Toluca, Edomex; 4 de septiembre de 2024.- El cambio de régimen prometido por la gobernadora Delfina Gómez desde la campaña electoral no será posible por simple voluntad política. Será necesario incidir en las modificaciones legales para transformar el marco institucional del Estado de México. Por eso, resultaba imperioso ganar abrumadoramente las elecciones del pasado 2 de junio, y con ello, obtener una mayoría legislativa que haga viable cualquier ajuste legal. A partir de este jueves 5 de septiembre, con un bloque oficialista a su favor, ya no hay pretexto para modificar y aprobar, incluso la Constitución local.

Con la misma intensidad que arrancó la Legislatura Federal para aprobar la reforma judicial, a menos de una semana de haber iniciado funciones, en el Congreso local deberán atender una agenda legislativa propia. Delfina Gómez alista la presentación de su primer informe de gobierno en la segunda quincena de septiembre. En adelante, deberán comparecer los integrantes de su gabinete para dar un balance de los primeros doce meses de su mandato. Además, ya se prepara el proyecto presupuestal que ejercerá el delfinismo para 2025.

En el despacho de la Consejería Jurídica se diseñan los ajustes legales que serían prioridad para el gobierno delfinista. En más de una ocasión, la Secretaría General de Gobierno ha deslizado la posibilidad de que la gobernadora haga uso de sus facultades para enviar iniciativas preferentes, que permita su aprobación con carácter prioritario. Ya no hay coyunturas electorales, que impliquen mesura política. El momento de la llamada transformación es ahora. Los diputados del bloque oficialista tienen la encomienda de aprobarlo todo, sin cambiar una coma.

Delfina Gómez no sólo tendrá su agenda legislativa. En la medida que a nivel federal avance la reforma al Poder Judicial y la desaparición de los órganos autónomos, también tiene la consigna de armonizar el marco legal del Estado de México. En los tiempos del régimen priísta, la entidad mexiquense siempre operó como el laboratorio institucional de las reformas locales, y dado el marco legal, no debería ser excepción para el régimen morenista puesto en marcha. Ahí también se mide la lealtad política hacia el nuevo gobierno federal.

El gran desafío que todavía analiza el equipo jurídico de la gubernatura es avanzar en la reforma constitucional. Hay un proyecto inicial diseñado por la pasada legislatura local, cuyo impulsor fue el senador Higinio Martínez. Sobre ese marco legal, se deberían hacer ajustes que se adapten a la visión del Plan Estatal de Desarrollo. Lo cierto es que todo cambio constitucional deberá transitar por la aprobación de los cabildos municipales, para lo cual Morena también ganó copiosamente en la pasada elección. A partir del 1 de enero, tendrá una amplia mayoría en los Ayuntamientos. Todo está a su favor.