Redacción
Chalco, Edomex. 14 de octubre del 2026.- Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega, funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México que fueron detenidos en agosto pasado, acusados de encabezar una red dedicada a extorsionar a propietarios de veficientros en el Estado de México, recuperaron su libertad anoche, luego de que una juez del Poder Judicial del Estado de México modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a libertad condicional, no obstante, ambos seguirán sujetos a proceso penal.
Ayer, durante una audiencia que se prolongó por más de ocho horas, la juez Sandra Isabel Cortés, del distrito judicial de Chalco, determinó que el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no pudo acreditar fehacientemente el delito de extorsión que se les imputaba y por ello decidió reclasificar el delito a abuso de autoridad, un delito menor que permite la libertad bajo causión.
Tanto Raúl quien era director general de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente, como Carlos, quien ocupaba la Dirección la Dirección de Control de Emisiones a la Atmósfera en esa misma dependencia tuvieron que presentar una fianza y firmar una serie de compromisos, como no salir del país y firmar cada semana en el juzgado, entre otros, para poder recuperar su libertad.
Cabe recordar que Raúl Piña es uno de los hombres más cercanos al ex senador Jorge Emilio González Martínez, mejor conocido como “el niño verde”, quien durante las últimas décadas ha sido prácticamente el dueño del Partido Verde.
De acuerdo con la fiscalía estatal, ambos personajes formaban parte de una red dedicada a extorsionar a propietarios de verificentros, con exigencias que llegaron hasta los 500 mil pesos por cada línea de verificación y que en pocos meses lograron recaudar cientos de millones de pesos.
La investigación de la Fiscalía señala que esta red comenzó a operar en diciembre de 2023. El mecanismo tenía varias vías, desde cobros mensuales del alrededor de 200 mil pesos mensuales, pagos extraordinarios por revalidaciones de permisos y cuotas relacionadas con el número de líneas de verificentros y aquellos que se negaban a pagar este moche , les bloqueaban los sistemas desde la Secretaría del Medio Ambiente y les restringían la entrega de hologramas.
La Fiscalía aseguró tener acreditado que las revalidaciones de las concesiones también fueron utilizadas como mecanismo de presión. En marzo de 2026, Raúl Piña habría enviado un mensaje para exigir 500 mil pesos por cada línea de verificación por revalidaciones que ya habían sido autorizadas desde 2024.
La dimensión económica de esa exigencia explica la cifra de 430 millones de pesos que aparece en las investigaciones. Actualmente existen 878 líneas de verificación en operación en el Estado de México; multiplicadas por los 500 mil pesos exigidos por cada una, representan 439 millones de pesos.
Raúl y Carlos Eduardo fueron detenidos el 10 de agosto. El primero fue vinculado a proceso por extorsión agravada y el segundo por abuso de autoridad, pero tras la revisión del expediente y la nueva valoración que hizo la juez, les reclasificó el delito para que solo enfrenten un proceso penal por abuso de autoridad, lo que alegó la defensa para pedir el cambio de medida cautelar de prisión justificada a libertad bajo caución, ya que el delito no es grave.
