Toluca, Edomex; 2 de agosto de 2021.- La agenda pública nacional de Morena ha sido replicada sistemáticamente en el Estado de México por sus actores locales. Así ocurrió con la supresión de las pensiones para los expresidentes, en el territorio estatal se tradujo en la eliminación de privilegios para los exgobernadores, retirándoles personal de ayudantía; y otras tantas iniciativas.
En esa narrativa, y ante la efervescencia electoral que genera la sucesión de la gubernatura mexiquense en 2023, nadie debería descartar que Morena vaya a impulsar el año entrante, una consulta para juzgar a los exgobernadores, en la cual se insertarían los nombres de Alfredo Baranda, Emilio Chuayffet, César Camacho, Arturo Montiel, Eruviel Ávila, y el expresidente, Enrique Peña Nieto.
Las acusaciones han sobrado, y hasta expedientes se han abierto, pero todo ha quedado en el escándalo mediático, sin una trascendencia jurídica o legal.
En esencia, sería una coyuntura política que tendría pocos efectos legales, pero sí un gran impacto en el encono social hacia los comicios próximos. Aunque también se deberá sopesar el acuerdo de civilidad política que permea entre el presidente López Obrador y el gobernador Alfredo Del Mazo. Un pacto de no agresión que parece trascender lo político, lo social y lo electoral.
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En los últimos días, ha permeado la eventual designación de Myrna García Morón como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para los próximos cuatro años. Sería la segunda mujer en la historia del organismo en asumir su dirección. Antes lo fue Mireille Roccatti, quien fundó la institución en la década de los noventa. La carrera pública de Roccati despuntó desde entonces, hasta convertirse en presidenta de la CNDH.
García Morón tiene sus vínculos políticos con el exprocurador Alfredo Castillo, sin embargo, se puede asumir que, en los últimos años, al frente del Tribunal de Justicia Administrativa ha sabido construir su propia carrera, y se ha ganado la confianza delmacista. En la víspera, se inscribió para presidir la Codhem, y parece, por su trayectoria, la candidata más avezada hasta el momento.
En caso de confirmarse a Myrna García, se habrá resuelto la presidencia de la Codhem, no obstante, las componendas políticas abrirán otro flanco: la definición del Tribunal de Justicia Administrativa, que se ha convertido en una parte sustancial del sistema anticorrupción durante los últimos años. Ahí, el régimen político necesita de actores disciplinados para su sobrevivencia.
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