Redacción
Zinacantepec, Edomex; 7 de julio de 2026.- El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, rechazó las acusaciones formuladas por la síndico municipal, María Félix González Zepeda, quien presentó una denuncia contra quien resulte responsable por un supuesto desvío de recursos y por una presunta intención de apropiarse de bienes inmuebles del patrimonio municipal.
En conferencia de medios, el alcalde aseguró que las imputaciones carecen de sustento jurídico y atribuyó el conflicto a intereses políticos y personales, al señalar que detrás de la estrategia se encuentra el diputado federal Javier González Zepeda, hijo de la síndico municipal.
«Considero que es un tema personal en mi contra; el autor intelectual de todo esto es el hijo de la síndico municipal», afirmó Vilchis, quien sostuvo que su administración ha mantenido en orden el manejo patrimonial del ayuntamiento.
El edil explicó que desde la administración pasada se emprendió un proceso para regularizar e inscribir diversos bienes inmuebles del municipio, aunque recordó que dichas tareas corresponden legalmente a la Sindicatura.
Incluso, adelantó que el gobierno municipal analiza presentar una denuncia ante la Contraloría del Poder Legislativo por una presunta omisión de la Sindicatura en el cumplimiento de sus atribuciones, a fin de que se deslinden responsabilidades.
Vilchis consideró que las acusaciones buscan aprovechar el contexto político derivado de las investigaciones y procesos judiciales que enfrentan otros presidentes municipales mexiquenses. El presidente municipal también cuestionó el desempeño de la síndico, al señalar que no ha participado de manera activa en los trabajos de la administración municipal.
Por su parte, el secretario técnico del Ayuntamiento, Felipe Pérez Gallardo Tenorio, afirmó que no existe ninguna omisión en la inscripción de los bienes inmuebles y enfatizó que la regularización del patrimonio municipal es una atribución exclusiva de la Sindicatura.
Explicó que los predios involucrados corresponden principalmente a escuelas, delegaciones municipales y otros espacios destinados al equipamiento urbano, los cuales fueron donados por desarrolladores inmobiliarios como parte de las obligaciones establecidas en las autorizaciones emitidas por el Gobierno del Estado de México.
Detalló que el procedimiento inicia con la recepción de las donaciones por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, posteriormente son remitidas a la Secretaría del Ayuntamiento y finalmente a la Tesorería Municipal para su incorporación al patrimonio.
De acuerdo con el funcionario, la inconformidad de la síndico surgió cuando tuvo conocimiento de que la Tesorería realizaba los pagos correspondientes para la inscripción registral de los inmuebles.
Pérez Gallardo insistió en que las acusaciones tienen un trasfondo político y buscan vincular al alcalde con presuntas irregularidades aprovechando el clima político que prevalece en la entidad.
En tanto, el secretario del Ayuntamiento, Gabriel Valdez Albarrán, informó que el procedimiento involucra la formalización de 22 bienes inmuebles donados al municipio, mediante contratos que brindan certeza jurídica al patrimonio municipal.
Recordó que el pasado 24 de junio, durante la sesión del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, se presentó el dictamen para la regularización de estos predios sin que la síndico expresara objeción alguna.
Según explicó, posteriormente la funcionaria se negó a firmar el acta correspondiente y, después de ello, comenzó una campaña de desinformación sobre el proceso administrativo.
Valdez Albarrán señaló que el dictamen fue remitido posteriormente al Cabildo, acompañado del acta del comité y de los anexos técnicos, donde el movimiento administrativo y contable fue aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento.
