las 10 mil que forman parte de este programa de vigilancia antes de que finalizara el año. Sin embargo, lo que existe es un incumplimiento de la dependencia que encabeza José Manzur hacia los proveedores del servicio, que asciende a un gasto total de 6 mil millones de pesos, para las videocámaras y la construcción del C5, en Toluca, donde era el laboratorio de metanfetaminas del chino Zhenli Ye Gon.
Con esa encomienda arribará Manzur al inicio por la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Eruviel Ávila. Con una mano enfrente y otra detrás, la oposición legislativa tiene la oportunidad de cuestionar los resultados en un tema que el propio mandatario estatal ha reconocido como asignatura pendiente: la inseguridad pública. A la lastimosa condición criminal que enfrenta la entidad, hoy se tiene una seria investigación por la falta de pago a los proveedores de la videovigilancia, en la que se involucran municipios del Valle de México, coincidentemente los de mayor incidencia delictiva.
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El próximo sábado se registrará en el PRI mexiquense la planilla única que se convertirá de facto en la dirigencia estatal del partido en el gobierno. Hasta ahora no ha salido «humo blanco» con señales claras sobre quién encabezará los destinos del priísmo por los próximos cuatro años. Lo cierto es que si la consigna es mandar un ejemplo a Manlio Fabio Beltrones de que el árbitro priísta no puede aspirar a candidatura alguna, quien sea designado presidente del PRI estatal deberá estar consciente que no debe buscar ser el candidato a la gubernatura en 2017. Usar al partido como trampolín político no debiera estar en ese imaginario inmediato.
Las apuestas ponen por delante a Carlos Iriarte, luego de que se quedó con las manos vacías del reparto de comisiones legislativas en San Lázaro. Es uno de los Golden boys reclutados y formados por el montielismo. Una de sus caras más visibles y de los más institucionales para rendir cuentas. Por si fuera poco, parece haber forjado una interesante alianza personal con Erasto Martínez, el hombre poderoso de Eruviel. En tanto, Beltrones dejará que en la tierra del presidente las decisiones corran a cargo del inquilino en Los Pinos. En el resto del país, ya se anticipa que Beltrones y Luis Videgaray -el poderoso secretario de Hacienda-, buscarán detentar el empoderamiento del partido.
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Mañana miércoles, se cierra la investigación ministerial de la primera acusación penal que enfrenta el alcalde con licencia de Naucalpan, David Sánchez Guevara, preso en la cárcel estatal de Otumba. El Ministerio Público tendrá que determinar si imputa o no al tesorero y al director de obras por un presunto desvío de recursos públicos. El panorama para el priísta Sánchez Guevara resulta sombrío para que permanezca en prisión, y acumulando con el venir de las semanas otras acusaciones penales.
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