Toluca, Edomex; 3 de septiembre de 2024.- Ayer lunes, Victorino Barrios rindió su cuarto y último informe como titular del Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAMex). Su periodo de gestión dicho por él mismo, concluye el 10 de septiembre, cuando se cumplan cuatro años de que rindió protesta al cargo ante el Congreso local. Resulta prácticamente imposible que en apenas siete días sea ratificado en su encargo, por lo que para efectos legales quedará fuera de la permanencia laboral universitaria por algunas semanas hasta en tanto se emite la convocatoria respectiva, y por tanto podría decirse que está eliminado de la competencia interna que más le ocupa: la sucesión de la rectoría universitaria.

La nueva Legislatura local entrará en funciones el jueves 5 de septiembre. Entre sus prioridades está la recepción del primer informe de gobierno de la mandataria Delfina Gómez en el mes de septiembre. Y elegir al titular del Órgano Interno de Control podría ser una premisa, pero para que su designación sea por los próximos cuatro años, y no definir un nombramiento por apenas nueve meses, por la aspiración personal de Victorino Barrios de convertirse en rector, y obligar a un nuevo proceso de selección en mayo de 2025. Otro factor que no juega a su favor es que la fuerza política de Higinio Martínez está disminuida en la bancada morenista, muy a pesar de la mayoría legislativa que mantiene.

Y aunque Victorino Barrios, pidió más recursos financieros para ejercer su tarea contralora, la respuesta fue contundente: la función sustantiva de la Universidad no está en auditar, sino en aumentar su matrícula estudiantil. Y si tan buena relación lleva con los diputados morenistas, que ahí pueda solicitar el presupuesto que sea necesario. Los afectos de la sucesión en la dirección universitaria no están en el Órgano Interno de Control.

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Suman cinco directores de seguridad pública municipal vinculados con el crimen organizado que ya enfrentan procesos penales. En algunos casos, resulta inverosímil que hayan actuado sin el conocimiento o incluso la autorización de sus jefes políticos, es decir, los alcaldes de esos municipios. La descomposición de las policías preventivas es un problema que se arrastra desde hace décadas, y que los exámenes de control y confianza no han resuelto en lo absoluto. Es preocupante, cómo los mandos de seguridad son impuestos y controlados por agrupaciones criminales. Las policías trabajan para quienes deberían combatir.

Las células delincuenciales han incidido desde hace mucho tiempo en los procesos electorales. Han impulsado y financiado campañas electorales. Han dominado plazas (municipios) en donde controlan la siembra, el trasiego y la venta de drogas, y el Estado de México no es la excepción. El duro golpe de encarcelar a directores de policías municipales es apenas el hilo conductor que podría llevar a descifrar una complicidad mayúscula entre poderes fácticos y los poderes formales. ¿Cuántos alcaldes ganaron el pasado 2 de junio en circunstancias vinculadas a los grupos criminales? Basta con recordar los candidatos que renunciaron a la competencia electoral, o muchos otros que fueron amedrentados en la campaña proselitista. Aquí ni siquiera importan partidos políticos.