Toluca, Edomex. 6 de mayo de 2016.- Un nuevo lío enfrenta el procurador de justicia mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, luego de que un colectivo de 287 personas detenidas en el reclusorio de Chiconautla presentaron una denuncia en contra del titular de la PGJEM; del fiscal regional de Ecatepec, Juan Francisco Hernández; del director general de Litigaciones, Fernando Ulises Cárdenas, y de otros funcionarios acusados de tortura y delitos contra la administración de justicia. La acusación detalla fabricación de delitos, la violación a su debido proceso y/o el haberlos detenido de manera ilegal. Con la denuncia interpuesta se exige la actuación inmediata de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Entre los argumentos jurídicos presentados, se advierte que 187 de los 287 procesados fueron torturados por agentes policiacos. También se establece la presunta violación a su debido proceso, la misma razón por la que presos como la francesa Florence Cassez obtuvo su libertad. El 90 por ciento de los denunciantes está en prisión acusados de delitos patrimoniales, como robo o fraude, por lo que a través de la medida conciliadora se pudo evitar que pisaran la cárcel y abonar así al hacinamiento penitenciario.
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En medio de las expresiones a favor de la equidad de género, en Naucalpan brotado un nuevo escándalo de acoso laboral que involucra directamente al segundo regidor, de extracción panista, Guillermo Jiménez Zamudio. La defensora municipal de los Derechos Humanos, Jessica Guadalupe Mota Valdés, quien asegura haber recibido mensajes de texto con insinuaciones sexuales, de lo que responsabiliza directamente al edil. Para sustentar sus dichos ha filtrado a las redes sociales extractos de sus conversaciones en whats app.
Arropado por el cuerpo edilicio, la primer síndico, Mariela Pérez de Tejada, y la regidora Martha Patricia Calva Camacho, lanzaron una nueva acusación, en la que señalan al esposo de la Ombudsman como quien manipula información desde la Comisión de Derechos Humanos. Los ediles panistas advierten que se trata de una red de extorsiones, motivo por el que se iniciaron tres procedimientos ante la PGJEM, todos en diferentes días de marzo. En la encrucijada gran parte de costo político lo asumirá el alcalde Edgar Olvera.
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Poco a poco van saliendo las autoridades del embrollo de la contingencia ambiental a través de la restricción ambiental. Pagan justos por pecadores, pues en la calle prevalecen unidades del servicio público altamente contaminados. A buena noticia ha venido para las agencias de autos con la venta de vehículos de bajo costo. Las familias apuestan tener dos vehículos y sortear el programa Hoy No Circula. Con lentitud se avanza en desincentivar el uso de automóvil particular, y en la medida que no se tengan propuestas no habrá soluciones.
El problema de la contingencia ambiental es una real cortina de humo, no para ocultar una crisis política, sino que impacta en el deterioro del entorno y en la salud pública de los habitantes. Eruviel Ávila y Miguel Mancera, por separado y por igual, ven cómo se desmoronan sus aspiraciones presidenciales frente al descontento social que genera la restricción vehicular a los niveles más estrictos que se ha requerido establecer.
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