Nueva trama por contratos con empresas fantasma: Edomex aclara no hay nada ilegal
Redacción
Toluca,
Edomex. 1 de junio del 2023.- La publicación de un reportaje por medios
internacionales como The Guardian y El País que revela un presunto esquema
de corrupción a través del cual se habrían malversado alrededor de 5 mil
millones de pesos del erario de Estado de México hacia empresas fantasma,
generó diversas reacciones en el medio político a unos días de que se realice
la jornada comicial donde se elegirá a la nueva gobernadora.
El
reportaje se centra en una investigación que realizó la periodista mexiquense, María
Teresa Montaño, con apoyo de organizaciones internacionales dedicadas a la
defensa de la libertad de expresión, donde se da cuenta de que entre el 2018 y
2021, el gobierno de Alfredo Del Mazo signó contratos con empresas
presuntamente fachada, a quienes les entregaron millones de pesos.
Anoche,
el tema escaló a ser tendencia en redes
sociales, sobre todo por su parecido con el esquema que se practicó en el
sexenio de Enrique Peña Nieto con la denominada Estafa Maestra.
A
media noche, el gobierno del Estado de México emitió una tarjeta informativa en
la que rechaza que durante la administración de Alfredo Del Mazo “se hayan
realizado procesos de adquisición de los bienes, arrendamientos y prestación de
servicios fuera del marco legal que rige estos procedimientos”.
El
gobierno estatal informó que de manera previa a la publicación del
reportaje, los días 18 y 19 de mayo de
2023, se recibió vía correo electrónico solicitudes de información de Nina
Lakhani, de The Guardian, de Lilia
Saúl Rodríguez de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y de
Aida Delpuech y Brian Fitzpatrick, de Forbidden Stories.
Los
días 23 y 24 de mayo dichas solicitudes fueron atendidas de manera puntual, de
igual forma, por correo electrónico; además, el Gobierno del Estado de México
ofreció una reunión presencial, misma que se llevó a cabo el 26 de mayo, en la
que estuvo presente Lilia Saúl Rodríguez de OCCRP y de manera remota, Nina
Lakhani y Martin Hodgson, de The Guardian.
Se
aclara que tanto en las respuestas vía correo electrónico como en la reunión,
“se brindó una explicación detallada de los procesos de adquisición,
arrendamientos y prestación de servicios que lleva a cabo el Gobierno del
Estado de México, conforme a lo dispuesto por la legislación federal y estatal
aplicables”.
También,
señala que se compartió información pública de nueve casos solicitados por los
interesados, de algunos de ellos se hace referencia en las publicaciones, como
Sevacom, Instituto C&A Intelligent S.C. y Zumby Servicios Profesionales.
“Asimismo,
se ofreció establecer una mesa de trabajo para llevar a cabo una verificación
puntual de la información disponible de los expedientes de los procesos
adquisitivos en cuestión, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México y Municipios, y la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y
Municipios”.
El
gobierno estatal aseguró que, “se ha conducido en todo momento con apego a las
disposiciones legales aplicables y en cumplimiento de sus obligaciones de
transparencia y rendición de cuentas”.
Precisó
que las empresas que la administración estatal contrata cumplen con todos los
requisitos que establece la legislación al respecto, y agrega que en la
adquisición de los bienes, arrendamientos y prestación de servicios, a través
de procedimientos de Licitación Pública Nacional, pueden participar las
personas físicas y morales de todo el país, que consideren contar con la
capacidad de suministrar los bienes o servicios requeridos y cumplir con los
requisitos establecidos en las bases.
Además
informó que la Licitación Pública Nacional Consolidada la realiza la Secretaría
de Finanzas y el fallo se comunica a las dependencias y entidades que
solicitaron los bienes o servicios. En consecuencia, cada una de ellas, de
manera individual, formaliza su propio contrato con el proveedor resultante del
fallo correspondiente.
Refirió
que las empresas deben acreditar en términos de la legislación aplicable, entre
otros, su capacidad jurídica y material para cumplir con sus obligaciones
contractuales; contar con la capacidad técnica y financiera para poder dar
cumplimiento al contrato adjudicado; estar al corriente en sus obligaciones
fiscales y de seguridad social y, en todos los casos, se lleva a cabo
verificación de las instalaciones de las empresas, de las cuales se cuenta con
evidencia.
Agregó
que esta información sobre los procedimientos adquisitivos fue puesta a
disposición a la persona que acudió a la reunión del 26 de mayo.
En
el comunicado, el gobierno del estado también informó que en su momento condenó
y lamentó el hecho delictivo del que fue víctima la periodista Teresa Montaño
Delgado, y recalcó que la Fiscalía General de Justicia de esta entidad integró
la carpeta de investigación correspondiente, misma que se encuentra en curso.
Versión del reportaje publicada por El
País.
